Raquel Mónica G. B., exjefa del servicio de Formación del profesorado de la consejería de Educación, y acusada de prevaricación, al haber fraccionado un contrato y haberlo pagado pese a no haberse realizado, siempre según el ministerio público, se escudó en la mañana de ayer, por un lado, en el desconocimiento de cuestiones técnicas, y por otro, en el hecho de que el servicio de Contratación no hubiese puesto pegas a los expedientes que la han llevado al banquillo y por los que le piden ocho años de inhabilitación. "Pasó todos los filtros de Contratación, nunca pensé que estábamos cometiendo una ilegalidad", indicó ante la magistrada María Elena González Álvarez, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, donde tuvo lugar la primera jornada del juicio, que continúa el viernes. La mujer terminó su declaración entre lágrimas y con la voz quebrada.

Según indicó la exjefa de Formación del Profesorado, que ha vuelto a su antigua profesión de maestra en un centro de Primaria, fueron los técnicos de Informática del Principado quienes le indicaron la necesidad de contratar la elaboración de dos aplicaciones informáticas. El asunto no se hubiese descubierto si no es porque en 2015 se descubrió que los contratos se habían pagado, pero no se habían servido las aplicaciones. Luego, a los inspectores les llamó la atención que uno de los contratos, para una nueva aplicación de registro de formación del profesorado, tuviese un coste al límite del tope legal para la contratación menor. Cuando se miró el otro contrato incumplido, un servicio electrónico para la descarga de certificados de formación, se llegó a la evidencia de que ambos expedientes estaban "conectados" y tenían que haberse tramitado como uno solo, lo que tendría que haber dado lugar a un concurso público.

La fiscal Esperanza González Avella quiso saber quién le había aconsejado a la exjefa de servicio realizar los dos contratos, y si alguno de sus superiores le ordenó obrar de esa manera, a lo que Raquel Mónica G. B. respondió negativamente. La fiscal insistió en el motivo por el que los dos contratos se habían cursado a Contratación con diez días de diferencia. Para el instructor del expediente abierto a la exjefa de servicio, fue para evitar que se detectase que ambos deberían tramitarse de forma unificada, aprovechando que en el momento de cursarse, diciembre de 2013, es el de mayor trabajo en el servicio de Contratación. La acusada indicó que esa demora se había debido a sus consultas para saber si había disponibilidad presupuestaria.