12 de diciembre de 2017
12.12.2017

"No recuerdo", dice el falso productor acusado de estafar 445.000 euros a 18 asturianos y leoneses

La defensa considera que los hechos han prescrito y que ya han sido juzgados en un caso anterior

12.12.2017 | 14:10
El acusado de estafa se dirige a la sala de vistas escoltado por policías.

"No recuerdo haber firmado ese contrato. Ese sello con mi firma no lo he puesto ahí", ha asegurado esta mañana el leonés Jorge Cerezal Flórez, el falso productor de televisión acusado de estafar la friolera de 445.000 a 18 personas con inversiones en series como "UPA Dance" o "Siete vidas", y que ya fue condenado a cuatro años hace poco por hacer lo mismo con otras dos personas, que pusieron dinero para la serie "Los Serrano", pero que no vieron un duro. Esta mañana, el acusado se ha escudado en que no recordaba haber suscrito los contratos, por los que prometía unos suculentos beneficios de hasta 50 por ciento. Claro que esos retornos no aparecieron jamás, ni tampoco el dinero que habían invertido.

La defensa del acusado, a cargo de Enrique Arce Mainzhausen, intentó por todos los medios suspender la vista, e incluso anular el juicio. Insistió en que los hechos habían prescrito. Como el último contrato lo había firmado en la primeramitad de 2005, en agosto de 2015 creyó que ya estaba libre de polvo y paja y volvió a dejarse ver por Madrid. Pero se le olvidaba que en 2006 se habían realizado unas diligencias en relación a esta estafa, lo que retrasaba unos meses la posible prescripción. La defensa lo intentó todo: que el tribunal tenía que ser recusado porque ya había juzgado previamente el otro caso por el que fue condenado, que tiene recurrida esa condena y que dependiendo del resultado podría afectar al proceso actual, que las partes personadas como acusación particular no son legítimas... Todas y cada una de estas alegaciones fueron rechazadas, pero a buen seguro que engrosarán un recurso en caso de condena.

El fiscal Enrique Valés-Solís pide seis años de prisión para el acusado y una multa de más de 7.000 euros, igual que las acusaciones particulares, ejercidas por dos víctimas, cuyos intereses defienden los letrados José Ramón Nistal y Alberto Suárez.

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