El Gobierno del Principado aunará esfuerzos con los de Aragón y Castilla y León en contra del cierre de las centrales térmicas de carbón y a favor de la "presión" sobre las autoridades de la UE para prolongar la supervivencia de la minería. Los presidentes de las tres comunidades autónomas se reunirán el próximo mes de febrero en un lugar aún por confirmar para defender, según ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, "una transición energética progresiva" que no se ejecute de modo "apresurado" y condene a Asturias "a una tercera reconversión industrial que sería indeseable". Las tres autonomías comparten la incertidumbre por el futuro del carbón, con la fecha límite puesta el próximo 31 de diciembre para las empresas mineras que no sean capaces de devolver las ayudas europeas, y por el porvenir de sus térmicas: Iberdrola ha anunciado el cierre de las de Lada, en Langreo, y Velilla (Palencia) y Endesa programa para 2020 el de la de Andorra, en Teruel. "Parece lógico que logremos alcanzar acuerdos para trasladar al Gobierno y a las autoridades comunitarias", ha sentenciado el Consejero, que precisó que el formato de la "cumbre" será similar al de la que se celebró el mes pasado en Oviedo con Galicia y Castilla y León para abordar las consecuencias de la crisis demográfica y de la oleada de incendios forestales y para consensuar una posición común respecto a la inminente reforma del modelo de financiación autonómica.

Martínez ha querido exponer la postura del Gobierno, tendente a armonizar el compromiso irrenunciable con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y la impresión de que esa rebaja "no debe hacerse de manera apresurada y sin reparar en las consecuencias que conllevaría un cierre precipitado de las térmicas", mencionando las repercusiones sobre el empleo, la actividad del puerto de El Musel o el previsible incremento de la energía. En su comparecencia posterior a la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia ha argumentado, respecto a las previsiones de cierre de la minería, que el Principado mantiene su pretensión de "presionar" al Gobierno de España para que éste se dirija a las autoridades europeas con un único propíosito: "flexibilizar" las condiciones que dirigen el cierre de las empresas que no tengan capacidad para devolver las ayudas recibidas.

Frente a la visión que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, expresó la pasada semana en Oviedo, donde expuso su intención de trabajar hacia la prolongación de la actividad extractiva pero siempre sin renunciar a la obligación de devolución de las subvenciones, el consejero asturiano reitera que su pretensión es que "el Gobierno presione a las autoridades comunitarias para flexibilizar los criterios de pago o conseguir en parte si fuera posible la no devolución de las ayudas, que lidere y presione para que esa decisión de la UE sea más flexible".