15 de noviembre de 2017
15.11.2017

Consulta el discurso íntegro de Javier Fernández en el Debate de Orientación Política

15.11.2017 | 03:56

Les invito a que debatamos sobre el tiempo que nos queda. Falta poco más de año y medio para las elecciones autonómicas. Probablemente, todos tengamos presente ya ese horizonte a la hora de evaluar decisiones y estrategias. Hoy me fijo en ese destino: estamos en una legislatura que se aproxima al vértigo de la cuenta atrás, y nuestra obligación –principalmente, la mía- es aprovechar los meses que restan, hacerlos lo más fructíferos posible.
 
Ante esa certeza, la de una legislatura más que mediada, caben dos actitudes. Una, menguada, pasa por desconfiar de los acuerdos y encelarse en cálculos con el ábaco partidista. Sólo producirá resultados menores. La otra, generosa, se basa en asumir que cualquier calendario, por apretado que sea, ofrece oportunidades para beneficiar a Asturias, a sus hombres y mujeres, a la ciudadanía a la que nos debemos.
 
Esta sesión parlamentaria nos brinda una buena ocasión para debatir cómo contribuir con la acción política a la Asturias del siglo XXI. Les animo a que pensemos más en el futuro que en el pasado. De algunos de los sucesos ocurridos el último año trataremos lo que ustedes digan; mi propósito no es eludirlos. Aludo, por ejemplo, a mi etapa en la gestora del Partido Socialista o a la marcha de dos consejeros. De todo eso responderé lo que planteen, pero mi voluntad es elevar la vista hacia el futuro de Asturias.
 
En la inauguración de la Feria Internacional de Muestras destaqué hasta qué punto la Asturias de 2017 se ha alejado de la de hace un cuarto de siglo, cuando la reconversión ensombrecía los ánimos y la murga de la decadencia era el caldo nutriente de los discursos políticos calamitosos cuyas secuelas aún escuchamos. Evidentemente, el Principado no es aquella región escasa de comunicaciones donde la hegemonía de la industria pública robaba el aire, se decía, a la iniciativa empresarial; una comunidad industrial en declive y en convulsión continua por las movilizaciones. Asturias remontó aquella crisis y ahora está superando también la derivada del derrumbe financiero que se precipitó a partir de 2008, la peor desde la desatada en 1929.
 
Pero si los rasgos de aquella región acuciada por la mutación de su modelo económico eran muy acusados e interiorizados, los de la actual son menos reconocidos. Potencia industrial en una economía terciarizada, infraestructuras y equipamientos mejorados, fortaleza creciente de los servicios públicos y un patrimonio natural y cultural cuidado y valorado son paredes maestras de esta comunidad, que enfrenta en el invierno demográfico su mayor problema.
 
La pregunta que planteo, la que da sentido a nuestra condición de representantes de la ciudadanía, es si podemos hacer más, imprimir velocidad y solidez a esta nueva Asturias que ya no se puede escrutar con la lente amarillenta del pasado, envejecido en nuestra memoria. No cabe otra que responder afirmativamente.
<h2>Por el futuro de Asturias</h2>
Esta intervención está pensada para contestar esa interrogante. Por un lado, qué está haciendo el Gobierno para fortalecer el despegue de Asturias; por otro, qué iniciativas podríamos acordar en esta Cámara para contribuir a esa ambición. Les propongo mimbres, llamémosles líneas de trabajo, para entretejer un buen futuro compartido.
 
Promover la economía y conciliar potencia industrial con la calidad ambiental
 
La primera de esas líneas de trabajo es promover la actividad económica y, al tiempo, conciliar la potencia industrial con la calidad ambiental.
 
Parto de una constatación: Asturias consolida su mejora. En 2016 destaqué que nos habíamos enganchado a la recuperación; hoy aseguro que la hemos afianzado. No intenten escuchar trompetería ni redobles de tambor, no intuyan triunfalismo; sólo afirmo lo que los indicadores asientan. Les enumero algunos hechos y datos:
 
Las inversiones anunciadas por las industrias radicadas en Asturias, entre las que sobresalen las de Arcelor. La confirmación de sus planes para Gijón y Avilés es una de las grandes noticias del último año. Recientemente, hemos conocido otras excelentes, protagonizadas por empresas capaces de asentarse en grandes mercados mundiales o de sellar contratos de una exigencia tecnológica superlativa.
 
No me apropio de esas decisiones. Las anoto porque son importantes. Para ser sincero, tampoco dudo de que si hubiese sido al revés, si las empresas desistiesen de sus planes, habría aquí quienes cargarían la factura al Gobierno, así que tolérenme el subrayado. No es un tanto del Ejecutivo, son buenas noticias de una Asturias empresarial potente, cualificada y emprendedora.
 
La disminución del desempleo, que para un Gobierno socialista tiene especial relevancia. Fíjense en las siguientes cuentas:
 
En octubre de 2016 había 83.674 parados registrados; hoy hay 77.600. Con estos datos, acumulamos 49 meses de descenso interanual consecutivo. A estos efectos, tuvimos el mejor octubre desde 2009.
 
El número de afiliados a la Seguridad Social se eleva a 360.593, un 1,72% más que en octubre de 2016. De media, en agosto se contabilizaron 366.415,04 afiliaciones. Es el mejor dato desde diciembre de 2011.
 
Los números de la Encuesta de Población Activa (EPA) son aún más positivos. Según las estimaciones del tercer trimestre, el número de desempleados se redujo en un año un 26,82%, hasta 59.200 personas. Nuestra tasa de paro se sitúa en un 12.95%, inferior en más de tres puntos a la media nacional Tenemos la tasa más baja desde el primer trimestre de 2009.
 
En este resumen tan esquelético destaco que la reducción del paro es más acusada en la construcción y en la industria (17,94% y 11,91% respectivamente), por la capacidad de creación de empleo y el potencial de desarrollo de ambos sectores.
 
Siempre que analizo la evolución del desempleo, apostillo una cautela: sumar 77.600 parados registrados no permite enhorabuenas. Son 77.600 personas sometidas a la angustia de encontrar un puesto de trabajo; a ellas nos debemos, ellas y sus familias son nuestra prioridad. Pero en mayo de 2012, cuando asumí por primera vez la presidencia, el listón estaba en 97.459 Un lustro después, hay casi 20.000 parados menos. La reducción equivale a un 20.38%, la quinta parte. El mérito del Gobierno de Asturias será menor o mayor según quien lo evalúe; lo innegable es que el paro se reduce.
 
Esa disminución hubiera sido imposible sin un dinamismo económico sostenido, el que refleja la evolución del Producto Interior Bruto. Éste será el tercer ejercicio positivo consecutivo: en 2015 se elevó al 2,7 %; en 2016, a un 1,9% y la media de las previsiones para este año se sitúa en el 2,38%. Crecer por encima de la media de la zona euro, rebasar un 2% es muy positivo.
 
