En un momento pertinente, recién caído en la Junta el proyecto de presupuesto del Principado para 2018 y en las vísperas del inicio oficial de la que será la tercera prórroga presupuestaria en cinco años, la Sindicatura de Cuentas acaba de concluir el desmenuzado de algunas de las deficiencias de la gestión de 2016, hasta ahora el último ejercicio en el que la Administración asturiana se vio forzada a funcionar con las limitaciones de las cuentas del año anterior prorrogadas. En su informe sobre la cuenta general de 2016, divulgado ayer, venido del pasado como una suerte de aviso para el futuro inmediato, el organismo fiscalizador cuestiona que hace dos años el Principado se endeudara por importe de 595,6 millones de euros sin atender el requisito legal de que la Junta "aprobara una ley que indicara el destino y características" de los créditos.

Es una de las incorrecciones que identifica el examen de la Sindicatura. Es también la reapertura de una vieja controversia judicializada dos años antes, en la prórroga de 2014, cuando una denuncia de Foro sobre la falta de soporte legal del endeudamiento del Principado llegó hasta el Tribunal Supremo, que dio la razón a la formación conservadora sobre la inevitabilidad del paso por la Junta. El Gobierno adujo entonces, y vuelve a argumentar en sus alegaciones al informe de fiscalización de 2016, que la prolongación automática de la vigencia del presupuesto también supone la renovación de la autorización para formalizar operaciones de crédito. La Sindicatura no está de acuerdo y su objeción funciona como una advertencia de que la prórroga que se avecina obliga a consultar a la Junta para emprender operaciones de crédito.

Los reparos de la Sindicatura son avisos sobre 2016 con tono de advertencia para 2018. De hace dos años, reprenden, no constan "los gastos concretos que han sido financiados" con 104,64 millones procedentes de préstamos obtenidos en ese ejercicio por el Principado, cuestión ésta que se repite con otras cuantías en informes anteriores del ente fiscalizador. Alerta el organismo de que en la información facilitada falta "el detalle de facturas u obligaciones financiadas" con esas cantidades y establece asimismo que la Administración contravino la ley al elevar en 21,7 millones de euros los créditos iniciales del presupuesto prorrogado respecto a las cuentas de 2015. Enfatiza además la elevada cuantía de los avales concedidos por el Principado a las empresas con capital público Sogepsa y Zalia, 114,1 y 67,2 millones, respectivamente, "pese a las dudas sobre su continuidad", advierte el informe, que en el caso específico de la sociedad mixta de gestión del suelo también pone en duda que las cuentas de la Administración no incluyeran en 2016 provisión alguna para hacer frente a los créditos a largo plazo aun con las "dudas razonables sobre la recuperación de esos fondos".

Pese a que en general, a salvo de estas precisiones, la información de la cuenta general concuerda "con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos", la Sindicatura también echa en falta en las cuentas del Principado "un sistema que permita conocer el coste real de cada política y servicio", así como "indicadores para evaluar los resultados" de la gestión. Es por esta razón que el informe se declara incapaz de "expresar una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión presupuestaria".