La batalla del Principado contra el "gerontocrecimiento", el fenómeno anómalo que amenaza a Asturias con un futuro oscuro en el que cuatro de cada diez habitantes serían mayores de 65 años en 2050, tiene una estrategia y un proyecto de actuación con cifras y letras. Tiene 216 acciones escritas y tendrá al menos 2.275 millones de euros para gastar hasta 2027. El Plan Demográfico del Principado, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, "abierto a aportaciones" y redactado con "vocación de consenso" en la tramitación a la que será sometido en la Junta, ve la luz con intención de sistematizar en medidas concretas y en euros la maniobra contra el drama demográfico que emprenderá la región más envejecida y menguante de España. Si la distribución de la inversión insinúa las prioridades, se dirá que el Gobierno piensa que el declive se revierte agitando el tejido productivo con medidas de dinamización económica y promoviendo el repunte de la natalidad con facilidades de diversa índole. A la suma de todo eso van más de cada seis de cada diez euros del presupuesto.
Sugiere el plan en este punto, entre otras muchas intervenciones, "medidas que contribuyan a que quienes lo deseen puedan tener o adoptar un segundo hijo, pudiendo estar relacionadas con estímulos económicos o fiscales". Propone también expresamente "incentivos fiscales al nacimiento o la adopción en municipios rurales especialmente afectados por el envejecimiento" y habla de perfeccionar "la conciliación y las facilidades en el ámbito profesional", de "mejorar y ampliar las ayudas a las familias" con un "apoyo progresivo en función del número" de hijos o de "buscar la complementariedad de acciones de carácter fiscal, laboral, familiar, educativo o asistencial".
Se organiza la estrategia en siete ejes, subdivididos en 23 líneas, 49 medidas y 216 acciones. Incide, además de en la dinamización económica y el apoyo a las familias, en la intensificación de la atención a los mayores y el hallazgo de un nicho de mercado en el envejecimiento, en el estímulo del nacimiento, la adopción y el acogimiento y en la mejora de la integración del inmigrante. Reincide también, con particular intensidad, en las propuestas de reequilibrio territorial que han de frenar el vaciado del medio rural y añade sugerencias para la adaptación colectiva al cambio de mentalidad que por fuerza necesita una región que si no encuentra el remedio pasará del millón largo de habitantes actual a 889.527 en 2050 y que sabe con alguna certeza que en diez años incorporará a las edades de la jubilación a 155.000 personas, el 15 por ciento de su población actual, más que todo el censo de las cuencas mineras.
El problema de sostenibilidad económica que se oculta tras los negros pronósticos de las proyecciones demográficas empuja a la acción. "No hay ninguna medida milagrosa", proclamó ayer el consejero portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, "pero sí es un plan integral". Un programa "singular en España", añade, con un grado de detalle superior a los elaborados en Galicia y Castilla y León y más concreto incluso que el que prepara para todo el país la comisionada para el reto demográfico recién nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La maniobra se financiará con cargo a los presupuestos autonómicos y Martínez borra la excusa del dinero asegurando que la estrategia nace sin que ninguna de sus medidas esté condicionada a la disponibilidad económica.
El plan ha sido elaborado con el auxilio técnico del grupo de investigación del Observatorio del Territorio, dirigido por el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo Felipe Fernández García. Nace con cada acción concreta asociada a su propuesta de presupuesto y con una comisión de seguimiento encargada de analizar para todas las medidas "el grado de ejecución, tanto física como financiera, así como la procedencia de los fondos empleados y su impacto en la demografía".
Asume en su diagnóstico que cabe el impulso a los sectores productivos que ya existen, apostando "por los recursos endógenos como factor de crecimiento económico". Regaña a las administraciones porque "la reducida cobertura de la banda ancha en amplios sectores de la comunidad", sobre todo en el medio rural, "constituyen un freno para el desarrollo de actividades económicas" y reclama "un servicio de banda ancha de calidad que cubra de forma satisfactoria la totalidad del territorio". No pide bajar de cuatro el número mínimo de alumnos que mantiene abierta una escuela de Infantil y Primaria y de las escuelas para menores de tres años se limita a pedir "avanzar en la oferta de escuelas de educación infantil, especialmente en el medio rural". Propone, sí, un plan de retorno de investigadores emigrantes, pero formula alguno de sus términos de modo similar a los del programa que impulsó el Principado en 2016 y que se cerró sin ninguna solicitud.
Invita el plan a ver en el envejecimiento una oportunidad para la "silver economy", o "economía de plata", la capacidad de aprovechar las posibilidades económicas y de investigación que abre el "gerontocrecimiento", "el nicho de mercado que supone abastecer la amplitud de necesidades y demandas de una dilatada población que aumentará en el futuro". Si se centra, y lo hace mucho, en la urgencia de no perder la Asturias rural habla de "potenciar las villas como aglutinadoras de servicios y equipamientos descentralizados", de "establecer criterios de discriminación positiva" en la adquisición y alquiler de viviendas en el campo, de "incrementar la actual ayuda de 25.000 euros a la incorporación de jóvenes al medio rural" o de "incrementar el límite máximo de subvención en los planes de mejora de explotaciones agrarias, que en los jóvenes puede alcanzar el 60% del total de la inversión".
