El exdirector general del GITPA Juan Manuel Rodríguez Bañuelos se ha declarado inocente del presunto delito de prevaricación por el que está siendo juzgado y por el que la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el PP, solicitan 8 años de inhabilitación.
Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, Rodríguez Bañuelos, como director de GITPA, contrató en 2009 el asesoramiento jurídico de la empresa con la entidad J&A Garrigues S. A., abonando a dicho bufete 1.322 euros al mes, que sumaron un total de 15.869 euros al año. Ese contrato se repitió en años sucesivos.
Pero además, y siempre según la Fiscalía, el exdirector de la empresa pública (la totalidad del capital es del Principado), abonó al mismo despacho de abogados 4.000 euros más IVA por una asistencia jurídica en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un caso en el que GITPA era parte codemandada. También se le pagaron otros 9.000 euros más IVA en contestación a la demanda en un recurso contencioso administrativo.
Otros 10.000 euros más IVA correspondieron al asesoramiento legal en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la extensión de la cobertura de la TDT desde los Centros de Radiodifusión del Principado. Y 18.000 euros más IVA por asesoramiento legal en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la extensión de la cobertura de la TDT desde diversos emplazamientos de la región.
En conclusión, según la Fiscalía, "el total facturado por la asesoría jurídica externa superó los límites establecidos para la contratación menor con vulneración de lo preceptuado" en la Ley de Contratos del Sector Público. Y añade que "existe identidad de objeto en los diversos contratos, todos ellos de asesoramiento jurídico aunque sea distinto el objeto de las encomiendas que precisan de asesoramiento, por lo que se produce fraccionamiento contractual", vulnerando la normativa que establece que "la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas".
La Sindicatura de Cuentas advertió en su día diversas irregularidades en la contratación de servicios y de personal en la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones, y reprochó al Gobierno autonómico que no exigiera la devolución de la subvención de 167.000 euros otorgada a esta entidad en el 2009.
El informe de fiscalización de esta entidad entiende que "desde el ejercicio 2012, la sociedad es un ente instrumental, pero no cumple todos y cada uno de los requisitos para ser considerado medio propio de la Administración del Principado de Asturias, por lo que no puede denominarse como tal".
Ademas, señala que el Gobierno autonómico "debió instar el reintegro de la subvención otorgada a la sociedad en 2009 (167.783 euros), ya que el importe de la misma era superior al resultado negativo realmente producido". "Las facturas abonadas mediante el préstamo recibido de la Administración del Principado de Asturias cumplen con los requisitos impuestos por el Mecanismo del Plan de Pago a Proveedores", ha añadido el informe.
