Los interinos de larga duración que trabajan para el Principado reclamarán indemnizaciones si son cesados en sus puestos para hacer sitio al personal que saque plaza en las convocatorias de empleo público que empezarán a salir el próximo año. Los sindicatos vaticinan un aluvión de demandas ante las repetidas sentencias, avaladas por la jurisprudencia europea, que castigan el abuso de esa fórmula de contratación al que han recurrido todas las administraciones en España en los últimos años, ya que durante la crisis apenas hubo oposiciones.
El Principado cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 36.000 empleados públicos de los que más de un 20 por ciento son interinos, según ha reconocido la propia administración. Y alrededor de la mitad, algo más de 4.000, son interinos de larga duración repartidos entre la sanidad, la educación y los servicios generales (consejerías) de la administración autonómica.
Los sindicatos vaticinan un aluvión de demandas de estos colectivos en el Principado tras la creciente jurisprudencia que pone coto al uso abusivo de esa fórmula de contratación en todas las administraciones de España. "Los fallos judiciales avalan las pretensiones de este colectivo. Es lógico que decidan reclamar indemnizaciones en caso de cese", afirmó Sergio Peña, presidente en Asturias del sindicato CSIF. Emma Rodríguez, del sindicato Suatea, del ámbito de la educación, confirmó que muchos profesores interinos "están a la expectativa" ante el escenario combinado de la convocatoria de oposiciones , anunciada por el Principado para este año, y las últimas sentencias a favor de los interinos de larga duración y destacó que un grupo de afectados ya ha puesto su caso en manos de un despacho de abogados especializado en esta materia. Por su parte, Ángel Colmeiro, del sindicato médico SIMPA, detalló que los estatutarios están a la espera de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que decidirá si tienen derecho o no a percibir una indemnización en caso de ces.
Las sentencias de varios tribunales de justicia, amparadas en directivas comunitarias y en fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han ido equiparando en derechos a los interinos de larga duración con los funcionarios en cuestiones como el abono de la carrera profesional. El fallo más reciente, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, abre la puerta al reconocimiento de más derechos para los interinos de larga duración: los considera indefinidos con puesto fijo mientras sus plazas no salgan a oposición o se cubran mediante promoción interna y establece que tienen derecho a cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado en el caso de que sean cesados.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia obligó a la Xunta a readmitir a una trabajadora indefinida no fija que había sido cesada tras cubrir su plaza en un concurso de traslados al considerar como nulo su despido.
