El fiscal endureció ayer su petición de pena contra Ana Gil, expresidenta de una patronal asturiana de geriátricos privados, a la que se acusa de haber desviado de la Federación de Atención a la Dependencia a su propia asociación, Asacesema, fondos de dos subvenciones para planes de formación, por importe de 288.300 euros. El juicio contra Gil quedó ayer visto para sentencia en la sección segunda de la Audiencia. El ministerio público añadió un delito de fraude de subvenciones al de apropiación indebida que imputaba inicialmente, y solicitó penas que suman cinco años y cinco meses, así como una multa por el duplo de la cantidad defraudada (el Abogado del Estado pide el triple).
La acusación particular, ejercida por el empresario afincado en Zaragoza Francisco Colell, eleva su petición a seis años y medio. La defensa de Gil, a cargo de la letrada Ana García Boto, pidió la libre absolución, al estimar que, como mucho, solo se puede considerar a su cliente culpable de administración desleal y que todo este asunto debería haber quedado en un pleito civil. Además, argumento que los hechos delictivos podrían haber prescrito y que concurre la atenuante de dilaciones indebidas.
No es la idea que tienen las acusaciones, para quienes Ana Gil siguió actuando como presidenta de la Federación, pese a haber sido destituida, con el fin de cobrar subvenciones del Servicio de Empleo Público Estatal que desvió hacia la asociación Asacesema para otros fines distintos de los planes de formación. Las acusaciones hicieron además hincapié en una treintena de reintegros por importe unos 3.000 euros y a gastos de aviones, hoteles y comidas, que la acusada considera de representación. Las acusaciones también defienden que Asacesema devuelva unos 180.000 euros, lo que coloca a esta asociación en un difícil tesitura.
