Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ex director general de la empresa Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado (GITPA), insistió ayer en su inocencia durante el juicio en el que se le acusa de un delito de prevaricación por fraccionar contratos. Aseguró que sólo había hecho lo que le había indicado la asesoría jurídica de la compañía -el bufete de abogados Garrigues-. Un asesor de dicho despacho señaló que en los dos contratos en litigios se facturaron 18.000 para cada uno para evitar la licitación pública y retrasos. La Fiscalía y la acusación popular mantuvieron la solicitud de 8 años de inhabilitación.
Rodríguez Bañuelos explicó que "el encargo para la TDT era urgente -sólo faltaban 15 meses para la desconexión analógica- y hubo que actuar con celeridad. Fue la asesoría jurídica la que me planteó que al ser dos encomiendas distintas, se hicieran por separado" al precio de 18.000 euros cada una, el importe máximo de un contrato menor para la administración pública. Eso significaba ahorrarse tener que sacar los trabajos a licitación pública, lo que podría retrasar los trabajos al menos dos meses y medio.
El despacho Garrigues llevó los servicios jurídicos del GITPA desde su constitución, sin que mediara contrato por escrito hasta 2011. Pero alegó que las encomiendas para la TDT excedían el acuerdo por el que la empresa le abonaba 15.869 euros anuales.
La responsable del equipo de la Sindicatura de Cuentas que realizó la auditoría en la que se descubrió el presunto fraccionamiento de contratos no dudó ayer en su declaración al decir que, según la legislación vigente, "no se pueden hacer contratos menores por tiempo superior a un año, ni por un coste superior a los 18.000 euros". Y añadió que les resultó incomprensible que se dijera que las encomiendas para la TDT quedaban al margen del asesoramiento legal ya contratado porque "es el mismo sujeto y objeto: asesorar legalmente para realizar contrataciones".
El abogado administrativista M.P.B., que había formado parte del equipo asesor de Garrigues en aquellas fechas, incidió en que no había fraccionamiento de contrato porque eran dos contratos diferentes, ya que uno se refería a instalaciones privadas y otro para centros de titularidad pública.
Otro de los testigos del despacho Garrigues, J. J. B., señaló que el trabajo realizado con cada uno de esos contratos "seguramente saldrían por más de 18.000 euros, pero se pusieron así porque si no habría que ir a concurso".
Para la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el secretario general del PP Luis Venta Cueli- quedó claro el delito de prevaricación.
El abogado Luis Tuero, de la acusación popular, se alineó con la Fiscalía porque GITPA era una empresa pública, con finalidad pública, fondos públicos y sometida a la ley de contratación pública. Además, el fin era el asesoramiento legal en todos los casos.
El letrado de la defensa, Alberto Aldamunde, incidió en que "no existe ni infracción administrativa ni penal porque la contratación de Garrigues es correcta, con el visto bueno del consejo de administración, y no existe fraccionamiento porque son dos encomiendas individuales que pueden ejecutarse una sin la otra".