Cabe unir otros indicadores significativos. Cito tres: durante los primeros ocho meses del año las exportaciones aumentaron un 23,63% respecto al año anterior; el número de hipotecas, un 33.2%, con el mayor aumento de España; y, de enero a septiembre, el índice de producción industrial, un 5,7%, el tercer crecimiento de España.
 
No alargo el listado. Al fin y al cabo, sólo pretendo compartir con ustedes la constatación de que Asturias afianza su mejora. Es fácil adivinar por donde vendrán algunas críticas: otras comunidades remontan con más fuerza. Cierto, responde a la estructura productiva y al problema demográfico. Con el mismo recurso argumental podríamos alardear de la menor tasa de paro, de la contención del déficit, de la celeridad en el pago a los proveedores y de la buena gestión de la deuda, tres logros para apuntar en el haber de la Consejería de Hacienda.
 
No quiero distraerme de lo principal. Lo importante es un hecho –la solidez de la recuperación- y la pregunta que nos interroga: ¿qué podemos y debemos hacer para que esa evolución sea más robusta? Esa cuestión nos apela a todos: si bien la obligación angular es del Gobierno, no es la única; estar en la oposición no otorga un eximente, carta blanca para atecharse en la irresponsabilidad.
 
No se inquieten, no olvido que soy yo quien rinde cuentas. El presupuesto es una de las herramientas para fortalecer la recuperación. Por cierto, buen ejemplo de responsabilidad compartida. Porque la competencia del Gobierno es presentar un proyecto bien ensamblado; nuestra vocación, orientarlo hacia los desfavorecidos, el Estado de bienestar y el desarrollo económico; nuestra tarea, buscar alianzas que permitan su aprobación. Los tres deberes están hechos y, sobre la mesa, la mano tendida a Podemos e IU por tercer ejercicio consecutivo. Estamos dispuestos a explorar los límites económicos y jurídicos para un acuerdo. No agoto ahora el asunto presupuestario, pero al hablar de los recursos a nuestro alcance resulta inevitable citarlo.
 
La evolución de Asturias está ligada a la nacional. No obstante, hay amenazas que deberíamos eliminar de nuestro horizonte particular. Una es el cierre anticipado de las térmicas, con sus indeseables efectos sobre el empleo, el tráfico portuario y la capacidad industrial, incluida la minería. El Gobierno de Asturias se opone frontalmente a cualquier medida que nos precipite a ese rumbo. Les informo de que el Principado ha expresado con toda claridad este criterio a la dirección de Iberdrola y al ministerio de Energía ante la solicitud de clausura de la central de Lada. Para nosotros, el tránsito hacia una economía descarbonizada debe hacerse de forma consensuada, equilibrada y prudente, y el súbito anuncio de Iberdrola no respeta esas condiciones. Como la autorización depende del Gobierno de España, le pedimos expresamente que frene la propuesta empresarial.
 
Al pensar en el carbón no perdamos de vista que 2018, que asoma a la vuelta de la esquina, será la estación término para la mayoría de explotaciones. Si esto ocurre, será porque el Gobierno estatal ha hecho caso omiso de las propuestas del Principado y de los ejecutivos de Castilla-León y Aragón para acordar con la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitieran prolongar la actividad. Quede manifiesto: ésa es la condena inmediata, no diferida, que acecha a la minería; no dejemos que suceda en silencio.
 
También urgimos a acabar con la incertidumbre del coste de la energía para las industrias electrointensivas, factor decisivo para inversiones y localizaciones empresariales. El avance de las negociaciones para desbloquear la regasificadora de El Musel y la inmediata firma de los convenios de los fondos mineros, el próximo día 20, son ejemplos del compromiso de la Consejería de Empleo e Industria con la actividad industrial.
 
La misma consejería ha iniciado el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología, que aumentará notablemente las partidas para los grupos de investigación. También en este frente impulsamos el despegue de Asturias. A este fin afluyen la Fundación Biosanitaria, en una fase de desarrollo que incluirá la acreditación del Instituto de Investigación por el Carlos III; las tareas del Serida; la convocatoria, este mes, del Plan de Retorno del Talento; las becas y, por supuesto, la Universidad de Oviedo.
 
El 19 de octubre firmé con el Rector Santiago García Granda un acuerdo de financiación para la Universidad. Durante cinco años están aseguradas la suficiencia y la estabilidad presupuestaria de la institución académica, y ése es un logro importante, un objetivo largamente perseguido, positivo para la Universidad y para Asturias.
 
Con esta meta, el fomento decidido de las políticas de I+D+i, el Gobierno formará esta legislatura un Consejo para la Investigación y la Innovación que dirigirá el consejero de Empleo e Industria, contará con la presencia de reputados investigadores y se encargará de coordinar todas estas actividades.
 
He afirmado que Asturias mejora, he subrayado la importancia de contar con un buen presupuesto, he advertido incertidumbres y he destacado la función que le corresponde a la Universidad y a las políticas de I+D+i. Sin embargo, aún no he aclarado por qué considero imprescindible compatibilizar nuestra industria con el cuidado del medio.
 
Lo sostengo porque la Asturias del futuro se cimentará sobre esa conciliación. Asumamos que en el siglo XXI ambas cuestiones habrán de ir unidas, no disociadas. Por eso, y contra lo que es habitual, he querido aunar en esta intervención lo que siempre se desliga. Medio ambiente e industria no están escindidos en el porvenir del Principado. Hemos de afianzar y ampliar nuestra fortaleza industrial al tiempo que disminuimos la contaminación, reducimos las emisiones de carbono y continuamos siendo un referente en la protección de la costa y los recursos naturales. Ahora que tanto se da en hablar de identidades, de supuestos rasgos indelebles que se pierden en la bruma de la historia, Asturias exhibe uno contrastable: la calidad medioambiental.
 
No consintamos, y esto también está en nuestras manos, que ese par se desequilibre. Ni aceptar un crecimiento degradante ni impedir la expansión industrial a fuerza de recelos alarmistas. Despeñarse por un discurso antiindustrial sería un pésimo negocio para nuestra comunidad autónoma.
 
La preocupación se multiplica en el área central, donde concurren tres circunstancias: concentración de población, concentración de industrias y, en consecuencia, mayor contaminación. Para atender este problema, la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente ha promovido la revisión de los planes de calidad del aire de Gijón y Avilés, incluida también la reducción de las emisiones de benceno en Trubia, en Oviedo, y ultima, en colaboración con los ayuntamientos, los protocolos para situaciones anómalas de polución. El continuado afán en este objetivo es el que corresponde a un gobierno consciente de la necesidad de compatibilizar ese doble corazón, industrial y medioambiental, que ya es y continuará siendo el motor de Asturias.
<h2>Una comunidad que mejora día a día sus servicios públicos</h2>Voy con la segunda línea de trabajo. La Asturias que podemos construir debe descollar también por su Estado de bienestar, otro rasgo definitorio. Hace décadas que el Principado se caracteriza por contar con una red de servicios públicos que forman una trabada malla contra la desigualdad y la exclusión.
 
