La cárcel de Villabona se llama ya oficialmente Centro Penitenciario de Asturias, según la Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado.

Según consta en el texto, el cambio nominativo se debe a que "por vecinos de la localidad de Villabona perteneciente al citado concejo de Llanera, se ha solicitado a la Administración Penitenciaria desligar la denominación de 'Centro Penitenciario de Villabona', de la de su localidad, con la finalidad de evitar los perjuicios que para su imagen y desarrollo pudiera suponer tal denominación. En consecuencia, resulta oportuno acceder a lo demandado y realizar un cambio de la denominación del referido Centro Penitenciario por una más genérica, como es la de 'Centro Penitenciario de Asturias'".

El cambio de nominación del centro penitenciario de Asturias ya fue aprobada en el Congreso el pasado mes de febrero, pero legalmente no era efectivo hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La lucha reivindicativa de los vecinos ya era histórica. Tanto como que la actual Corporación de Llanera dató en 1994 (la cárcel entró en servicio en 1993) la primera iniciativa para cambiar el nombre del presidio, impulsada por los grupos políticos PP y CDS, y por el entonces conde de Villabona, Augusto Díaz Ordóñez. A ese primer intento seguirían, en los mandatos siguientes, otras iniciativas que, según reconocen los distintos partidos, "no siempre lograron encontrar el apoyo unánime de todos los grupos municipales".

Fue precisamente en marzo de 2016 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Llanera aprobó solicitar al Ministerio del Interior la modificación del nombre del centro penitenciario que ahora ya es una realidad.

Fuentes del sindicato CSIF mostraron su satisfacción ante la consecución de "la justa reivindicación de los vecinos", evitando así "la estigmatización" que sufrían. Desde esta organización sindical también aprovecharon para denunciar una vez más "la grave situación que atraviesa el centro penitenciario en cuanto a su escasez de personal y elevada media de edad de la plantilla, además de la pérdida de poder adquisitivo -entorno al 20 por ciento- de los trabajadores penitenciarios".