Una disposición adicional de la ley de Montes de Asturias plantea la figura del contrato temporal de explotación, un sistema que algunos países de la Unión Europea han puesto en marcha con buenos resultados.
La Administración contrata con empresas de distinta índole los trabajos de limpieza, plantación y mantenimiento de una infraestructura contra el fuego. Se hace por un determinado periodo de años (por regla general, cinco), para una zona delimitada y con la condición de que el personal de la empresa adjudicataria resida en el lugar donde va a trabajar para el sostenimiento del entorno.
Aunque la Ley de Montes lleva años de vigencia, jamás se ha desarrollado esa disposición adicional que supondría un gasto de mantenimiento (aunque mucho menor que los daños causados por los incendios) y sería un aliciente para fijar población. El problema es que ni así se garantizaría un antídoto contra el fuego y los pirómanos de turno.
El consejero Guillermo Martínez hizo ayer balance de los medios contra el fuego y de la, por desgracia, intensa actividad de los servicios de emergencias en lo que va de año.
En materia de extinción de incendios forestales, se opera en Asturias mediante un sistema en red de 19 parques y tres bases aéreas que permite dar cobertura a 76 de los 78 municipios de la comunidad, con cerca de 400 efectivos distribuidos por todo el territorio (Gijón y Oviedo tienen sus propios parques de bomberos).
Sólo en lo que va de año, los bomberos del Principado de Asturias han realizado más de 6.200 salidas, el 50% por emergencias derivadas de incendios forestales y urbanos, y han participado en 413 por rescates y rastreos y en más de 200 traslados sanitarios.