No hay nada más expuesto al juicio ciudadano que la educación, la sanidad y los servicios sociales. Pues bien, tanto la propia opinión pública recogida en barómetros y encuestas como las comparaciones –esas que se reiteran hasta el agotamiento cuando son negativas- dejan en muy buen lugar nuestro Estado de bienestar, construido con el trabajo de generaciones de profesionales y de sucesivas administraciones. Somos albaceas de ese legado con resultados sobresalientes en la educación y la sanidad.
 
Mejorar ese gran edificio social es otra exigencia de la nueva Asturias. A este objetivo contribuyen decisiones como las que enumero:
<h2>La mejora del empleo público</h2>La calidad de los servicios descansa sobre la competencia de los profesionales. La superación de la crisis ha permitido resarcirles parcialmente de algunos de los recortes sufridos. En 2016 elevamos la oferta de empleo de empleo al máximo permitido: 1.583 plazas. Estamos cerrando la de este ejercicio, que a buen seguro se situará muy por encima de esa cantidad. Es otra buena noticia.
<h2>La modernización de los equipamientos</h2>El esfuerzo anterior ha ido acompañado de la mejora de los equipamientos, tanto educativos como sanitarios. Para ahorrarles el catálogo de obras, recuerdo que están en ejecución los proyectos de tres institutos (La Fresneda, La Florida y La Corredoria) y hago hincapié en la ampliación del hospital de Cabueñes: continuación lógica de la puesta en marcha del HUCA y del Álvarez-Buylla, será la mayor transformación de su historia, que lo situará a la vanguardia de la sanidad pública española.
 
Opino que conviene saber rectificar los errores, incluso a toro pasado. Espero que hoy todos –me refiero al arco parlamentario completo- aceptemos que la construcción del HUCA y del Álvarez-Buylla fue un acierto, pese al chaparrón oportunista de críticas con el que fueron recibidos. ¿Queda alguien aquí que sostenga que el HUCA fue un error? Sería bueno saberlo. En las vísperas de la ampliación de Cabueñes procede recordar estas cosas y tener en cuenta que se trata de infraestructuras costosas, de complicada gestión, pero que mejoran la atención sanitaria, que es lo importante. Espero que no volvamos a sufrir el desafuero de ataques que acompañó a los otros centros.
<h2>La buena gestión</h2>Todos estos resultados y proyectos serían inalcanzables sin buena gestión. La voluntad política no basta; sin capacidad técnica, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales resultarían ingobernables. Afortunadamente, en los tres ámbitos contamos con gestores acreditados. Ahí están las mejoras en la aplicación de la ley de la dependencia.
 
Por desgracia, ocurre a menudo que la crítica sale gratis, aunque sea mera ponzoña o, simplemente, esté indocumentada. Decretar el estado de sospecha permanente sobre la gestión sanitaria es un despropósito paranoide. Claro que es razonable que las listas de espera conciten el interés del parlamento y la preocupación de una ciudadanía exigente de sus derechos, pero habrá que reconocer los apreciables avances logrados por la Consejería de Sanidad: Asturias es la comunidad que mayor volumen de información facilita, hemos bajado un mes la demora quirúrgica y también reducimos la espera media para consultas especializadas. Además, tramitamos un decreto de plazos máximos que serán gestionados por la red pública.
 
También es necesaria capacidad gestora para corregir errores, como el planteado por las liquidaciones del ERA, al que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha respondido con un trabajo riguroso y jurídicamente complejo. Esperamos que antes de fin de año realicemos las primeras devoluciones.
 
La iniciativa y la voluntad política, que tanto se demandan, no se demuestran a fuerza de palabrería. Auparse al carromato a anunciar crecepelos de veneno de serpiente es sencillo; que funcionen es otra cosa. Pues gestionar los servicios sociales tampoco admite bromas. Hay que atender las necesidades sociales con respuestas serias y realizables: eso es iniciativa; lo otro, fuego de virutas. En este capítulo entran el aumento de las ayudas contra la pobreza energética y la pobreza infantil, al igual que las innovaciones en la política de vivienda.
 
Otra muestra de voluntad política es el salario social, al que o bien no se le da el valor que merece o se pervierte como la panacea para quienes desean vivir del cuento. En esta Cámara se ha alertado sobre el presupuesto que consume. Pues quede claro que para un gobierno socialista que la renta mínima absorba 109 millones no es un despilfarro. Puede ser –lo es- una preocupación, pero anteponemos las necesidades de la gente, porque es el único asidero que salva del precipicio de la exclusión a más de 47.800 personas. Y, ciertamente, pueden ocurrir situaciones transitorias de carencias administrativas, pero eso no debe confundirnos: es una de las rentas más elevadas de España y que beneficia a mayor porcentaje de población.
 
No olvido el sistema educativo. Resalto dos metas. Una se está haciendo una realidad irreversible: la consolidación de la formación profesional –especialmente de la dual, con 29 centros y 203 empresas participantes en el cuarto programa y ya lanzado el quinto el martes pasado. La FP era una debilidad histórica y estamos venciéndola. La Consejería de Educación está logrando que ésta sea la legislatura de la formación profesional.
<h2>La otra ambición es la expansión de las escuelas infantiles.</h2>Quiero hacerles una propuesta. Un compromiso que permita ampliar esa red en esta legislatura y, en paralelo, avanzar hacia la consideración pública y universal del 0-3, con todo lo que apareja para sus trabajadores y el desembolso presupuestario consecuente. Una red que facilite la conciliación, tal como se plantea en el Plan Demográfico, que sea asumible para las familias y para la Administración y que cubra una demanda social creciente. Como este asunto forma parte destacada de las negociaciones presupuestarias no entro en pormenores. Dejo constancia de cuál es la disposición del Gobierno.
 
Una comunidad con un gran patrimonio natural que debe preservar
 
Inicio otro apartado. Aunque las unanimidades en esta Cámara son una rareza, aventuro que todos coincidimos en la riqueza de nuestro patrimonio natural.
 
Hace unos minutos destacaba el desafío de hacer compatible industria y calidad del aire. Ahora enfatizo el valor de nuestros recursos naturales; el valor que tienen en sí y como catalizadores de la economía.
<h2>Turismo</h2>Los ejemplos abundan. La preservación del paraíso natural es indispensable para afianzar la actividad turística, que ha vuelto a rebasar el listón del 10% del Producto Interior Bruto y que año a año bate sus propias marcas. De nuevo, cerraremos este ejercicio con más de dos millones de visitantes. Vean también las estadísticas del aeropuerto: en julio y agosto, el mayor registro de pasajeros de la historia (304.686). La ampliación de las conexiones aéreas lograda esta legislatura y el crecimiento del turismo extranjero apuntalan semejante mejora.
 
