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Transportes a dos velocidades

El consorcio asturiano, que no recibe un euro del Estado, lograría 15 millones con la aportación estatal por habitante que sí tienen Madrid y Barcelona

La ley ha dejado la puerta abierta. La norma constitutiva del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), redactada en 2002, despliega sus fuentes posibles de financiación y menciona, además de las colaboraciones del Principado y de los municipios integrados en el ente, "las aportaciones procedentes del Estado". Sucede que el organismo de coordinación y gestión del transporte público en la región no recibe un solo euro de las arcas de la Administración central y que su caso no es único en España, pero que sí hay en España ejemplos en los que Asturias puede apoyarse si decide animarse a llamar a la puerta del Gobierno a pedir, toda vez que las transferencias del Ministerio de Fomento sí afluyen hacia otras entidades de similar configuración y propósitos. El hermano madrileño del consorcio asturiano obtiene de la hacienda estatal 126,6 millones de euros anuales, y esa cifra viene de arriba, por ejemplo de los 171 del año 2011. El organismo gestor de la movilidad urbana en Barcelona percibe, por su parte, 98,6 millones y en los dos casos el cálculo de la ratio de aportación por habitante encuentra niveles similares, 19,67 euros por usuario potencial en la capital de España y 17,86 en Barcelona.

A la vista de la diferencia y salvando todas las distancias, fuentes del sector del transporte de viajeros han estimado que la transposición de esa proporción podría atribuir unos quince millones adicionales al consorcio asturiano. Hay quien observa además que el CTA se financia sin el Estado y por tanto en inferioridad de condiciones respecto a gigantes como Madrid y Barcelona que sin embargo ofrecen servicios que a su escala podrían ser tenidos por inferiores: a diferencia de Asturias, las dos grandes ciudades no gestionan conjuntamente las redes de transporte regular y escolar ni disponen de la tarjeta única intermodal que sí está en servicio en el Principado. En cambio, apuntan las mismas fuentes, gracias a su mayor disponibilidad financiera ellos pueden ofrecer tarifas planas de transporte a precios competitivos para los jóvenes.

La oportunidad de acceso a la colaboración económica del Estado sería, según esta misma versión, una ocasión para poder incorporar mejoras que por ejemplo los servicios regionales del transporte en autobús nunca serían capaces de cubrir por sí mismos, o vehículos medioambientalmente más eficientes, o para incrementar las frecuencias o las prestaciones para el viajero. Supondría, añaden, un buen modo de búsqueda del auxilio estatal para las estrategias de vertebración territorial que precisa esta región de población dramáticamente dispersa y envejecida, asunto en el que juega papel central el transporte, así como una fórmula para aprovechar el protagonismo que se le atribuye al consorcio de transportes en los planes del Principado para el desarrollo del área metropolitana central de Asturias. Dado que los fondos, por lo demás, se asignan a aquellas zonas con especial sensibilidad medioambiental, las fuentes consultadas considerarían justo que también pudieran ayudar a contener los problemas derivados de la contaminación.

No es la primera vez que por ejemplo desde la Confederación Asturiana de Transporte (CAR) se plantea al Ministerio y al Principado la existencia de la oportunidad que abre la financiación de otros consorcios con fondos del Estado. En diciembre del año pasado, sin ir más lejos, el asunto estuvo sobre la mesa en una de las primeras visitas a Asturias del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

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