El parlamento asturiano debatirá el próximo viernes sobre la cooficialidad del asturiano, por iniciativa de IU que considera que es el "único camino válido" para garantizar su protección. El reconocimiento de la oficialidad entraña una serie de cambios que vienen regulados por la Constitución de 1978. Los más relevantes son dos: todas las administraciones deberán contar con traductores de asturiano y la enseñanza de la llingua será obligatoria en los diferentes ciclos educativos. Ahora es una disciplina voluntaria.
El dictamen que se debatirá este viernes en la comisión parlamentaria del asturiano pretende abrir ya el camino para la cooficialidad con una reforma del Estatuto de Autonomía, que es donde se dilucida el marco socio político y jurídico del asturiano. El Estatuto recoge ahora en su artículo 4 que "el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje" y establece que una ley autonómica "regulará la protección, uso y promoción del bable".
En las conclusiones planteadas por la diputada Concha Masa se apunta "la necesidad de iniciar en el más breve plazo posible un proceso de reforma del Estatuto que, de acuerdo con la solución constitucional prevista para tales casos, lleve a la cooficialidad del asturiano en el Principado".
El marco constitucional
El Tribunal Constitucional ya ha asentado doctrina clara sobre las consecuencias, derechos y obligaciones que entraña la oficialidad de una lengua en una comunidad autónoma. El reconocimiento de la oficialidad "tiene consecuencias para todos los poderes públicos" de una comunidad autónoma, ha dicho el alto tribunal. Esto es, todos los ciudadanos tienen "el derecho a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica". En la práctica, esto obligaría en Asturias a los Ayuntamientos, Principado y a las distintas delegaciones ministeriales a contar con un servicio de intérpretes-traductores que atendieran y respondieran a los escritos enviados por los asturhablantes. El Constitucional, asimismo, abre la puerta a que las administraciones tengan la posibilidad de exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales "para acceder a determinadas plazas de funcionario" o, en general, a considerarlo "como un mérito entre otros".
Otra de las consecuencias de la cooficialidad repercute sobre el sistema educativo, ya que "los poderes públicos competentes", en Asturias el Principado) "deberá organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los distintos niveles educativos". Es decir, de aprobarse la cooficialidad del asturiano su enseñanza sería obligatoria y no voluntaria como en la actualidad.