¿Cómo se consiguen tan buenos resultados? Pues con la iniciativa empresarial, con calidad, con las medidas incluidas en el Programa de Turismo Sostenible 2020; en fin, sería absurdo subsumir este conjunto múltiple en una sola causa. Pero la imagen de fondo de Asturias, no lo dudemos, es su calidad natural. Por ello, enfrentar como enemigos la protección del medio y el desarrollo rural es una construcción ruinosa.
<h2>Lobos</h2>Precisamente, la aplicación del plan del lobo pretende esa conciliación. Hay zonas donde la presencia no es necesaria para la supervivencia de la especie; al contrario, el aumento incontrolado de ejemplares multiplica los daños a las ganaderías y atiza la alarma social. La conservación de la fauna y la flora –ahí está la iniciativa contra plantas invasoras, como el plumero de la pampa- suma en los atractivos que revierten a favor de Asturias. Sucede con los osos, los lobos y otras especies. Identificar el control de las manadas con el exterminio es un error o una falacia, aplíquese según el caso. Entre otros fines, intenta evitar comportamientos indeseables como los que ya hemos padecido en relación al lobo; comportamientos que merecen, reiterado sea, un castigo ejemplar.
<h2>Incendios</h2>Lo mismo pido para los criminales que prenden fuego al monte, cuando la potencia forestal es otra de nuestras riquezas. En octubre sufrimos un nuevo desastre: miles de hectáreas arrasadas en Portugal, en Galicia y también aquí, en Asturias. Concretamente, 12.825,78 hectáreas, la mayoría en Ibias, Cangas del Narcea, Degaña y Tineo, que han conllevado daños por más de 52 millones. El único consuelo es la ausencia de víctimas. Como siempre que suceden desastres similares, se ha despeñado una cascada de críticas e hipótesis con las que se busca desentrañar la causa última de estos actos. Bien está exigir más y hurgar en los motivos; no obstante, queden claros dos principios:
 
La mayoría de los incendios son provocados, y ahí no cabe tolerancia. Al primero que hay que señalar, y encontrar, es a quien prende fuego.
 
Los servicios de extinción funcionan bien, con profesionalidad y eficacia.
 
A partir de esas dos consideraciones, planteémonos qué está en nuestra mano para intentar que esta calamidad criminal no se repita. Les adelanto algunas iniciativas que promoverán las consejerías de Presidencia y Desarrollo Rural:
 
El Gobierno impulsará un programa específico para la prevención, extinción e investigación de incendios en el Suroccidente, que incluirá un protocolo especial para la reserva de Muniellos. Ese programa incidirá en el refuerzo de la colaboración con la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
 
Simultáneamente, reforzaremos la política de prevención. La Consejería de Desarrollo Rural prevé destinar 8,3 millones en 2018 a infraestructuras de defensa contra los fuegos y al desarrollo de zonas forestales.
 
También mejoraremos la colaboración con otras comunidades. A principios de diciembre me reuniré con los presidentes de Galicia y Castilla y León en una cumbre que se celebrará aquí, en Oviedo, y que entre otros asuntos dedicará especial atención a la lucha contra los incendios. Queremos que el Noroeste español se una contra el fuego.
 
Y, como saben, el Principado ya se ha dirigido tanto al Ejecutivo estatal como a la UE para acceder a las ayudas del Fondo de Solidaridad Europea, con el propósito de paliar los daños sufridos.
<h2>Residuos</h2>Continúo hablando de asuntos vinculados al medio ambiente. El manejo de las basuras es una cuestión recurrente en esta Cámara. Un ruego: encarémosla, dejemos de rodear un problema que se agrava con el paso de los años y carece de solución inmaculada. Desde el 25 de agosto está en información pública un Plan de Residuos que fomenta el reciclaje, incluye un nuevo vertedero, descarta la incineradora y se decanta por una combinación de procesos para aprovechar químicamente el combustible sólido que se pueda generar. Es un buen punto de acuerdo. No dejemos pasar esta legislatura sin solucionar este problema, no pasemos la mochila al próximo mandato y las siguientes generaciones, no seamos tan irresponsables. El Gobierno ha demostrado flexibilidad, voluntad de entendimiento; les pido una mínima voluntad de consenso.
<h2>Agricultura y ganadería</h2>La riqueza natural, tengámoslo en cuenta, es también el marchamo de nuestra agricultura y ganadería. El valor de los productos asturianos –la leche, la carne, los quesos y otros- está vinculado a la calidad, su mejor credencial. Ya he repetido que no se entiende el futuro de Asturias sin su medio rural; hoy me reafirmo. Es más, la única alternativa contra el despoblamiento es un medio rural vivo.
 
Con ese objetivo movilizamos todos los recursos, y de forma prioritaria los que acrecientan la rentabilidad y competitividad del sector primario. Pese a las secuelas de la crisis, los ganaderos demuestran interés y capacidad para invertir y modernizarse: la convocatoria de ayudas de 2016 para mejorar las explotaciones se resolvió con 331 nuevas solicitudes y está en marcha una nueva por 8.5 millones.
 
También ayudamos a aumentar el tamaño de las explotaciones. Ya no está en discusión la importancia ni la utilidad de las concentraciones para combatir el minifundismo y ampliar la base territorial. Con las cinco nuevas zonas declaradas en 2017, estamos actuando sobre más de 15.500 hectáreas. De igual manera, trabajamos sobre los montes comunales, tan importantes para configurar la superficie agraria útil.
 
La Asturias rural –y por extensión, Asturias- es ganadería, capacidad forestal, también agricultura. Aquí, de nuevo, encontramos esa combinación de iniciativa y capacidad gestora, en este caso por parte de la Consejería de Desarrollo Rural: Asturias fue la primera comunidad que puso en marcha el programa Leader. En este año, ya hemos despachado la primera convocatoria, que permitirá destinar 6,8 millones a 264 proyectos que generarán una inversión cercana a 14 millones.
 
Aunque apenas llevamos dos años desde la reforma de la Política Agraria Común, ya se empieza a hablar de cómo ha de ser la posterior a 2020. El Gobierno sabe perfectamente a dónde quiere llegar: reclamamos una política agraria que ayude a superar los desequilibrios entre territorios, suprimir el cobro por derechos históricos -exclusivamente ligados a los que poseen la tierra- y se oriente a la producción de alimentos, a los profesionales, a generar empleo y actividad, que favorezca las zonas de montaña y tenga en cuenta el modelo de explotación familiar. Una PAC, también, que frene la volatilidad de precios lácteos y proteja a los productores frente a las perturbaciones del mercado. Que, por último, mejore las exigencias ambientales y reconcilie el medio ambiente con el desarrollo rural porque en la agricultura y la ganadería no sólo no está en el origen del problema, sino que son parte de la solución.
 
Que sabe abrir camino a su patrimonio cultural
 
En lo que queda de legislatura tenemos tiempo también para ensanchar nuestros caminos culturales, pilar básico también en la construcción de nuestro futuro. Es la cuarta línea de trabajo que intento resumirles.
<h2>Camino de Santiago</h2>En noviembre de 2016 la Viceconsejería de Cultura presentó el Libro Blanco del Camino de Santiago, un trabajo exhaustivo pensado para el cuidado y promoción de las rutas jacobeas; una planificación estratégica con el horizonte puesto en el próximo Año Santo Jacobeo en 2021. Ya se han impulsado 23 de las 80 medidas previstas.
 
