Los 105 millones aprobados para el Salario Social en el Presupuesto regional de 2017 se quedan cortos. El Gobierno autonómico ha aprobado en su reunión de hoy ampliar la partida de la renta básica en 4,57 millones para hacer frente a esta cobertura en la mensualidad de noviembre y tendrá que dotar con 10,3 millones la de diciembre. No es una medida nueva. Se produce todos los años, aproximadamente entre los meses de octubre y noviembre, porque la partida que destina cada año la consejería de Derechos Sociales es idéntica al importe de la factura del https://www.lne.es/asturias/2017/05/10/principado-descarta-salario-social-limite/2101719.htmlSalario Social del ejercicio anterior. Como quiera que la demanda de esta ayuda ha ido en aumento desde el inicio de la crisis, el Principado ya la declaró partida ampliable hace varios ejercicios y ahora, cada año, tiene que dotarla con ingresos adicionales.
El Gobierno autonómico ha destinado hasta ahora 99 millones y prevé que la nómina ascienda a 10,3 millones y llegue unas 22.000 familias que carecen de recursos suficientes para cubrir necesidades fundamentales.
El salario social básico constituye el principal instrumento para luchar contra la exclusión y el único apoyo para más de 47.800 personas que afrontan serias dificultades económicas. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha comentado que el 60 por ciento de los perceptores de esta ayuda son mujeres con menores a su cargo.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una nueva resolución de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que se regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención directa en centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Esta norma traspone y adapta al ámbito autonómico el acuerdo de 18 de octubre del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que flexibiliza las condiciones para garantizar la estabilidad en el empleo del sector. Concretamente, fija un nuevo plazo para exigir la cualificación profesional hasta 2022, amplía el ámbito de la habilitación excepcional y articula un régimen especial para el medio rural.
Una vez entre en vigor la resolución, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), los profesionales que trabajen en el sistema de la dependencia: auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores, cuidadores o auxiliares educadores, y carezcan de la titulación requerida, podrán solicitar ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la habilitación excepcional que les permita continuar con su labor si acreditan tener experiencia en la categoría correspondiente.
