Responsabilidad, veracidad y respeto a la presunción de inocencia son claves en la información de tribunales y sucesos, en auge continuo y con casos mediáticos que conllevan un juicio social paralelo que, según los expertos, no se puede evitar, pero sí hay que intentar limitarlo actuando desde los medios de comunicación respetando la ley y trasladando mensajes claros y contrastados. Juristas y periodistas coincidieron ayer, en la I Jornadas sobre Comunicación y Abogacía, en la necesidad de que los profesionales de ambos campos colaboren frente al "ruido" que provocan las redes sociales, con pseudonoticias sin contrastar y opiniones a veces muy agresivas e incluso lesivas para el honor de las personas.
Esta es una de las conclusiones del debate celebrado ayer en el Colegio de Abogados de Oviedo con el título "Juicios paralelos, ¿juzgan los medios?", y en el que participaron José Ramón Chaves, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA); el abogado Miguel Valdés-Hevia; Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA; Marcelino Gutiérrez, director de "El Comercio", y Antonio Virgili, director general de la RTPA. Patricia Rosety, presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), moderó el coloquio.
El juez Chaves advirtió de que el problema "no es el juicio paralelo, que incluso es sano. El problema es el juicio perpendicular, el que se va de las manos", y reclamó un uso acertado de las palabras en la información judicial, porque "no son inocentes" y porque "la defensa y el honor no se devuelven, por mucho que a uno le indemnicen".
El abogado Miguel Valdés-Hevia indicó que "los juicios paralelos son inevitables mientras existan medios de comunicación que no son serios, mientras la política se mezcla con la Justicia para sacar otros réditos, y además exista el aditamento de las redes sociales". En este sentido criticó que "partidos políticos se personen en causas como acusación popular para sacar provecho político y tergiversen los hechos hasta el punto de que a veces parecen que están en otro pleito distinto". Por todo ello alertó de la frustración que se puede generar entre los ciudadanos cuando una sentencia no se corresponde con las expectativas generadas.
Presunción de inocencia
Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA, remarcó que "los medios de comunicación no juzgan, no están para dictar sentencias. Divulgamos información y opiniones propias y ajenas y estamos obligados a hacer un esfuerzo de formación del periodista y pedagógico con el receptor para que pueda manejar la información y los conceptos que recibe". Pero además, "los medios estamos obligados a respetar la presunción de inocencia, la veracidad y a ser próximos para que si alguien se siente perjudicado acuda a nosotros sin llegar a los tribunales". Y remarcó que "son más peligrosos otras personas y soportes que realizan o permiten un trabajo que quiere ser similar al nuestro pero sin sistemas de control, sin respetar los límites severos a los que estamos sometidos los medios serios".
Marcelino Gutiérrez, director de "El Comercio", reivindicó que juristas y periodistas "somos complementarios y colaboramos en un servicio público al ciudadano". Criticó la "vulgarización" de los asuntos judiciales en algunos medios de comunicación y remarcó que el marco legal "es una ayuda y una referencia ineludible para los medios serios".
El director de la RTPA, Antonio Virgili, incidió en que "son las televisiones públicas las que hacen el mejor periodismo posible" en su ámbito, remarcó "el daño" de las redes sociales frente a la información contrastada, e hizo autocrítica en cuanto a la presunción de inocencia.
