Una de las figuras más significativas en la historia del socialismo asturiano es Alfonso Guerra. El "guerrismo" fue la corriente dominante en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y constituyó una posición ideológica firme en el PSOE español. Los "guerristas", por ejemplo, colocaron en la primera línea del debate territorial la idea de que la igualdad en las prestaciones y servicios debería estar por encima de las pretensiones de cada comunidad autónoma. Sin embargo, la figura de Alfonso Guerra permanece escondida en el armario del PSOE de Pedro Sánchez hasta el punto de que el nuevo líder de los socialistas le apartó de la Fundación Pablo Iglesias. Esta semana, una diputada asturiana vetó a Alfonso Guerra en el Congreso.
Se trata de un hecho anecdótico pero significativo. Se produjo esta semana en la reunión de la mesa de la comisión para la evaluación del estado autonómico, de la que forman parte tres asturianos: la popular Susana López Ares (que ejerce de vicepresidenta segunda), la socialista Adriana Lastra y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes. Los representantes de los partidos políticos discutían las comparecencias de expertos y políticos planteadas por cada cual para analizar la salud del estado autonómico español en estos tiempos de crisis.
La lista propuesta por Ciudadanos incluyó a los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Pero también a varios exdirigentes socialistas, entre ellos el propio Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono. A ninguno de ellos convocaron los socialistas, quienes en cambio sí incluyeron como comparecientes a personas de relevancia social como Joan Manuel Serrat o a Jordi Évole, entre numerosos periodistas y directores de cabeceras.
Ciudadanos ha percibido desde el principio las reticencias de los socialistas y populares a la presencia de los dos expresidentes, a los que ambos partidos despacharon con el compromiso de trasladar su asistencia al final de la comisión, como una forma de ganar tiempo. Pero esta semana comprobaron el veto por parte de la asturiana Adriana Lastra a que compareciese Alfonso Guerra con el argumento de: "No queremos más ex", según fuentes del Congreso.
Este veto motivó una discusión entre Lastra y Prendes en la que tuvo que ser el diputado de Ciudadanos el que defendiese la relevancia como figura histórica de Alfonso Guerra, resaltando por ejemplo que había sido una figura clave en el consenso de la Constitución de 1978. Guerra fue el interlocutor del vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, Fernando Abril Martorell, cuando recibió el encargo de recobrar el consenso de los socialistas y evitar que la Carta Magna encallase. Los llamados "pactos del mantel", que nacieron de largos encuentros en privado de los representantes de los grupos políticos, permitieron desatascar la redacción del texto constituyente, hasta el punto que Abril y Guerra acabaron por convertirse en los negociadores del documento.
Prendes llegó incluso, según asistentes al diálogo, a señalarle a Adriana Lastra la singularidad que suponía que una socialista asturiana vetase la presencia de Alfonso Guerra en una comisión sobre la Constitución "con lo que significó el guerrismo en Asturias".
Lo cierto es que la comisión parlamentaria sobre el estado autonómico, una concesión de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez para allanarle el argumentario de su defensa por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, afronta la próxima semana un momento complicado. Los partidos nacionalistas se negaron a participar en ella y Podemos se ha colocado fuera de ese debate. Tras la comparecencia de los redactores de la Constitución y algunos expertos, su interés ha decaído. Y después del veto a la comparecencia de algunos nombres, entre ellos el de Alfonso Guerra, Ciudadanos se replantea su continuidad en la comisión. Es probable que la formación naranja discuta próximamente si aún permanece en este órgano. Su salida dejaría la comisión compuesta únicamente por diputados del PP, el PSOE y algunos del grupo mixto, muy lejos del consenso que cabría esperar para realizar una análisis válido del modelo territorial vigente.
