La detención del otrora todopoderoso excomisario José Manuel Villarejo, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, tiene su ligazón con Asturias. La jueza de la Audiencia Nacional que inició el caso al coincidirle de guardia, Carmen Lamela, es la misma que inició la instrucción de las presuntas irregularidades que se produjeron en las obras de ampliación del puerto de El Musel. Y también es la que decretó la busca y captura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Pero también los dos fiscales anticorrupción que propiciaron la detención de Villarejo están relacionados con el Principado. Miguel Serrano es asturiano, y también investiga la causa de El Musel, e Ignacio Stampa es uno de los dos fiscales que lleva la investigación del "caso Hulla" contra el exlíder minero José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo.
La "operación Tándem" en la que "cayeron" Villarejo, su socio Rafael Redondo, el también comisario de policía Carlos Salamanca y están investigados otras cuatro personas, la inició la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y fue ejecutada por la Audiencia Nacional. Las actividades investigadas se refieren a operaciones supuestamente irregulares con Guinea Ecuatorial y China.
Las distintas fuentes consultadas indicaron que las investigaciones del "caso Tándem", junto a otras que llevan los fiscales anticorrupción Serrano y Stampa, propiciaron que el "caso Hulla" sufriera "algún retraso" en los últimos meses.
La investigación del "caso Tándem" se inició hace aproximadamente un año, pero el impulso definitivo se produjo a partir de un anónimo recibido en la Fiscalía el pasado mes de abril. "Pero esos pequeños retrasos no significan ni mucho menos que se paralizara el caso que se investiga en Asturias", aseguraron las mismas fuentes.
Tanto la jueza como los dos fiscales anticorrupción tienen fama de ser "muy duros", según coincidieron en señalar en medios judiciales. Al parecer, fueron Serrano y Stampa quienes convencieron al juez Diego de Egea y Torrón, de apoyo en los juzgados 3 y 6 de la Audiencia Nacional, de que firmara las órdenes de registro del chalé donde reside Villarejo junto a su mujer, Gemma Alcalá -también arrestada-, y de las oficinas de la Torre Picasso de Madrid desde las que el comisario dirige su grupo de empresas. También se registraron sedes de empresas y domicilios de presuntos implicados en la red en Madrid, Málaga y Valencia. En ese momento la jueza Lamela estaba muy ocupada con la crisis de Cataluña.
Miguel Serrano fue fiscal antidroga en Tenerife y antes estuvo al frente de menores. En ambos destinos cosechó un gran reconocimiento, según las fuentes consultadas.
A Ignacio Stampa ya le conocen bastante los abogados asturianos que representan a los implicados en el "caso Hulla", y han coincidido en destacar su dureza e incluso alguno ha llegado a indicar que "le viene al pelo la fama de descarnado" que le adjudicaron tras su paso por Lanzarote.
