La muerte de J. L. G. R. ha sido denunciada por su familia ante la justicia por la vía penal. Y la magistrada Marta Iglesias López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, ya ha empezado a citar a declarar a algunos de los sanitarios que participaron en la atención sanitaria del fallecido, que ha dejado viuda y dos hijos.
"La familia quiere saber qué es lo que pasó, aclarar y depurar responsabilidades. No pretendemos una caza de brujas ni buscamos venganzas; sólo saber la verdad y que cada uno asuma su responsabilidad dentro del proceso", explicó ayer a este periódico Manuel Vallina, abogado de los familiares del fallecido. "Damos por sentado que hubo negligencia; otra cosa es que sea un ilícito penal o que la jueza decida derivar el caso a la vía contenciosa. Pero, en principio, entendemos que ha habido una negligencia penal", agregó Vallina.
La disyuntiva sobre la que la jueza deberá definirse parece clara: o fallaron las pruebas radiológicas, y las compresas estaban allí, pero no se veían, o todo un equipo quirúrgico (cirujano, anestesista, enfermeras?) se han inventado que las gasas estaban allí desde hacía tres semanas para inculpar al equipo (al cirujano, al menos) que había efectuado la primera operación.
Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad (Asencro), manifestó a este periódico "la extrañeza de que nuestra asociación de pacientes desconozca la existencia de una comisión interna de investigación en el HUCA". "Lo lógico es que las comisiones sean públicas y los pacientes las conozcan para poder dirigirse a ellas, y sepamos quiénes son sus miembros", argumentó Pérez-Alonso.