La llegada creciente de peregrinos ha hecho que todos seamos más conscientes de la relevancia cultural y turística de las rutas jacobeas del Norte, Patrimonio de la Humanidad desde 2015. El Gobierno trabaja para que Asturias tenga un papel protagonista en el Camino: somos, por historia, más que una sucesión de etapas, que un lugar de paso. Lo estamos consiguiendo, estamos dando al camino un impulso notable, acaso el mayor que nunca ha recibido. Que aún falte recorrido no desluce lo avanzado.
<h2>Prerrománico</h2>El Gobierno trabaja también en la elaboración del plan de gestión del prerrománico, otra joya patrimonial, plan que se reflejará próximamente en un libro blanco. A partir de ese diagnóstico, se planteará un programa que abarcará conservación, restauración, gestión coordinada entre administraciones e Iglesia, divulgación, turismo, etcétera. Les recuerdo además que el gobierno abordará en 2018 el inicio del proceso para que San Salvador de Valdediós, también sea patrimonio mundial. Al igual que para el Camino de Santiago, ésta será una legislatura importante para el prerrománico.
<h2>Pentágono del arte</h2>El pabellón del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias de este año estuvo dedicado al pentágono del arte, esa estrella que tiene por vértices el Museo de Bellas Artes, Laboral Centro de Arte, el Centro Niemeyer, la Sala Borrón y el Museo Barjola. La selección no fue casual: se trataba de dar relevancia a cinco equipamientos que ya la tienen por sí solos y que juntos representan la potencia cultural innovadora y creativa de Asturias. El apoyo a los artistas jóvenes es, en este planteamiento, una importante línea de trabajo.
<h2>Asturiano</h2>El asturiano es otro patrimonio cultural importantísimo. No un vestigio, sino un patrimonio que queremos vivo. Su protección y promoción es un mandato estatutario desarrollado en una ley vigente que los socialistas hemos asumido en nuestro programa.
 
El plan piloto experimental para el uso del asturiano dentro del sistema educativo, que tanto ha encrespado a las bancadas de la derecha, es, amén de voluntario, respetuoso con ese programa y con el ordenamiento jurídico. Este Gobierno, añado, no tiene problema alguno con el asturiano ni con el cumplimiento de sus promesas electorales. Lo tendría si se desnaturalizase o intentase adulterar su contrato público con los electores.
<h2>Efemérides de 2018</h2>El próximo año celebraremos tres efemérides que coinciden en un mismo espacio geográfico: el 13º centenario de la creación del Reino de Asturias, el centenario del parque de Covadonga y el centenario también de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. Cualquiera de esos acontecimientos puede dar pie a debates interminables - unos religiosos, otros históricos, algunos medioambientales-, pero lo que está fuera de duda es su importancia. El Gobierno ha constituido un grupo de trabajo la Iglesia, el ayuntamiento de Cangas de Onís y el Parque Nacional encargado de organizar una programación cultural sobresaliente a lo largo de 2018. Esa tríada de efemérides es una oportunidad para que la cooperación institucional redunde en provecho de Asturias.
<h2>Una comunidad que ha superado su déficit de infraestructuras</h2>Inicio la quinta línea de futuro. Abogué al inicio por cancelar de una vez la estampa caduca de Asturias, que tenía en el lamento por las comunicaciones una salmodia incesante. Hoy la situación es bien distinta. De hecho, si el ministerio de Fomento hubiera mantenido su palabra y no hubiese claudicado ante la exigencia de Foro, estaríamos en puertas de la entrada en servicio para pasajeros y mercancías del primer túnel de Pajares. En el mejor de los casos, la rendición retrasará esa inauguración a 2021 y oscurece con incógnitas el tráfico de mercancías. La doble mala noticia tiene un apellido compuesto. El que une Foro y el Gobierno del Partido Popular.
 
La posición del Principado sobre la variante y las comunicaciones pendientes quedó plasmada en la Alianza por las Infraestructuras, suscrita en marzo por 18 organizaciones sociales y políticas. Pese a la sensatez que rezuma, sólo el PSOE e IU aceptaron refrendarlo, buena prueba de la aversión al consenso que marca a algunas fuerzas.
 
Andamos sobrados de razones para quejarnos por la dejadez presupuestaria del Gobierno del PP. Sin embargo, también sabemos que la lealtad institucional es la regla de juego apropiada entre administraciones. Es la regla a la que siempre nos hemos atenido y la que nos ha permitido avanzar en soluciones para el plan de vías de Gijón, para la la autopista del mar, para culminar el soterramiento de Langreo, la supresión de la barrera ferroviaria de Avilés y otras obras en esa ciudad.
 
Sabemos, pues, combinar exigencia y diálogo, pero también ha de quedar dicho que el valor de los acuerdos se acredita con el cumplimiento de lo pactado; si no, acordar se hará inútil, no merecerá la pena. Tomamos nota de los compromisos y reclamamos su cumplimiento. Existen, además, problemas que requieren una actuación urgente antes de que el deterioro se haga irreversible: apremio al ministerio a que concrete el plan de cercanías ferroviarias con una inversión superior a 275 millones que anunció hace semanas.
<h2>Una comunidad con una legislación adecuada frente a la corrupción</h2>Esa Asturias por la que invito a trabajar también debe promover la igualdad, la transparencia, la participación ciudadana y contar con una legislación adecuada para frenar la corrupción. Ya no hablo de una seña, de un rasgo particular de Asturias, sino de uno que debe ser común a todas las sociedades avanzadas: la calidad democrática.
 
En septiembre se dictó la sentencia del caso Marea. El fallo es bien conocido como para abundar ahora en detalles. El Gobierno de Asturias ha mantenido una trayectoria jurídica ejemplar a lo largo de todo el proceso: personada como acusación, la Administración colaboró con la investigación judicial, coincidió con el criterio de la fiscalía y rechazó todas las ofertas de entendimiento que se le hicieron o sugirieron.
 
Frente a la gravedad de los hechos, puede parecerles poco; sin embargo, el primer requisito para combatir la corrupción es estar dispuesto a hacerle frente, sin miedo a ocupar tiempo en los telediarios. Este Gobierno pudo haber optado por el acuerdo, por acortar los plazos y, seguramente, de la mano del pacto, por menos minutos en los informativos y menos páginas en los periódicos. En cambio, dijimos que no, con todas las consecuencias. Poniéndose de perfil, echando mano al "y tú más", no se logra nada, y buenas pruebas nos ofrece cada poco la actualidad judicial.
 
Al tiempo, el Gobierno ha proseguido con decisión los avances en el fomento de la participación y la transparencia iniciados el anterior mandato. Primer motor de estas iniciativas, el empuje de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana es constante. También otras consejerías han probado su compromiso con la participación. Así, abiertos a las propuestas ciudadanas y de acuerdo con el ayuntamiento de Oviedo, se está abordando el futuro de El Cristo-Buenavista. El mes pasado fue seleccionado el proyecto ganador, que incluye equipamientos, zonas verdes y campus universitario. El Gobierno continuará impulsando el desarrollo consensuado de este proyecto, trascendente para Oviedo y para la Universidad.
 
