El Claustro de la Universidad de Oviedo dio ayer luz verde a una propuesta del colectivo de estudiantes para iniciar una reducción progresiva de las tasas. Fue una toma de posición pero resultó significativo que la propuesta realizada por 28 claustrales pertenecientes al colectivo de alumnos recibiera la aprobación por mayoría de los presentes, sin votos en contra.
El Principado había anunciado a principios de verano la congelación de todas las tasas universitarias para paliar los efectos de la crisis y facilitar a los jóvenes el acceso a los estudios superiores pero no opinaba igual con la rebaja progresiva de los precios públicos reclamada desde el estudiantado. Así, la propuesta que los alumnos pusieron entonces sobre la mesa del rector, Santiago García Granda y del consejero de Educación, Genaro Alonso, incluía una rebaja progresiva que arrancaría en el 6,5% -con cargo al presupuesto de este año-; del 17% en el curso 2018-19; del 30% en 2019-20 hasta lograr en el curso 2020-21 una rebaja global del 43% respecto al presente curso académico. El Gobierno regional advirtió entonces, y así lo mantiene, que se podría hacer pero que no habría respaldo económico para tomar esa medida. El Rector, por su parte, hizo saber a la comunidad universitaria, durante la lectura de su balance anual de gestión ante el Claustro, que defiende la bajada de los precios públicos de matrícula hasta el punto de lograr en un periodo de tiempo razonable la equiparación de las tasas en grado y máster.
En el capítulo presupuestario García Granda también se refirió a los objetivos fijados en el plan de financiación acordado con el Principado hasta 2022, cuyas cifras ascienden a 131.344.967 euros, revisables a partir del primer año. La aportación del Principado para 2018 será de 128.802.084 euros: 126,202 millones para financiación ordinaria, un millón de euros para financiación por resultados y el plan de inversiones, cofinanciado al 80%, de dos millones de euros. De esta forma, anunció el Rector, podría llegarse a los niveles de antes de la crisis superando los 200 millones de euros de presupuesto en la institución académica para 2018.
Pese a tratarse del máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, formado por el Rector, la Secretaria General, la Gerente y 275 miembros claustrales de entre los diferentes sectores de la comunidad académica, ayer acudieron a la reunión menos de la mitad: 135. "Se ve que la gente cree que lo que se discute aquí no es tan importante", reconoció García Granda, quien, no obstante, señaló que tratarán de motivar para que todos los miembros del claustro acudan a las convocatorias que se realicen. "Intentaremos buscar otras redes donde podamos estar en contacto con los universitarios", agregó el máximo responsable de la institución académica.
La reunión de ayer fue la primera también en la que la nueva Defensora Universitaria, Paz Andrés presentó su informe. A lo largo de este primer año en el cargo atendió una mayoría de quejas relacionadas con procesos de matrícula, por parte del alumnado; sobre plazas y concursos, del colectivo de personal docente y de administración y servicios, correspondiendo al área de Ciencias Sociales y Jurídicas una mayoría de las intervenciones en este periodo.
Al Rector le correspondió igualmente defender la labor en el área de investigación, donde existen 152 grupos que acumulan 1.400 proyectos activos que movilizan 5,9 millones. Los principales méritos en este capítulo durante el último ejercicio fueron, para García Granda, los fondos captados del Consejero Europeo de Ciencia (ERC) captados por el físico Pablo Alonso y el bioquímico Carlos López-Otín.
