El caso de "la Mareína", la investigación que lleva a cabo del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo para aclarar el material valorado en cuatro millones de euros que no se sirvió a 87 centros educativos de la región en los años 2009 y 2010, lleva parado casi dos meses por la falta de colaboración de la consejería de Educación. La jueza Luz Divina García Pérez ha apercibido a la consejería de un delito de desobediencia si no facilita un informe con la identidad de varios directores de colegios en los que se investigan las irregularidades. Los datos ya los solicitó el pasado mes de noviembre, sin éxito.
El día 17 del citado mes, la jueza emitió una providencia en la que reclamaba que se librase oficio a la secretaría general técnica de la consejería para la entrega de un informe, en el plazo de diez días, detallando la identidad completa de las personas que ostentaban el cargo de directores de cierto número de centros educativos en los que se detectaron irregularidades en los años 2009 y 2010. La petición no tenía otro fin que poder citar a los citados directores como testigos para conocer si realmente no se entregaron los pedidos, tal como sostienen la Fiscalía y el Principado.
La citada información no se ha facilitado al Juzgado, por lo que la jueza dictó otra providencia el pasado miércoles, día 17, en la que vuelve a ordenar que se facilite el citado informe "bajo apercibimiento en caso contrario de que podrá incurrir en un delito de desobediencia".
El origen de este asunto está en un informe presentado en febrero de 2016 ante la sección tercera de la Audiencia, que en ese momento se disponía a juzgar a los trece acusados del "caso Marea". En el informe se detallaban supuestas entregas de material a 87 centros educativos sobre los que había indicios de que no se habían servido. El Principado pretendía incluir este informe en la causa principal de "Marea", pero el tribunal se negó en redondo a aceptar los documentos, a petición de la propia Fiscalía y las defensas, ya que podrían generar indefensión.
El Principado entregó la documentación a la Fiscalía y ésta, en octubre de 2016, presentó una denuncia que derivó una pieza separada de "Marea". Desde entonces, y hasta octubre del año pasado, fueron desfilando por el Juzgado número 4 de Oviedo, en tandas de una decena, los directores de los citados centros, pero no han pasado todos. También fueron llamados a declarar los investigados por este asunto: el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; la que fue su mano derecha, María José Otero; y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín).
Las defensas sostienen que este asunto es cosa ya juzgada en la causa de "Marea". También se está planteando que hay un riesgo de que pase el plazo para reclamar la responsabilidad social por el perjuicio económico causado por estas prácticas.
