A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la Universidad española mantiene una fuerte dependencia de fuentes de financiación públicas. En el Principado esa realidad se traduce en que tres cuartas partes de los ingresos de su Universidad están en manos del presupuesto autonómico.
La disminución de las transferencias a las universidades en los peores años de la crisis e, incluso, la caída de los ingresos por matrículas no han sido obstáculo para que la institución docente asturiana mantenga una sólida sujeción a las arcas públicas. De hecho, el Principado se sitúa entre las cinco comunidades con mayor aportación pública a su Universidad. Si en 2009 la asignación por estudiante era de 6.309 euros, según los datos del Observatorio del Sistema Universitario en su informe "¿Quién financia la Universidad?", en 2015 la aportación del Principado por universitario creció en casi 300 euros hasta alcanzar 6.667 euros por alumno. Por delante se sitúan comunidades como País Vasco donde la financiación por estudiante es de 8.429 euros; La Rioja, con una asignación de 7.955 euros por alumno; Cantabria, con 7.128 euros o Navarra, donde en el mismo ejercicio llegaron a 6.990 euros por alumno.
Expertos del ámbito académico vienen advirtiendo desde hace tiempo la necesidad de dar un vuelco hacia el modelo anglosajón, donde se da mayor cabida a la financiación privada mediante el establecimiento de unas matrículas para las enseñanzas oficiales que son más representativas de los costes de prestación de los servicios académicos.
Es también la tendencia que mayoritariamente han seguido los gobiernos europeos en las últimas tres décadas para potenciar la autonomía universitaria en los ámbitos organizativos y financieros, derivando hacia un sistema de matrículas altas y menos alumnos que todavía no ha calado en España donde el porcentaje de financiación pública en el total de ingresos de sus universidades alcanza su máximo en el País Vasco (84,9%) y su mínimo en Cataluña (60,2%). Le siguen a cierta distancia Madrid (65%) y Aragón (68,6%). En posiciones destacadas en dependencia financiera del erario público se sitúa la Universidad de La Rioja, donde un 79% de los ingresos proceden de la Administración regional y solo un 11% se corresponde con los ingresos por matrículas. En una situación muy parecida se encuentran otras comunidades como Galicia, Canarias, Andalucía, Navarra y Extremadura donde más de tres cuartas partes del presupuesto de sus universidades están, como en Asturias (74%), en manos de fondos públicos.
Cataluña es, al mismo tiempo, la comunidad con los precios públicos más altos, 2.123 euros por alumno, por delante de Castilla y León (1.524 euros); Aragón (1.520 euros) y Navarra (1.431 euros). En ese ranking, el Principado ocupa la séptima posición en relación a las tasas que se cobran a los alumnos por enseñanzas oficiales, donde en el curso 2015 alcanzaba 1.397 euros por alumno. En ninguno de estos casos, las matrículas no alcanzan una cuarta parte del presupuesto de las universidades, excepto Cataluña (25,3%) o Madrid (23,6%). El menor porcentaje de ingresos por tasas se da en el País Vasco (8,7%). En Asturias ese ingreso representa el 15% del presupuesto de su Universidad.
La divergencia existente en la financiación de las comunidades autónomas a sus centros no está directamente relacionada ni con la riqueza de cada región ni con el número de estudiantes universitarios que hay que atender, por lo que probablemente se trata de "cuestiones políticas de cada comunidad", apuntan los autores del último informe del Observatorio del Sistema Universitario donde se destaca igualmente que "en un contexto de financiación menguada, las desigualdades entre comunidades han aumentado". Así, la aportación del estudiantado y sus familias en concepto de tasas y precios públicos de matrícula ofrece extremos como el caso navarro donde el esfuerzo del alumnado y sus familias en 2009 alcanzó 1.267 euros mientras en Canarias, en el mismo ejercicio era de 759 euros, frente a los 1.049 de Asturias.
Mejor parada sale la Universidad de Oviedo a la hora de valorar la variación porcentual de la financiación pública a la Universidad en el período 2009-2015. Mientras en el conjunto de España el retroceso medio fue del 27 por ciento, el Principado redujo en esos seis años un 19,5 por ciento la aportación a la principal institución docente presente en la región, muy lejos del 38, 35 y 33 por ciento, respectivamente, de las aportaciones públicas que perdieron durante el mismo período las universidades de Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid.
