El Juzgado número 3 de Oviedo, del que es titular la magistrada Begoña Fernández, ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por las asociaciones Women's Link y Abogadas por la Igualdad contra el psicólogo forense Ramón Vilalta, al que acusaban de desacreditar a las víctimas en sus valoraciones de credibilidad de las denunciantes de abusos sexuales a menores y violencia machista. La magistrada entiende que no hay indicios suficientes del delito de odio esgrimido por las asociaciones feministas, que ya han anunciado que presentarán un recurso de reforma a la decisión del Juzgado y, en caso de ser rechazado, otro de apelación ante la Audiencia Nacional. "Confiamos en la justicia y vamos a seguir adelante con el procedimiento judicial porque no se puede permitir que cuando las mujeres intentan acceder a la justicia, no se las crea por el hecho de ser mujeres", indicó una portavoz de Women's Link.

Según las asociaciones, el psicólogo presentaba a las mujeres como manipuladoras de sus hijos y "mentirosas" con el fin de dañar a su parejas o exparejas. La querella imputaba a Vilalta, decano del Colegio de Psicólogos de Asturias, un delito de odio en base al género.

La denuncia presentaba cinco casos en los que las valoraciones de Vilalta frustraron la acusación: dos de abusos sexuales a menores por parte de sus padres, otro por parte de un abuelo y otros dos de violencia machista. "En cuatro de esos casos, la valoración del psicólogo forense forzó el archivo de las diligencias", aseguraba entonces Elena Laporta, abogada de Women's Link, quien ahora indica que falta jurisprudencia en estos casos.

Días después de la presentación de la querella, el psicólogo forense se confesaba a sus allegados "machacado" por la denuncia. Algunos compañeros de profesión defendieron su profesionalidad e indicaron que estaba considerado como uno de los mejores, si no el mejor, psicólogo forense del país. El problema es que defendió en algunos artículos el síndrome de alienación parental, muy combatido desde ámbitos feministas.

Ya el año pasado, trece asociaciones feministas plantearon una queja en el caso de Susana Guerrero, que perdió la custodia de su hija -que más tarde recuperó, pese a ser condenada por denuncia falsa y establecerse que sí influyó a su hija contra su padre- por decisión de un Juzgado de Talavera, tomando como base un informe pericial del psicólogo forense Maxim Winberg -antecesor en el cargo de Vilalta en Oviedo-, que utilizó como argumento el síndrome de alienación parental.