El consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola, entró en el territorio complejo de los planes locales de empleo midiendo mucho las palabras. Asegurando que "flexibilizar la exigencia de devolución" de las subvenciones que pesa sobre 21 ayuntamientos quizá no sea el término correcto. A preguntas del PP en el pleno, Pola prefirió "tratar de acomodar" esa demanda, inamovible por sentencia judicial, "a las conveniencias de los municipios". Habló de su pretensión de que "este procedimiento sea lo más ajustado y lo menos lesivo posible para las necesidades e intereses de los ayuntamientos, pero hasta ahí podemos leer", se contuvo. "El resto debe estar dentro del marco normativo de referencia".

El Consejero había vuelto a recordar además que en distintos foros crece la sensación de urgencia de que el Ejecutivo estatal recupere una modalidad de contratación específica que se adapte a los planes de empleo, justo la que no existe desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió el contrato de inserción. Pola eludió además la sugerencia del PP de que el Ejecutivo autonómico se haga cargo de las deudas que el conflicto ha generado a los concejos, dado que éstos incurrieron en esos créditos -en total son 3,2 millones de euros- "siguiendo las directrices para contratar que les hicieron los servicios de empleo del Principado", argumentó la diputada popular Gloria García.

Pola no contestó a esa sugerencia, que por otra parte no era nueva en la Junta, lo que hace inferir de su silencio un no. Sí quiso dejar constancia de que no son todos los ayuntamientos beneficiados los afectados por el conflicto. De los 77 que participaron, destacó, hubo algunos que "sí lo hicieron bien" y que incluso habiendo sido denunciados por los trabajadores recibieron sentencias favorables en los tribunales.

El titular de Empleo tuvo ayer en la Junta una intensa sesión de interpelaciones y preguntas que le llevó a monopolizar casi completas las tres primeras horas del pleno de control al Gobierno en la Junta. A preguntas de IU y del PP prometió redistribuir en otras políticas de empleo dirigidas a los mismos colectivos de pesonas desfavorecidas los 3,6 millones no adjudicados de los 6,5 con que estaba dotado el programa "Actívate". Treinta de los 79 proyectos presentados por los ayuntamientos para esta línea de ayudas para parados de larga duración quedaron sin destino por un cambio de normativa que exigía la certificación y registro de los centros donde se imparte la formación.

En su turno, el diputado de IU Ovidio Zapico lamentó la gestión "calamitosa" de este programa y hablando también de los planes de empleo puso de manifiesto el "estrepitoso fracaso" de las políticas activas de empleo dirigidas hacia los colectivos más desfavorecidos.