Asturias se enfrenta a una nueva reconversión industrial en el horizonte del año 2020. Ese es el temor del gobierno regional asturiano y está avalado con las perspectivas que analiza el Ministerio de Industria. El complicado futuro del las centrales térmicas del carbón, el previsible encarecimiento del comercio de los derechos de emisiones de dióxido de carbono y el probable aumento del precio de la electricidad pueden componer un escenario de asfixia para la industria asturiana. Se trata de una encrucijada comparable a la que vivió el sector en las duras reconversiones pasadas y se convertirá en un asunto trascendental para el último año de gobierno de Javier Fernández, quien ya ha advertido en algunos foros de lo que llega.
La "tormenta perfecta" sobre la industria asturiana tiene varios factores cuya resolución no está clara y que tienen que ver con las necesarias políticas para combatir el cambio climático, sobre que Europa (en especial Francia) quiere acelerar pese al riesgo que suponen para el mapa energético español y en especial para el asturiano.
La catástrofe del carbón. El mineral que en otro tiempo fue emblema energético de Asturias tiene los días contados. El carbón autóctono, ya con un peso residual, recibirá a finales de 2018 la puntilla europea y no se han aclarado los efectos en el empleo. En diciembre del próximo año todas las explotaciones subvencionadas deberán clausurar y aquellas que sigan abiertas tendrán que devolver las ayudas recibidas. En Asturias implica el cierre prácticamente total de las minas, deficitarias o con un beneficio tan ajustado que la devolución de subvenciones las hará inviables.
La condena de las térmicas. El cierre de la térmica de carbón de Lada (Langreo), junto con la de Velilla del Río Carrión (Palencia), es un anticipo de la batalla que está sobre la mesa. Es una situación ajena a la del carbón autóctono, ya que las centrales se alimentan de forma muy mayoritaria por carbón importado. Pero, además de las consecuencias directas e indirectas del cierre, se puede activar un proceso similar a la caída de fichas de un dominó que termine por poner en una encrucijada a la industria asturiana.
Es un error, sostiene el Gobierno regional, limitar las consecuencias directas de los cierres anunciados por Iberdrola al centenar de empleos perdidos (todos ellos de calidad). A su clausura hay que sumar el severo impacto que tendrá en los tráficos de carbones de El Musel y su transporte. El puerto gijonés alcanzó este año su máximo histórico precisamente gracias al carbón para las térmicas, que representa una pieza angular de sus descargas de graneles. Y la patronal del transporte ya ha advertido de que la caída de los tráficos del carbón obligará a centenares de camioneros a buscarse alternativas.
Pero la térmica de carbón de Lada es solo el inicio de un cambio de paradigma energético que condena a las térmicas. El cierre anunciado por Iberdrola abre la puerta a que otras eléctricas dejen de invertir en los grupos eléctricos de Compostilla, La Robla y Narcea, que también tienen como referencia de descargas el puerto del Musel. Y si las empresas no llevan a cabo las inversiones para limitar la emisión de gases dejarán de estar operativas a partir de 2021. El actual escenario energético es que sólo tendrán garantías de continuidad las centrales de carbón costeras, por lo que en el horizonte de cuatro años la potencia eléctrica española de este tipo de instalaciones pasará de los 10.131 megavatios actuales a 4.685 megavatios.
Incertidumbre. Las previsiones europeas pasan por que la energía procedente de las centrales térmicas se sustituya por otras obtenidas de manera menos contaminante: el gas y las renovables. Sin embargo, el modo en que se fija el precio eléctrico hace prever una inmediata subida de la tarifa en cuanto se cierren las térmicas. El precio de la luz se determina en función de los últimos sistemas de generación que permiten cubrir la demanda. Las renovables carecen de una producción estable, por lo que siempre será necesario contar con un sistema de generación seguro que respalde el consumo. Ese papel lo desempeñan hoy el gas y el carbón, pero el primero tiene unos costes mayores. El precio que marca la tarifa final (precio marginal) se dispararía si no hubiera opción a contar con el carbón. Aunque hay estudios que cuestionan que en términos globales se incrementen los costes si se suprime el carbón, los cálculos del Ministerio de Industria son que la subida en el precio de la luz llegaría hasta un 15 por ciento.
