La ex directora general de Formación Profesional Sara Álvarez Morán defendió ayer la gestión de la exjefa de Formación del Profesorado Raquel Mónica G. B. en la última jornada del juicio contra ésta por haber fraccionado un contrato y haber autorizado el pago de dos aplicaciones que no estaban operativas, actuaciones que las acusaciones consideran constitutivas de un delito de prevaricación.
"Su gestión fue impecable, siempre ha rendido cuentas y ha gestionado partidas de dinero ingentes, de octubre a diciembre de 2013 un total de tres millones de euros", indicó. Y aseguró que "no es la jefa de servicio la que tiene que andar comprobando si las aplicaciones están operativas". Además, afirmó que era imposible "colarle" un contrato fraccionado al servicio de Contratación del Principado, y añadió que "una aplicación informática nunca se da por terminada", sugiriendo que su antigua subalterna no había hecho mal al pagar las dos cuya elaboración contrató sin que éstas estuviesen operativas.
En la última jornada del proceso celebrado en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo también declararon los jefes de proyecto de las dos aplicaciones, quienes no se pusieron de acuerdo sobre si el desarrollo de las mismas tendría que haberse contratado de una sola vez o en dos tandas, como finalmente se hizo.
La fiscal, Esperanza González Avella, mantuvo que se había producido claramente un fraccionamiento de contrato, en dos menores, para evitar la tramitación de un contrato con publicidad para el que ya no había tiempo material. "Lo lógico es que hubiese sido una contratación conjunta", indicó, ya que una aplicación no tenía sentido sin la otra. Y en cuanto al pago de las aplicaciones sin estar terminadas, indicó que no podía alegar desconocimiento, ya que era una persona "experta en contratación". Para el ministerio público, "no se intentó beneficiar a una empresa, porque entonces estaríamos ante otro tipo de delito. Lo que pasó es que estaban al final del presupuesto y se dijo: vamos a prescindir de la ley y tiramos para adelante", dijo la fiscal.
El abogado del Principado Pablo Álvarez Bertrand abundó en las mismas tesis, y la defensa, a cargo de Miguel Ángel Rama, insistió en que la acusada había actuado "de buena fe", ya que nadie la había advertido de que se estuviera produciendo un fraccionamiento. Resaltó además la ausencia de relación entre la acusada y la empresa beneficiada, Treelogic, y admitió que en este caso ha podido haber irregularidades administrativas, pero no un delito.
