Luigi Ferrajoli, jurista italiano luego nacionalizado francés, es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, que desconfía hacia todo tipo de poder, público o privado, de alcance nacional o internacional. Fue juez entre 1990 y 1995, vinculado a una asociación judicial de orientación progresista y desde 1970 fue profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría general del Derecho en la Universidad de Camerino. Participa hoy en un seminario en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, a las 12.00 horas, sobre el futuro de las Constituciones.
-¿Está en crisis el sistema democrático?
-Sí, y es una crisis profunda por muchos factores: el más grave es el vuelco que ha tenido lugar entre política y economía, debido a su vez al desplome de la representación política y de la calidad de la clase de gobierno. Hoy ya no es la política quien gobierna la economía, sino la economía y las finanzas quienes gobiernan la política. Ya no son los gobiernos y los parlamentos quienes dictan las reglas a los poderes económicos y financieros, sino los poderes económicos quienes dictan las reglas a los poderes políticos, tanto legislativos como de gobierno. A la impotencia de la política respecto a los poderes salvajes de los mercados se corresponde su renovada omnipotencia en perjuicio de los ciudadanos y de sus derechos, que se ha manifestado, en Italia, en la demolición de los derechos de los trabajadores y de los derechos sociales. Y en las repetidas tentativas de reforma de la Constitución dirigidas a favorecer la "gobernabilidad" mediante la personalización y la verticalización del sistema político y la neutralización del Parlamento.
-¿Qué opina del problema de Cataluña? ¿Y la solución que ha dado el Gobierno?
-Visto desde fuera parece el resultado de un choque irracional e irresponsable de dos nacionalismos. La pretensión catalana de independencia carece de todo fundamento, no sólo en el plano jurídico sino también en el político. El derecho de autodeterminación de los pueblos, de hecho, se fundamenta y se justifica sólo en el caso de pueblos oprimidos, como por ejemplo los palestinos o los kurdos. Tengo la impresión de que la reivindicación secesionista catalana sea únicamente un signo de la aversión más que del respeto por los diferentes; un signo del egoísmo regional y de la ausencia de solidaridad con las regiones más pobres. Dicho esto, creo que en todo este triste suceso los independentistas catalanes hayan encontrado a sus mayores aliados en la total indisponibilidad al diálogo del Gobierno central y en la obtusa e insensata criminalización, llegando a la absurda prisión preventiva, de los miembros del exgobierno catalán.
-Defiende que la autonomía no debe radicar en el conjunto del poder judicial sino en la independencia de cada uno de los jueces.
-Son necesarias ambas independencias: la independencia externa del poder judicial respecto a cualquier otro poder, empezando por el poder político del Gobierno y la independencia interna de cada uno de los jueces de jerarquías o condicionamientos internos al orden judicial.
- En su obra "Poderes salvajes: la crisis de la democracia constitucional", sostiene la necesidad de no admitir la existencia de poderes absolutos, es decir no sujetos a leyes. ¿Cómo?
-Mediante adecuadas garantías: no sólo el sometimiento a la ley, que obviamente requiere leyes lo más claras y precisas posibles, sino también con el control jurisdiccional respecto a las violaciones de las leyes. Más allá de la tradicional separación de Montesquieu entre los poderes públicos, he mantenido que hoy en día deberían añadirse, mediante rígidas reglas de incompatibilidad, otras dos separaciones no menos importantes: en primer lugar entre poderes políticos públicos y poderes económicos privados. En segundo lugar, la separación entre cargos de partido y funciones públicas incluso electivas.
-Los derechos fundamentales se convierten en utopía en muchos países en guerra.
-Contra la guerra no se han introducido garantías adecuadas. La garantía principal debería ser el desarme de los Estados, la radical prohibición de las armas y el monopolio de la fuerza atribuido a la ONU. Pero otras garantías igual de fundamentales serían la reducción de las desigualdades entre los diferentes países mediante la introducción de garantías globales de derechos sociales así como de bienes comunes.
-¿Es partidario de endurecer las penas para combatir la corrupción?
-No. El problema no es la suavidad de las penas sino que no se aplican, y eso siempre es un factor criminógeno.
-¿Apoya las cadenas perpetuas?
-Obviamente no. La cadena perpetua es una muerte civil que contradice todos los principios constitucionales, desde el derecho a la vida y la dignidad de la persona hasta la prohibición de penas inhumanas y degradantes y el principio de resocialización de la pena.
-Rechaza también el uso de los ejércitos para combatir el crimen organizado. ¿Qué opina de que en Colombia muchos ciudadanos demanden castigos ejemplares para los autores de los crímenes de las FARC?
-La intervención del ejército en las funciones de policía siempre es síntoma patológico de una crisis peligrosa del Estado de derecho. Respecto a los crímenes de las FARC, lo cierto es que no son más graves que los cometidos por las fuerzas paramilitares. Hoy el verdadero objetivo, sancionado por la propia Constitución colombiana y prejudicial a cualquier otro objetivo, es en todo caso la paz, después de medio siglo de absurdos conflictos armados. Y este objetivo puede y debe ser realizado sólo en forma de una justicia transacional, dirigida únicamente a averiguar los crímenes, y no ya a imponer "castigos ejemplares".
-¿Cómo se puede garantizar la protección social de los derechos fundamentales?
-Instituyendo y financiando funciones e instituciones de garantía primaria independientes, como la sanidad y la escuela públicas, y también mediante la introducción, como en la Constitución brasileña, de los vínculos presupuestarios anteriormente mencionados. Y, obviamente, financiando los gastos sociales con una progresividad real de los impuestos, adecuada a gravar las riquezas desorbitadas acumuladas en estos años.
- ¿Se pueden poner límites al poder privado?
-Obviamente sí. Hace muchos años que mantengo la necesidad de un constitucionalismo de derecho privado. Hay que liberarse de la mistificación de creer que los derechos de autonomía privada y económica son simplemente libertades, cuando realmente son sobre todo poderes. En el Estado de derecho, deberían estar sometidos a límites y sujeciones no menores que los de los poderes públicos, empezando por los poderes de los empresarios.
- ¿Qué opinión le merece la política migratoria de la UE?
-Es una política vergonzosa. Si continúan las actuales políticas de exclusión, que no son capaces de limitar el fenómeno sino sólo de clandestinizarlo y dramatizarlo, Europa se arriesga al desplome de la credibilidad de todos sus aclamados valores.