¿Y se cubriría la demanda? La denominada transición energética, cuyos objetivos para el horizonte de 2030 están en discusión, pretende que las renovables ganen peso entre todas las opciones de generación. En la actualidad se persigue que en 13 años representen el 27 por ciento de toda la energía consumida, aunque la posición de los partidos españoles en el Parlamento Europeo es que se llegue al 35 por ciento. Pero, al tiempo, la reducción de emisiones obligará a otros sectores, en especial el transporte, a rebajar el consumo de combustibles fósiles, con lo que será mucho mayor la demanda eléctrica.
Un reciente estudio de prospectiva realizado por CEPSA señala que los edificios y el transporte superarán entonces a la industria en demanda global, representando un 58%. En ese escenario, será importante para los países contar con un sistema de generación que garantice el suministro y que, al tiempo, no dispare los precios. De ahí que el Gobierno regional considere estratégica la continuidad de las térmicas de carbón.
La nuclear, en la cuerda floja. La energía nuclear goza de mala prensa, aunque es el sistema más estable como suministrador a la red. Las formaciones de izquierdas no quieren que el parque nuclear español prorrogue sus servicios y defiende un cierre escalonado comenzando en 2021 con Almaraz I y concluyendo en 2028 con la clausura de Trillo.
"El impacto sobre el precio y sobre la seguridad del suministro, fiado exclusivamente en cuanto a potencia firme a las centrales de gas podría ser insostenible", advierten fuentes del Principado. Si bien Alemania decidió cerrar sus nucleares tras el accidente de Fukushima, Francia centra su debate energético en acabar con las térmicas: en España coinciden en el tiempo ambos objetivos.
A pagar emisiones. A este panorama de una mayor demanda energética, unos precios al alza por la desaparición de las térmicas, la planificada clausura de las centrales nucleares, la incertidumbre e la estabilidad de las renovables y los objetivos por reducir las emisiones de dióxido de carbono, se añade otro factor clave para la industria asturiana: el fin de la gratuidad de los derechos de emisión de CO2. A partir de 2020 la industria asturiana deberá comprar el derecho a emitir gases de efecto invernadero, hasta ahora gratuito para ellas y con un coste aproximado de 6 euros por tonelada. Pero esta cuantía puede elevarse a la luz del discurso de algunos líderes europeos, en especial el francés Emmanuel Macron. La industria asturiana llegará a 2020 con una asignación de derechos gratuitos de 8,2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y el principal consumidor de esos derechos es Arcelor, con 6,4 millones de toneladas, y que recientemente ha visto cómo la UE penaliza sus instalaciones asturianas al no computar ciertas mejoras ambientales. Pero otras empresas también afrontan el trago de tener que pagar a un precio aún desconocido por emitir CO2: Cementos Tudela Veguín, Alcoa, Dupont, Fertiberia, Saint-Gobain Cristalería, Química del Nalón, Calera de San Cucao o Celulosa de Asturias son algunas de las 18 sujetas a esta incertidumbre.
La advertencia. El gobierno regional y su presidente, Javier Fernández, incrementarán en los próximos meses sus advertencias sobre la preocupante situación que se cierne sobre Asturias. Y redoblarán la petición de establecer un sistema jurídico que dote al Gobierno central de la potestad para vetar el cierre de centrales térmicas como garantía de control sobre el precio de la electricidad. Pero esta postura choca con la posición expresada por el PSOE federal de Pedro Sánchez, partidario de acelerar la descarbonización.
"El aumento del precio de la electricidad es, sin duda, un riesgo importante para el porvenir de la industria asturiana, ya que contamos con empresas que compiten en mercados mundiales, mientras que adquieren su energía en un mercado aislado como es el español. Desde Europa se plantean cada vez mayores restricciones medioambientales, pero también se niegan unas conexiones eléctricas suficientes con Francia", advierten fuentes del Gobierno regional.