El Gobierno de Asturias, pues, no sólo predica la transparencia y la participación, también las ejerce. Por supuesto, todo es mejorable, y de nuevo la responsabilidad recae en esta Cámara. El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno ya está en tramitación. Reitero la oferta de acuerdo. Resultaría bien poco presentable sería que Asturias dejase pasar un mandato más sin adecuar su legislación en este punto.
 
A este respecto, mi gobierno está dispuesto a aceptar la puesta en marcha de una unidad anticorrupción, tal como se ha solicitado en esta Cámara, siempre que esa iniciativa tenga un buen encaje legal y un razonable coste presupuestario. Busquemos el acomodo que proceda y alcancemos un acuerdo El Principado no va a negarse. Es otra oferta pública para el entendimiento.
 
El objetivo, vuelvo a decirlo, se llama calidad democrática Estamos dando ejemplos de que somos capaces de liderar muchas otras cuestiones, como el despliegue de políticas de igualdad y la búsqueda de alianzas para combatir la violencia machista que fructificó en el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, firmado en julio del año pasado –un año antes que el acuerdo estatal- y que movilizará un presupuesto de 8,9 millones hasta 2019. Pues de la misma manera también podemos estar a la cabeza en el fomento de la participación y en la lucha contra la corrupción.
<h2>Propuestas de futuro</h2>A lo largo del discurso he intercalado varias invocaciones al acuerdo, siempre rumbo al mismo norte: aprovechar al máximo el tiempo hasta las elecciones de 2019. La acción política brinda tantas ocasiones para la discrepancia como para el entendimiento y, por muy poco lustre que otorguen los acuerdos ante las hinchadas de cada cual, hay circunstancias que los requieren. Vuelvo al eje de esta intervención: Asturias mejora y consolida su recuperación; nosotros, quienes formamos este parlamento, debemos ayudar a que crezca más, con más fortaleza.
 
Porque, además, Asturias pechará con desafíos importantes a corto y medio plazo. Aplazarlos, embalsarlos y mirar para otro lado es mal remedio. Yo, al menos, quiero mirar a los ojos a los asturianos y decirles que los he afrontado, que he intentado resolverlos. Quiero mantener esa autoridad moral, que los ciudadanos no puedan reprocharme que el Gobierno no diagnosticó las carencias ni ofreció alternativas. Pero hay muchas cuestiones que el Ejecutivo no puede resolver con sus únicos medios ni con el exclusivo apoyo de los 14 escaños del grupo socialista. Selecciono tres:
<h2>El plan demográfico</h2>La más importante está relacionada con nuestra evolución demográfica. Estoy convencido de que mañana hablaremos de la baja tasa de población activa, de la aportación de las pensiones, del declive de las zonas rurales, de la financiación autonómica, de los costes de los servicios públicos€ Asuntos recurrentes que responden a un mismo problema de fondo, el principal de Asturias: una comunidad que pierde población, que envejece y cuyos ciudadanos se concentran en el área central.
 
El 25 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó un plan con diez años de vigencia, 2017-2027, que destinará 2.275 millones a frenar la sangría de habitantes. Ustedes conocen la propuesta, que incluye medidas fiscales, la expansión de la red de escuelas infantiles a la que antes me referí, mejores conexiones digitales en las zonas rurales, mantenimiento de escuelas y equipamientos, planes específicos para las villas€ No se las desgrano todas porque el rosario es extenso.
 
Con la presentación de este documento coordinado por la Consejería de Presidencia, el Gobierno cumple su compromiso. Sólo otras dos comunidades, Galicia y Castilla y León, cuentan con programas similares. En los últimos años hemos avanzado mucho; tanto, que el trabajo del Gobierno de Asturias ha contribuido a que la cuestión demográfica se haya incluido en la agenda de los asuntos de Estado, tal y como se asumió en enero en la Conferencia de Presidentes. Precisamente porque se trata de un asunto de Estado que debe ser abordado con lealtad institucional y altura de miras, ayer mismo el Consejero de Presidencia expuso las líneas generales del plan a la Comisionada del Gobierno de España para el desafío demográfico, Edelmira Barreira. Quiero dejar constancia de su respuesta dialogante y constructiva.
 
Señorías, el plan del Principado es abierto y flexible. Les pido que participen en el diseño de una estrategia demográfica que habrá que mantener durante décadas si queremos hacer frente a este desafío. Estoy hablando del factor que más condiciona el desarrollo del Principado. Ofrezco y pido colaboración y consenso para asegurar el futuro de Asturias. Que el plan es mejorable no se discute; lo que pedimos es, precisamente, que hagan propuestas para ello. Reitero: estamos ante el principal problema de Asturias. Las descalificaciones groseras tienen un pase para asuntos menores; no recurran a ellas ante cuestiones de tanta importancia como ésta.
 
<h2>El área metropolitana</h2>La ordenación del área central tampoco debería quedar aparcada. El Gobierno no renuncia a un proyecto que es una urgencia para el área central y beneficiaría a toda la comunidad. En realidad, podríamos y acaso deberíamos hablar de proyecto Asturias: quizá así se evitasen suspicacias infundadas. Un solo dato: un observatorio económico, RegioLab, calcula que la región pierde anualmente del 10 al 12% de crecimiento del PIB por no ordenar su área metropolitana. Es suficiente argumento.
 
Nombrémosla como la nombremos, el área metropolitana ya existe. Frente a esa realidad de geografía urbana podemos dejar que siga su marcha, sin preocuparnos gran cosa, o intentar que ese crecimiento sea ordenado, sostenible y favorable al desarrollo de toda Asturias. El Gobierno elige la segunda alternativa.
 
El área central ha de ser un espacio de colaboración para todas las administraciones: la autonómica, las municipales y la estatal. Repito que los beneficiarios no serán sólo los municipios del centro; el conjunto favorecido será Asturias entera. Lógicamente, la coordinación debe implicar a las tres administraciones. Esa labor podría recaer en un consejo metropolitano de carácter consultivo en el que Sogepsa, por su experiencia y capacidad, desempeñase un importante rol.
 
En tanto no alcanzamos un acuerdo, habrá que seguir caminando. Por ejemplo, mediante la aprobación de las directrices regionales, de las que quedarían excluidas transitoriamente las del área metropolitana. Y, lo que resultará más práctico, avanzar mediante proyectos concretos. Cito algunos ejemplos: la movilidad y transporte; la protección, cuidado y regeneración del medio ambiente; la coordinación de equipamientos y programaciones culturales y deportivas; la planificación sanitaria y la ordenación universitaria, con el respeto debido a la autonomía de la institución.
<h2>El presupuesto</h2>El presupuesto es la tercera. No tiene la dimensión temporal ni la trascendencia de las dos anteriores. Es, en cambio, el más inmediato.
 
