Un abogado ha sido condenado por mala praxis y deberá pagar más de un millón de euros a su cliente, un joven ovetense que se quedó sin la jubilación a la que tenía derecho después de perder audición en los dos oídos mientras estaba realizando las prácticas de ingreso al Cuerpo Nacional de Policía en la academia de Ávila. Y todo, porque el letrado no presentó en tiempo y forma el correspondiente recurso contencioso-administrativo para lograr la paga que le correspondía al policía.
Fueron las prácticas en el campo de tiro de la academia las que provocaron en el joven -era el año 2007- una "hipoacusia neurosensorial del oído izquierdo", con afecación también en el oído derecho, que fue causa de exclusión médica para convertirse en Policía Nacional. El afectado recurrió al abogado ahora condenado para reclamar una pensión vitalicia por jubilación, algo que le había negado previamente la Dirección General de la Policía (DGP) al entender que la lesión no se había producido en acto de servicio. Pero no lo estimó así la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la razón al joven en marzo de 2012.
Con ese respaldo del Tribunal, el siguiente paso del demandante fue reclamar su pensión extraordinaria. Pero por una "mala praxis" del abogado Raúl Bocanegra -así lo indica ahora una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Oviedo-, el plazo del recurso expiró y el policía ovetense quedó sin derecho a su pensión.
Una nueva defensa, ejercida por Juan José y Javier Dapena Álvarez-Hevia, ha servido para que los tribunales admitan que el abogado debería haber sido más diligente, reconociéndole al ovetense un derecho a indemnización por parte del letrado de 1.266.912,6 euros. La cuantía es muy alta porque incluye lo que percibiría por su jubilación de forma vitalicia -fijando en 80 años su esperanza de vida-. Además el juez le suma otros 10.000 euros por los daños morales ocasionados por la situación de "incertidumbre y zozobra" que padeció.
Y lo primero que padeció el joven policía ovetense fue el tener que defender en los tribunales madrileños que su pérdida de audición había sido una lesión en acto de servicio. La prueba pericial practicada por un médico especialista en otorrinolaringología determinó que el joven, que había sido declarado apto en la revisión médica para acceder a la academia, desarrolló luego un problema auditivo -"hay personas con más sensibilidad que otras", según el experto- tras pasar un periodo de tres meses con prácticas de tiro. El experto admitió que era "muy posible" que la lesión fuese producida por un trauma acústico (detonaciones), lo que le generó una pérdida "no recuperable".
