"El compromiso ahora tiene que ser suyo". El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha enarbolado así este mediodía la aceptación de las demandas de Podemos en materia de lucha anticorrupción y ha emplazado a la formación morada a una aceptación de su presupuesto que el propio Gobierno sabe lejana. En la comparecencia en la Junta para desgranar el presupuesto de su consejería, Martínez se refería a la asunción de las denuncias anónimas de los casos de corrupcion y a la inclusión en el proyecto de presupuestos de la oficina anticorrupción independiente del Gobierno. Todos los grupos de la oposición, salvo quizá IU, denostaron sin embargo las notables ausencias que detectaron en el presupuesto en materia sobre todo de infraestructuras judiciales, políticas de juventud o políticas de igualdad.
Todos ellos escenificaron el desacuerdo con la contundencia de Diana Sánchez, diputada de Ciudadanos, que aseguró que el presupuesto "nació fallido y morirá el 22 de diciembre y mi grupo no será el culpable, sino ustedes por no traer un proyecto negociado". Rafael Alonso (PP) ve "diferencias escasas" con las cuentas del año pasado y Pedro Leal (Foro) "un presupuesto fallido". Daniel Ripa (Podemos) reprochó de vuelta al Gobierno que haya sido el PSOE quien paralizó en la Junta la ponencia de su ley de unidad anticorrupción y se dijo escamado en su relación con el Ejecutivo a base de "propuestas anunciadas a bombo y platillo" y reiteradamente incumplidas. Concha Masa (IU) valora haber visto la mano de su grupo y algunas de sus propuestas, aunque también echa de menos la creación de unidades de igualdad en las consejerías y lamenta políticas de juventud "deficitarias".
"El desacuerdo sería la paralización de muchas oportunidades para mejorar la vida de las personas". En previsión de esta nueva escenificación de la divergencia, el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha introducido esta mañana el desglose del proyecto de presupuestos de su departamento con una nueva llamada a la oposición para vencer el evidente desacuerdo que separa al Gobierno de sus antagonistas parlamentarios de cara al futuro del diseño de cuentas aprobado por el Ejecutivo.
En su turno en la ronda de comparecencias de los consejeros en la Junta, Martínez presentó el presupuesto de su departamento, 135,2 millones de euros, un 6,4 por ciento por encima de la dotación consignada en las cuentas vigentes, como el mejor modo de garantizar la culminación de la implantación del expediente digital en la administración de justicia o la aplicación del incremento retributivo pactado con el personal, para el desarrollo del Pacto Social contra la violencia hacia las mujeres, el respaldo al retorno de emigrantes con pocos recursos o la extensión de las políticas de igualdad, juventud y participación ciudadana, así como la atención al servicio de emergencias.
La culminación de la implantación del expediente electrónico en la justicia compromete un millón de euros en el proyecto presupuestario de 2018, en el que la dotación de justicia sube un 8,82 por ciento hasta totalizar una previsión de inversión de 53,2 millones de euros. Es la partida más importante de la consejería de Presidencia y habilita una partida de 972.510 euros para el expediente digital y 1,6 millones para el incremento retributivo de los funcionarios, 1,5 destinados al complemento transitorio de 1.190 trabajadores y 101.400 a recompensar a los empleados públicos que prestan servicio en juzgados de violencia de género.
El proyecto del Gobierno incluye 2,5 millones de euros, un 12,2 por ciento más, para políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, con algo más de un millón y un incremento de 102.000 euros para la red de casas de acogida, además de 2,9 millones para acciones de respaldo a jóvenes. Destaca el incremento, del 125 por ciento, en las ayudas al retorno de emigrantes sin recursos, que ascienden en total a 90.000 euros y crecen sobre todo, destacó Guillermo Martínez, a la subida de peticiones mayoritariamente recibidas desde Venezuela.
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