Estamos, señorías, ante otra oportunidad, acaso la última, para un acuerdo presupuestario de la izquierda. En 2015, Podemos se negó; en 2016, IU no consiguió el respaldo de sus afiliados y Podemos mantuvo su rechazo. En 2018 andaremos por vísperas electorales y, disculpen mi razonamiento cuadriculado, me parece muy difícil imaginar que entonces pueda haber un pacto si ahora no lo logramos.
 
Esta intervención está pensada para varios propósitos. Uno, nada escondido, es allanar la negociación presupuestaria. El cambio del modelo de las escuelas infantiles, con el objetivo de avanzar hacia una red pública; la unidad anticorrupción; la oferta sobre el plan de residuos, el área metropolitana y el plan demográfico deben ayudar al consenso.
 
Por nosotros no quedará. Por el Gobierno no faltarán esfuerzos ni gestos, si eso también se pide. Mi responsabilidad es buscar un acuerdo y seguir intentándolo, insistiendo a la puerta aunque en ocasiones, como ocurrió hace unos meses, ni siquiera hayan tenido la cortesía de responderme. Lo hago porque estoy convencido de que ese consenso tiene lógica política, sería bueno para impulsar políticas de progreso, beneficioso para quienes más lo necesitan y favorable para el desarrollo de Asturias.
 
La pertinacia de la derecha en las rebajas fiscales, en esa carrera de autos locos por ofrecer los mayores saldos, no deja mayor margen. Hecha la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con lo que hemos rebasado los límites de nuestro programa electoral, no consideramos bueno ni razonable seguir reduciendo ingresos.
 
La izquierda, resumo, se enfrenta en esta negociación presupuestaria a su propia responsabilidad, a su capacidad para demostrar que puede superar sus recelos para contribuir al progreso de Asturias. Cada cual se va a retratar.
 
<h2>Asturias en la España constitucional</h2>Hasta ahora no me he referido a la situación nacional. Su importancia es indiscutible. La democracia española, ese edificio de libertades y derechos que empezó a construirse a la muerte del dictador, ha estado en peligro en varias ocasiones. Unas, de forma soterrada; otras, violenta; ahora, a los ojos del mundo, por el desprecio a la ley, la Constitución y la convivencia.
 
Asturias, comunidad autónoma, es actor y parte del Estado. Los sucesos ocurridos y los que sucederán en las próximas semanas no atañen. Ni Cataluña no nos es ajena, ni la evolución del desafío independentista ni los cambios que pueda arrastrar nos resultan indiferentes. Callar, bajar la mirada, renunciar a tener voz sería impropio de una comunidad que sabe cuál es su papel en un Estado social y democrático de derecho.
 
Durante años me han sorprendido los silencios, la lejanía, la perezosa indolencia ante lo que estaba incubándose, medrando y enrareciéndose a ojos vista. Hablo de las omisiones y del desinterés también aquí, en Asturias, incluso en este parlamento. ¿Lo que estaba sucediendo no afectaría a nuestra economía, a la evolución empresarial, a los mecanismos de solidaridad y, muchísimo más importante, a nuestra condición de ciudadanos de un Estado de derecho?
 
Lamento decirlo, pero ese silencio, esa omisión, fue espeso, tangible casi. Ha habido que esperar al desbordamiento al estallido de la fractura, para, ahora sí, tomar conciencia de que esto iba en serio y nos afectaba directamente. Pregunto: ¿por qué incomodaba hablar de esto? ¿Qué sentido tiene ese discurseo encapsulado, más propio de crisálidas que de una comunidad de madurez política y social acreditada?
 
He dicho, y hoy tiene sentido reiterarlo, que estoy orgulloso de la identidad inclusiva de Asturias tal como es, desnuda de ensoñaciones, sin pasados de cartón piedra. Por cierto, en esta tierra se sabe muy bien qué es ser preso político. Esa forma inclusiva de ser, de estar en el mundo, también es un patrimonio común.
 
El Gobierno de Asturias ha defendido a las claras -sin jerigonzas, también sin meandros - el respeto a la ley, imprescindible en cualquier Estado democrático. Por ello, la restauración del orden constitucional, abiertamente quebrantado en Cataluña, no era una opción. Y no lo era porque cuando dos legalidades entran en conflicto no podemos hacer otra cosa que apoyar al Estado de derecho.
 
Hasta ese momento, la defensa de la legalidad se había encauzado únicamente a través de la justicia, pero la justicia, en palabras de Santiago Muñoz Machado, siempre se cuece a fuego lento, demasiado lento para impedir que las vigentes estructuras políticas fueran rebasadas provocando un nuevo principio.
 
Porque lo que se estaba pretendiendo hacer en Cataluña era justamente eso, crear un momento cero, un instante fundacional a partir del cual inaugurar un orden político nuevo. Hemos contemplado cómo una mayoría parlamentaria rompía las normas que fundamentan su competencia como poder constituido para erigirse en el poder constituyente que haría realidad una autodeterminación que no se presentaba como una pretensión política, sino como un derecho respaldado por el ordenamiento internacional, la razón y la ética.
 
Si a un desafío así, en un asunto sistémico para España y para Europa, no se hubiera respondido con toda la fuerza del Estado de derecho, estaríamos enviando el mensaje de que cualquiera puede beneficiarse por saltarse la ley.
 
Dije que no podemos renunciar a la voz que nos corresponde. Porque lo que sucederá a partir de ahora, las promesas y alternativas que se van a conjugar para procurar una solución, también nos incumben. Se acerca una campaña electoral cargada de promesas. La alerta es obligada.
 
A partir de la aplicación del artículo 155 y una vez recuperada formal y materialmente la vigencia de la Constitución en Cataluña, todo el mundo coincide en la necesidad de una política de reforma consensuada con aquellos que no hayan quedado inhabilitados para el pacto.
 
Sin embargo, no puede desconocerse que el secesionismo ha llegado hasta aquí no sólo como consecuencia de un movimiento social organizado, sino también por la existencia de otro esencialmente revolucionario que lo parasita, aprovechando el potencial subversivo del proceso de autodeterminación. Tampoco hay que obviar la dificultad de que un sistema pueda autoreformarse cuando tiene en su seno un centenar de diputados que o bien están en franco desacuerdo con los valores constitucionales o sólo se comprometen con unos territorios concretos.
 
Si añadimos que la deslealtad al pacto político constituyente por parte de los partidos nacionalistas ha sido patente, que su estrategia consiste en erosionar los vínculos comunes ahondando fracturas sociales y emocionales que ponen en cuestión la fuerza del Estado, y que la inexistencia de un acuerdo básico previo entre las fuerzas constitucionalistas nos priva de la concordia necesaria para abordar con garantías una tarea de esa magnitud, concluiremos que no va a ser fácil afrontar una gran reforma que mejore la actual, se inscriba en la legalidad y supere la incapacidad del Estado autonómico para generar una dinámica de integración.
 
