A una obviedad reconocida en la nueva Ley de Montes, "no podemos acotar al pastoreo" los terrenos que han sido pasto de las llamas, la consejera de Desarrollo Rural antepuso un "lamentablemente" que acabó de destapar una desavenencia política mal disimulada. En el pleno de la Junta, María Jesús Álvarez respondía a una pregunta sobre política forestal, planteada por Foro "al calor de la oleada de incendios", y ahí lamentó abiertamente tener que cumplir una ley que el parlamento ha cambiado a iniciativa del PP y que apoyó el PSOE, su partido. Álvarez aprovechó para enmendarla de pasada, ejerciendo con una sola palabra su derecho al pataleo contra los suyos mientras defendía de las críticas de Foro y Podemos la política de prevención del fuego que depende de su departamento.

Antes de airear que se traga a disgusto el sapo de suprimir el acotamiento al pasto en las zonas quemadas, o de aclarar que vedar al pastoreo lo quemado sería en todo caso una simple "herramienta más" y no la medida "estrella" del combate, la Consejera también lamentó otras actitudes en las bancadas que no son la socialista, remarcando que "no se deben utilizar los incendios, ni la destrucción que dejan a su paso, ni la tragedia que viven quienes los sufren, como arma política arrojadiza". Se defendía así de las denuncias de inacción contra el Principado. Justificaba su trabajo para proteger el monte antes del fuego y para restaurarlo después. Sin acotar, recontó, "este año se han invertido más de tres millones de euros en más de 70 actuaciones de silvicultura preventiva y consolidación forestal" y por encima de dos en ayudas a propietarios.

Para después del fuego, "la restauración hidrológica y forestal" de las casi 13.000 hectáreas calcinadas la semana pasada permite hacer muy a vuelapluma una estimación de coste que a una media de 5.000 euros por hectárea restaurada elevaría la factura por encima de los 64 millones Para hacer frente a los daños, cuando la evaluación esté completa, Álvarez avanzó la conveniencia de pedir auxilio al Gobierno central "en la restauración hidrológica y forestal" de la superficie afectada, y a Castilla y León y Galicia "para atender juntos las necesidades inmediatas de riesgo de erosión y abordar de forma integral la problemática de los grandes incendios".

Enfrente, la diputada de Podemos Paula Valero reincidió en la consideración de su grupo sobre la conveniencia de los acotamientos, al menos en algún caso e invocando como "un mensaje peligroso" la inexistencia de "un periodo de duelo para la tierra humeante".

Los recientes incendios del Suroccidente visitaron ayer varias veces la sesión de control al Gobierno en la Junta, introducidos por Foro, Podemos y Ciudadanos. A preguntas de éstos, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró que la evaluación de daños es aún muy preliminar, a falta de concreción ninguna primera vivienda, "entre una y tres" segundas residencias, "seis reses muertas y cincuenta afectadas?" Expuso su disposición a hacer fuerza para que el Gobierno central flexibilice las duras condiciones de acceso a las ayudas permanentes y a acudir al Fondo Europeo de Solidaridad y a la comisión del Arco Atlántico y terminó agradeciendo por comparación con otras oleadas la "serenidad" de la crítica política: cuando la tragedia "no se produce sólo en una región, debe llevarnos a la reflexión".