El guardia civil acusado de estar implicado en la red de distribución de drogas desarticulada en la "operación Tridente", que supuso la mayor incautación de ketamina de todo el país, afirmó ayer en el juicio que "toda la información que conseguía de la relación con los miembros de la banda se la trasladaba a los compañeros" de la Benemérita de la Comandancia de Gijón. También advirtió de que había dos policías nacionales que estaban pasando información a la organización.

M. S. F. negó rotundamente que hubiera pedido o recibido dinero del presunto cabecilla de la organización, A. L. M., conocido como "Fino" o "Finuco", a cambio de información sobre la investigación que realizaban tanto por el Instituto Armado como de la Policía Nacional. Así, los casi 18.000 euros que encontraron en su taquilla, en un "registro voluntario", eran sus ahorros, ya que él siempre guardaba dinero en casa y no en el banco, pero coincidió que lo tenía ahí porque iba de ir de viaje y se lo iba a dejar a su hermana para que se lo guardara. La Fiscalía pide para él una condena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de cohecho y subsidiariamente por uno de estafa en grado de tentativa.

Los veintiún acusados con los que empezó el juicio de la "operación Tridente" el pasado lunes, para los que en conjunto se pedían 131 años y medio de cárcel, se han quedado reducidos a cinco. Los otros 16 llegaron a acuerdos con la Fiscalía aceptando los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a red organizada, pero con la atenuante de drogadicción, lo que redujo las penas a entre uno y cuatro años. Eso supone que ninguno de ellos entrará en prisión.

De los cinco que quedan, además del Guardia Civil, también se sienta en el banquillo de los acusados el supuesto cabecilla de la red, A. L. M., al que se le relacionó con José Emilio Trashorras, condenado por el atentado del 11-M, aunque nunca se le pudo demostrar nada. En el juicio por la "operación Tridente", la Fiscalía pedía para él una condena de 14 años, la más elevada, por un delito contra la salud pública, otro por pertenencia a grupo criminal, además de uno de cohecho. La defensa pactó una condena global de cinco años por los dos primeros, pero lo que se enjuicia es el de cohecho, del que se declara inocente. Ayer sólo contestó a las preguntas de su abogado, para negar que hubiera pagado o recibido dinero del guardia civil encausado.

Otros dos de los acusados son matrimonio. Ambos declararon que en su casa no tenían plantación de marihuana alguna, sino un pequeño huerto con tomates y lechugas, además de gallinas y conejos que les había comprado la madre de él. El quinto y último acusado negó rotundamente que hubiera oído a A. L. M. y al guardia civil "hablar de dinero", ni que él mismo se hubiera hecho pasar por agente de la Benemérita. La vista oral proseguirá la próxima semana con las declaraciones de los testigos y peritos de la Fiscalía y las defensas.