El exdirector de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA) Juan Manuel Rodríguez Bañuelos se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo acusado de un presunto delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos, por lo que la Fiscalía solicita 8 de inhabilitación.

Juan Manuel Rodríguez Bañuelos fue destituido por el Gobierno de Foro en 2012 y está implicado en diversas investigaciones por irregularidades durante su gestión.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, Rodríguez Bañuelos, como director de GITPA, contrató en 2009 el asesoramiento jurídico de la empresa con la entidad J&A Garrigues S. A., abonando a dicho bufete 1.322 euros al mes, que sumaron un total de 15.869 euros al año. Ese contrato se repitió en años sucesivos.

Pero además, y siempre según la Fiscalía, el exdirector de la empresa pública (la totalidad del capital es del Principado), abonó al mismo despacho de abogados 4.000 euros más IVA por una asistencia jurídica en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un caso en el que GITPA era parte codemandada. También se le pagaron otros 9.000 euros más IVA en contestación a la demanda en un recurso contencioso administrativo.

Otros 10.000 euros más IVA correspondieron al asesoramiento legal en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la extensión de la cobertura de la TDT desde los Centros de Radiodifusión del Principado. Y 18.000 euros más IVA por asesoramiento legal en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la extensión de la cobertura de la TDT desde diversos emplazamientos de la región.

En conclusión, según la Fiscalía, "el total facturado por la asesoría jurídica externa superó los límites establecidos para la contratación menor con vulneración de lo preceptuado" en la Ley de Contratos del Sector Público. Y añade que "existe identidad de objeto en los diversos contratos, todos ellos de asesoramiento jurídico aunque sea distinto el objeto de las encomiendas que precisan de asesoramiento, por lo que se produce fraccionamiento contractual", vulnerando la normativa que establece que "la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas".

Por todo ello, la Fiscalía entiende que el acusado cometió un delito de prevaricación y solicita 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, junto con el pago de las costas procesales.