"No parece", dijo el consejero de Infraestructuras en el último Pleno de la Junta, que la transformación de Sogepsa en empresa íntegramente pública sea una exigencia legal. La discordancia entre esta declaración de Fernando Lastra y algunas de las anteriores del Principado sobre la crisis de la sociedad mixta de gestión del suelo hizo trepidar en sus asientos a los propietarios de terrenos expropiados por la sociedad. Los perjudicados que denunciaron a Sogepsa ante Bruselas deducen que el Gobierno "ha mentido" durante años, que la reunión que Lastra mantuvo el mes pasado en la Comisión Europea ha desmontado "el relato basado en el engaño" de la Administración, o que para llegar a la conclusión de que Europa no exigía nacionalizar Sogepsa no hacía falta ni esperar los tres años que han transcurrido desde la apertura del proceso sancionador a la empresa ni viajar ahora a Bruselas, porque "todas las directivas comunitarias y la jurisprudencia del Tribunal Europeo lo dejaban claro sin lugar a la duda".
Ni era una exigencia legal ni la única alternativa a la disolución como el Principado sostuvo hasta hace poco. Habla Miguel García Rúa, portavoz de los dueños de terrenos de La Magdalena, en Avilés. Hablan los expropiados que presentaron en 2010 la denuncia ante la Comisión Europea que desembocó en 2014 en la apertura de un procedimiento sancionador contra el Gobierno regional y Sogepsa por vulnerar la normativa comunitaria de competencia. Para resolver el conflicto y eludir el castigo, reafirman, Europa nunca exigió modificaciones accionariales, siempre bastó con que la entidad, aun con capital mixto, operase en el mercado respetando la transparencia y la concurrencia de otros operadores del sector.
Aquel intento de transformar Sogepsa en plenamente pública sólo obedecía, conjeturan los propietarios, al propósito del Gobierno de que "la deuda y las consecuencias de la nefasta gestión de la sociedad se integrase en los presupuestos autonómicos". El rechazo de toda la oposición parlamentaria salvo IU dio al traste con el propósito del Principado. Ahora, dan por hecho que la versión de la Administración no ha colado, que ni era exigencia legal ni la única alternativa posible a la disolución de la empresa y emplazan al consejero y presidente del consejo de administración a "explicar las razones por las que se ha generado su cuantiosa deuda, los motivos de la descapitalización de la sociedad y cómo se han distribuido los beneficios entre Sogepsa y el sector privado".
La dirección de la entidad repite que pretende salvarla vendiendo suelo, pero el resultado de la última operación para la enajenación de terreno de uso residencial -la empresa sacó todas sus reservas al mercado el pasado verano y recibió dos únicas ofertas por 57 parcelas- no encontró resultados satisfactorios. He ahí la prueba, reseñan, de la quiebra del modelo de la gestión del suelo. Si se explican, dirán que el fiasco era perfectamente vaticinable como consecuencia de "decisiones políticas torpes, de no adaptar el precio de la vivienda protegida a la realidad del mercado inmobiliario". De 2007 a 2016, precisan García Rúa y su compañero Francisco Sánchez, el precio de la vivienda libre en Asturias descendió un 26 por ciento en el mismo periodo en el que la protegida subía un 23", de suerte que la demanda del mercado se ha desviado hacia la libre. Habría tenido sentido reducir las tarifas, pero eso habría obligado a rebajar, siempre según su tesis, el margen de beneficio de los socios privados, que tomando como ejemplo la promoción de La Magdalena se embolsaban 49.910 de cada 50.000 euros de rédito por vivienda, dejando únicamente 90 en Sogepsa. "La conclusión es que en la época de la burbuja", remata García Rúa, "se impulsaron grandes proyectos bajo el paraguas de la vivienda protegida cuando el objetivo real era generar pelotazos urbanísticos para repartir los beneficios entre los amigos".
