El privilegiado sistema de financiación vasco levanta ampollas en el resto de comunidades autónomas. Todas ellas, a excepción de las que cuentan con sistema de cupo (País Vasco y Navarra), Cataluña (por ahora ajena a la negociación de la reforma financiera) y Canarias, recelan de las mejoras aprobadas por el PP y el PSOE para las cuentas de los vascos, que rebajarán su aportación al fondo común del Estado.
Y es que pese a que los grandes partidos han apoyado la rebaja del Cupo vasco (una de las condiciones para que Mariano Rajoy obtuviese el apoyo del PNV a sus presupuestos) los dirigentes territoriales de estas formaciones consideran que las comunidades forales deberían contribuir más a la nivelación entre territorios.
La rebelión contra el privilegio vasco la capitenan, por el lado socialista, barones como por ejemplo los responsables de Asturias, Aragón, Extremadura o Baleares. Los dirigentes populares de Galicia, Madrid o Murcia exigen una mayor transparencia en las cuentas de la financiación vasca, acusadas siempre de oscurantismo para acabar haciendo "cuadrar" acuerdos políticos sin que existan unos criterios claros por los cuales resulta mayor o menor la aportación de las comunidades forales a las arcas comunes.
"La desigualdad en términos de financiación por habitante con respecto a las Comunidades Forales quiebran el principio de igualdad de acceso a los servicios públicos del conjunto de comunidades", sostiene el gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page.
Los dirigentes territoriales no ponen en duda la singularidad del régimen foral, pero sí exigen claridad y protestan por que el resultado neto sea una nula contribución a la solidaridad entre territorios. Andalucía, por ejemplo, reclama tal y como señaló el informe de los expertos sobre financiación autonómica, que se aborde "un recálculo del Cupo vasco y de la aportación navarra, a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados".
Si hay quita, para todos
La posibilidad de que se planteen quitas a la deuda en Cataluña, como mecanismo para apaciguar la crisis independentista y tal y como propuso el secretario general del PSC Miquel Iceta, también genera la queja de algunas comunidades, incluidas las socialistas, que defienden que, de producirse esa condonación debería beneficiar a todos los territorios y negociarse en un margen multilateral.
