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Asturias lidera en la UE un frente común del Norte para acabar con el plumero

En trámite una iniciativa para implicar a la Comisión en la lucha y obtener subvenciones

Asturias lidera en la UE un frente común del Norte para acabar con el plumero

Asturias abandera en Bruselas un frente común para luchar contra el plumero de la Pampa. El objetivo es lograr que la planta sea incluida en la lista comunitaria de especies invasoras preocupantes, cuando se realice su próxima actualización.

La entrada de la cortaderia selloana en el listado daría pie a la consecución de subvenciones para poner en marcha programas de erradicación y contención de la especie, que sólo en el Principado cuenta con 910.000 ejemplares, según las valoraciones realizadas. Durante el periodo 2004-2006 se estimó una ocupación de 11,21 hectáreas y en la actualidad ya suman más de 500.

El eurodiputado socialista Jonás Fernández presentó ayer en Bruselas una pregunta ante la Comisión, para instar al Ejecutivo europeo a integrar a la hierba de la Pampa en el catálogo de especies invasoras.

El documento, elaborado a iniciativa de Asturias, también está rubricado por el eurodiputado socialista gallego y exministro de Fomento José Blanco y la eurodiputada socialista vasca Eider Gardiazábal Rubial, nieta del histórico dirigente socialista Ramón Rubial. La región logra así el apoyo de la Cornisa para avanzar en el plan de erradicación anunciado por la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente, a fin de atajar la expansión de la planta de Occidente a Oriente, en la dirección opuesta a la que la especie siguió en su camino de avance por Asturias. El Ejecutivo regional reclamó el pasado otoño al Ministerio de Agricultura una estrategia nacional para erradicar el plumero, que, según consideró el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, es el principal problema medioambiental de la región. La estrategia de ataque contra el avance de la gramínea nativa de Sudamérica tiene ya su proyecto y el Principado espera poder incorporar a su financiación a otras instancias administrativas propietarias de terrenos afectados, fundamentalmente al Estado, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

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