Condenas pactadas de entre uno y cuatro años y seis meses de prisión le sirvieron ayer a 16 de los 21 acusados de la "operación Tridente" para eludir la entrada en prisión, siempre que durante los próximos cinco años no vuelvan a delinquir. Otros cinco acusados se someterán a juicio a partir de esta mañana. Se trata de una banda organizada que operaba en Gijón y Avilés y en cuyo desmantelamiento se realizó la mayor incautación de ketamina del país: once litros, cuya venta habría alcanzado un valor de 540.000 euros. También se aprehendieron 48 kilos de hachís, valorados en otros 275.000 euros, además de cocaína, éxtasis, marihuana, speed, una decena de coches, una moto, teléfonos móviles y 21.900 euros en efectivo.

Las negociaciones entre la Fiscalía y los abogados de la defensa se prolongaron durante dos horas y cuarto. Sólo no hubo acuerdo en el caso de cinco de los imputados, pero el resto admitieron los hechos a cambio de una rebaja de las condenas que pedía la Fiscalía por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y la aplicación de la atenuante de drogadicción.

Cinco de los acusados aceptaron condenas de cuatro años y seis meses de prisión; otros seis, tres años y seis meses, y el resto varió entre los dos años y seis meses y un año a sustituir por una multa.

Los abogados de los acusados mostraron su satisfacción por el resultado de las negociaciones. Ignacio Hernando Acero, que llevaba a cinco de los encausados, consiguió pactar la pena de cuatro de ellos, mientras que el otro, supuestamente el cabecilla de la organización, continuará en el banquillo de los acusados, aunque con un acuerdo parcial, al no ponerse de acuerdo con la Fiscalía en un presunto delito de cohecho. "Se han alcanzado buenos acuerdos porque no hay cumplimiento de pena carcelaria", señaló.

En términos similares se expresó otro de los letrados, Ricardo González, quien destacó el esfuerzo realizado por los abogados para lograr que las condenas eximieran a los acusados del ingreso en prisión. Esto se explica porque al aplicarse el atenuante de drogadicción, se puede dejar al encausado en libertad si la condena es inferior a cinco años de prisión.

También se mostró satisfecho Fernando Barutell, defensor del acusado al que le encontraron un pequeño arsenal. "Todas las armas estaban legalizadas. No había motivo para una condena en ese sentido porque estaban en orden", señaló.

La vista continuará a las 10.30 de hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo