Los hermanos de José Ángel Fernández Villa no aportaron nada nuevo a la investigación del "caso Hulla" y el origen de la fortuna acumulada por el exsindicalista minero, según confirmaron ayer las distintas fuentes consultadas. Hermógenes Fernández Villa pidió acogerse a su derecho a no declarar, lo que provocó un nuevo rifirrafe entre la abogada del exlíder del SOMA y el fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa.

La hermana, Asunción Fernández Villa, respondió a las cuestiones que se le plantearon en relación a la herencia recibida de su madre. El exsindicalista había declarado que parte de su fortuna se debía precisamente al legado recibido. Sin embargo, según la Fiscalía, Villa "únicamente" percibió por la herencia de su madre "la cantidad de 28.904,84 euros el 13 de abril de 2011". Según las fuentes consultadas ayer, su hermana confirmó que recibieron "unos 30.000 euros" cada uno de los tres hermanos.

A continuación entró a testificar el hermano, Hermógenes Fernández Villa, quien decidió acogerse a su derecho a no declarar para evitar que lo que dijera pudiera perjudicar al exsindicalista. Al parecer, fue entonces cuando el fiscal anticorrupción le indicó que efectivamente podía no declarar ni responder a aquellas preguntas que pudieran perjudicar a José Ángel Fernández Villa al ser familia directa. Pero matizó que cosa distinta era si le preguntaba por sus sobrinos, por los hijos del exsindicalista, Rolando y Ángela Fernández Iglesias, porque la dispensa no les alcanzaba. Ambos también figuran como investigados en la causa.

La abogada de José Ángel Fernández Villa, Ana García Boto, saltó entonces como un resorte, esgrimiendo otro artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual, incluso en esos casos, la dispensa se mantenía si las preguntas se referían al exsindicalista y podían perjudicarle.

Al final, Hermógenes Fernández Villa contestó a poco más de un par de cuestiones sin que su testimonio aportase nada que no se supiera ya en la investigación desarrollada hasta ahora en el "caso Hulla" por Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, siempre según las mismas fuentes.