La FACC unificará la defensa sobre los planes de empleo y agotará todas las vías para salvar el presupuesto de 2018

Además de asumir la defensa para coordinar todas las actuaciones, la FACC tiene previsto agotar todas las vías administrativas y judiciales para dilatar el proceso al máximo con el doble objetivo de evitar que los presupuestos municipales de 2018 se vean afectados por unas cuantías que suman más de tres millones de euros y, a su vez, disponer de margen temporal que permita encontrar una solución junto al Principado si finalmente los tribunales obligan a la devolución.

En declaraciones a Europa Press, García Palacios ha explicado que primero se esperará a recibir el requerimiento del Principado por carta para presentar alegaciones. Si no son atendidas, se presentaría un recurso de reposición y, si lleva a ser necesario, se llevaría el caso a la vía judicial contencioso-administrativa.

El presidente de la FACC se reunió este jueves con el consejero de Empleo, Isaac Pola, para trasladarle las medidas que llevará a cabo desde la federación y agradecer también la disposición del Principado para buscar una solución a la situación que afecta a 21 municipios asturianos.

La denuncia presentada por dos sindicalistas contra los planes de empleo locales de Asturias ante la Unión Europea ha desencadenado un efecto dominó de consecuencias múltiples: el Principado se ha visto obligado a reclamar la devolución de 3,5 millones de euros a los 21 ayuntamientos afectados, forzando la reacción inmediata de la Federación Asturiana de Concejos y de las direcciones políticas de la FSA y de IU, que ayer mismo pactaron una estrategia para "tratar de evitar que los municipios paguen un solo euro".

Los planes de empleo locales de Asturias fueron denunciados hace un año, aproximadamente, por dos delegados sindicales de CC OO de Luarca, que previamente habían planteado el debate de su uso incorrecto en el seno de su organización sindical. En la función pública de la región estaba extendido el malestar por el uso, a su juicio, abusivo que realizaban los ayuntamientos al aprovechar las ayudas procedentes de Europa para contratar a personal que realizaba trabajo estructural, con costes mínimos. Al no recibir la respuesta esperada por parte de su dirección, los dos sindicalistas presentaron la denuncia ante la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo, en Madrid, al que aportaron varias de las sentencias dictadas en Asturias, que consideraban improcedente el despido de algunos de los trabajadores que se habían acogido a los planes de empleo.

Esa denuncia ha derivado ahora en la exigencia por parte del Fondo Social Europeo de que los ayuntamientos devuelvan cantidades cobradas para desarrollar los planes de empleo que, en principio, suman 3,5 millones si bien esa cifra podría crecer si hubiera más reclamaciones. Como si de un efecto dominó se tratase, los acontecimientos se han precipitado en la última semana. El Gobierno se ha visto en la obligación de reclamar esa cantidad a una veintena de ayuntamientos a instancias de la Intervención del Principado, para no incurrir en dejación de funciones. "Somos conscientes del problema y queremos contribuir a su solución. No nos desentendemos, nos implicamos", avanzó ayer el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, justo el mismo día en que se reunían las direcciones de la Federación Socialista Asturiana y de IU para articular una estrategia en defensa de los ayuntamientos.

"Hay argumentos para responder a una interpretación equivocada", avanzó Iván Fernández, el secretario de política municipal de la FSA, quien anunció una reclamación en la vía administrativa, antes de tener que ir a la vía judicial y destacó "la plena sintonía" con IU.

Ignacio García Palacios, presidente de la FACC, se mostró partidario de "agotar todas las posibilidades de recurso legales y normativas en defensa de los intereses de los Ayuntamientos" y cree que el Principado "quiere buscar soluciones".