Y, sin embargo, si los españoles no somos capaces de pactar cesiones y alcanzar compromisos mayoritarios estaremos comprometiendo nuestro futuro como Estado.
 
No se tratará de un proceso constituyente porque la reforma de la Constitución parte de un enfoque distinto al del 78: entonces se puso en marcha una descentralización que se consolidó al ritmo de la dinámica política y al margen de todo plan o diseño previo; ahora se trata de organizar el funcionamiento y la estructura del Estado repensando y mejorando también las instituciones de autogobierno y las relaciones intergubernamentales. Así que la reforma constitucional, si la hubiera, no debería ceñirse al arreglo de la cuestión catalana, ni olvidar que, a lo largo del periodo democrático han emergido unas Comunidades Autónomas que no son meras divisiones administrativas sino poderes del Estado plenamente arraigados y consolidados que, sin menoscabo de la decisión última de las Cortes Generales, tendrán opinión y posición en todo lo que afecte al título VIII de la Constitución.
 
Pensemos también que, la reforma, por los tiempos que exige, iría precedida de un cambio en el modelo de financiación que ya está en marcha y que, en buena medida, puede prefigurarla y condicionarla. Y puede hacerlo porque en un Estado complejo de corte federal como es hoy el español, el conflicto más obvio es el que existe entre autonomía y solidaridad; es decir, entre la capacidad para decidir el nivel y composición de ingresos y gastos de los gobiernos subcentrales y un determinado nivel común en la prestación de los servicios públicos. Este grado relativo de cumplimiento de ambos principios es, por lo normal, lo más difícil de acordar.
 
<h2><span class="editor_enlaceBasico">Sobre esto conviene dejar claro:</span></h2>Que existe una independencia formal entre autogobierno y solidaridad y, por eso, el compromiso entre ambos puede hacerse al nivel que resulte políticamente satisfactorio.
 
Que la prestación de los servicios públicos repercute de forma directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Garantizar un nivel de prestación equivalente tiene que ser prioritario en la agenda de responsabilidades públicas. Dicho más raso: la sanidad, la educación y de los servicios sociales en Asturias dependen de esta cuestión.
 
Si las diferencias culturales, institucionales o de renta y riqueza se traducen en diferentes derechos económicos o sociales se estaría afectando al corazón mismo del sistema democrático.
 
Y también debemos tener en cuenta que los partidos estatales no precisan sus planteamientos sobre la reforma constitucional en sí ni sobre la financiación:
 
El PP no realiza ninguna propuesta mínimamente detallada en su programa; Ciudadanos solamente concreta la introducción de unos mínimos homogéneos en la imposición patrimonial, planteamiento compartido con Podemos y PSOE.; Podemos, por su parte, ofrece como solución el derecho a decidir de las naciones que lo hayan planteado con especial intensidad, añadiendo que pretende seducir a sus votantes para que se queden, pero sin aclarar por donde va la seducción; y el PSOE es el único que ha planteado una propuesta concreta para la reforma constitucional con unas líneas maestras en materia de financiación autonómica pendientes de desarrollar.
 
Tenemos un antecedente que nos adelanta ya que la controversia será máxima. El debate de expertos que se ha producido en la Comisión para la Reforma del Sistema de Financiación revela las dificultades objetivas para llegar a un acuerdo, con posiciones distintas desde el punto de vista académico, aunque las mayores diferencias, y las más preocupantes, son de naturaleza ideológica y política.
 
No es difícil colegir de la propuesta de la comisión y los diferentes votos particulares que se abren posibilidades reales de que las regiones compitan entre sí. Es comprensible que quienes consideran que la dimensión del sector público y la presión tributaria han alcanzado niveles excesivos piensen que la competencia fiscal puede permitir a ciudadanos y empresas, vía "voto con los pies", escapar de la jurisdicción en la que se consideran maltratados.
 
Asimismo, es comprensible que se proponga la competencia fiscal no sólo como un instrumento para controlar la tendencia expansiva del gasto público, sino también para que al propiciar la competencia entre territorios y disminuir la nivelación de los servicios públicos se favorezca el crecimiento de las comunidades más dinámicas.
 
De ahí que, planteado el dilema de si en la financiación deben predominar las transferencias de la Administración central o mediante sus propios impuestos, algunos reclamen para las comunidades más altas cotas de poder tributario. Lo reclaman aunque saben que al permitir que la financiación de cada territorio no dependa solo de factores de coste, sino también del nivel de renta, se debilita la garantía constitucional de igualdad. Por eso, y más aún en un país tan desequilibrado como España en términos de renta y riqueza, cada fuerza política retrata a través del sistema de financiación el valor que otorga a la igualdad y a la solidaridad.
 
Es evidente, por tanto, la incidencia que en la vida de los ciudadanos tiene un sistema de financiación en el que pugnan dos puntos de vista fundamentalmente políticos que responden a enfoques económicos y sociales bien diferenciados y que conducen a un modelo dual y competitivo o a otro más cooperativo y solidario. Asturias tendrá que definirse. Para el Gobierno, la opción es un sistema cooperativo y solidario.
 
Ocurre, sin embargo, que en España no solo existen diferencias ideológicas de carácter político y social a la hora de definir los mecanismos de cohesión territorial. Muy al contrario, la construcción del Estado autonómico y la descentralización que conlleva ha sido impulsada y condicionada por la existencia de nacionalismos interiores, sin duda el más genuino hecho diferencial del Estado autonómico.
 
Es ese diferencialismo el que, transcendiendo del eje izquierda-derecha, ha permitido privilegios controlados de carácter confederal como ocurre en el País Vasco. El mismo que ahora puede impulsar que una descentralización concebida para dar cabida a la diversidad derive en una competición por los recursos entre territorios de forma que, a fuerza de apelar a la defensa de la diversidad, se termine defendiendo la desigualdad. Vuelvo a apostillar: a eso se opondrá este Gobierno.
 
Por eso es preocupante que haya fuerzas políticas que reivindiquen el abandono del cooperativismo para promover la competición territorial rebajando impuestos, propiciando el "voto con los pies" y profundizando la brecha entre territorios ricos y pobres. Pero más preocupante aún es que al entremezclar autogobierno con reconocimiento nacional, se propicie evolucionar hacia un dualismo que no deslinda lo económico de lo cultural, introduce una permanente tensión dialéctica en lo institucional y propone límites constitucionales a la solidaridad interterritorial.
 
Queda claro, pues, que es mucho lo que nos jugamos. Por su dimensión y por sus consecuencias sobre la vida diaria de la ciudadanía, el Gobierno del Principado también buscará en este asunto el máximo consenso posible con todos ustedes.
 
Concluyo. Faltan 19 meses para el fin de la legislatura; como podemos adivinar, será un tiempo decisivo para el futuro de Asturias. Aprovecharlo, hacerlo fructífero, es nuestra obligación. Compartamos la tarea de construir una Asturias mejor. Para ello quiero contar con ustedes. Les aseguro que pueden contar conmigo.

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