Tiene 19 años y ya le han condenado por cuatro agresiones sexuales. El gijonés J. M. L. P. ha aceptado esta mañana en el Juzgado de Menores una condena de diez meses de prisión, dos años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 1.500 euros por agredir a una mujer de 43 años en la calle Álava del barrio gijonés de Pumarín, el 16 de julio de 2016, cuando aún tenía 17 años. El joven está en la prisión de Asturias, cumpliendo una condena de tres años de cárcel por otras tres agresiones perpetradas en el curso de tres días, cuando ya era mayor de edad.

El fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, pedía inicialmente una condena de tres años de internamiento en régimen cerrado, pero accedió a rebajar la pena al reconocerse el acusado autor de los hechos. En este juicio, J. M. L. P., que es de origen dominicano y creció en una familia desestructurada, estuvo defendido por el letrado Manuel Javier López García.

La denunciante de la agresión acudió a la Policía el 2 de junio del año pasado, al enterarse de la detención del joven por la prensa. El modus operandi le parecía el mismo que el del chico que, un año antes, en julio de 2016, le había metido la mano en los genitales cuando se disponía a entrar en el portal, en la calle Álava. Al volverse se encontró al muchacho con el pene en la mano, y preguntándole con los ojos desorbitados: "¿Quieres tocarlo?". La mujer, que cumplía ese mismo día 43 años, le preguntó si estaba loco y comenzó a gritar, con lo que lo ahuyentó. Decidió no denunciar en ese momento porque no conocía al autor de la agresión, pero un año después, al ver las noticias de casos similares, acudió a Comisaría.

Al joven le constan antecedentes por maltrato y acoso a su pareja, cuando era menor. También por robo con fuerza. Y además fue detenido por otras dos agresiones, cuando era mayor de edad, aunque no se han traducido en procesos judiciales. Los agentes que le custodiaban esta mañana intentaron en todo momento entorpecer la labor de los medios de información, apelando a la ley Mordaza y advirtiendo de la imposición de multas de entre 30.000 y 60.000 euros en caso de que se publicase alguna imagen, siquiera velada, de la entrada o salida del acusado en el Juzgado.