La Fiscalía Anticorrupción quiere dar un nuevo impulso a la investigación del "caso Hulla", un caso "complicado" en el que todavía "falta mucho y muchas más declaraciones" para dar por finalizada la instrucción, según explicaron ayer fuentes próximas al caso para dilucidar la relación entre la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa con fondos públicos y el enriquecimiento del exsindicalista José Ángel Fernández Villa; el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo; el constructor del centro; el arquitecto, y el asesor fiscal de la entidad. De ahí que se hayan establecido dos días (ayer y hoy) para tomar declaración a una veintena de personas. El testimonio más extenso fue el de Natalia Cabal Valdés, directora financiera del Montepío de la Minería, que se prolongó unas dos horas y media. Al cierre de esta edición, aún continuaban las declaraciones.

Las testificales empezaron a las 13.10 horas -estaba previsto que fuera a las 11.30-, y el primero fue el que director de la sucursal del Banco Santander en la calle Valentín Masip de Oviedo donde el asesor fiscal del Montepío de la Minería trató de regularizar, aprovechando la amnistía fiscal de 2012, el dinero oculto de Fernández Villa y Postigo. La entidad financiera lo rechazó.

Según las fuentes consultadas, las declaraciones no aportaron nada novedoso respecto de lo que ya se sabía hasta ahora, ya que la mayoría sirvió para que los testigos se ratificasen en sus declaraciones anteriores. La más extensa fue la de la directora financiera del Montepío, a la que la juez, Begoña Fernández, y el Fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, presionaron para aclarar la contabilidad de la entidad y todo lo relacionado con la certificación de las obras, la recepción de los abonos de fondos mineros durante la construcción del geriátrico de Felechosa, los contratos con las empresas de limpieza de los establecimientos vacacionales de Almería y Murcia, así como las obras realizadas en ambas y en el balneario de Ledesma.