Cuatro concursos públicos para el suministro de contenedores de basura, celebrados entre los años 2013 y 2018 en los concejos de Mieres, Langreo y San Martín del Rey Aurelio, incluyeron cláusulas en apariencia restrictivas, copiadas unas de otras, que tuvieron como consecuencia que solo una empresa, la misma, cumpliese las condiciones del pliego técnico o fuese la única que concursase. El gasto de dinero público total superó el millón de euros. En todos los casos, los contenedores elegidos son los más caros del mercado, según varias fuentes consultadas.
Algunas de las cláusulas coinciden en su redacción literal en estos cuatro concursos. Y además lo hacen prácticamente con la memoria técnica de la empresa adjudicataria en sus folletos de los modelos de contenedor. En los dos concursos de Mieres, en 2013 y 2016, una de las exigencias del pliego técnico está redactada igual que una patente de la empresa adjudicataria. Hace días, un pliego de condiciones fue recurrido en Alicante precisamente por incluir una patente que favorecía a la misma empresa que se llevó los cuatro concursos asturianos. La ley impide incluir una patente en un pliego técnico salvo excepciones muy claras, como vacunas.
¿Es casual que cuatro contratos con tantas similitudes acaben en manos del mismo adjudicatario? De serlo, otro tanto ocurrió en Mazarrón, Murcia (2013); Guadarrama, Madrid (2016), y en Bayona, Pontevedra (2016). En estos tres contratos, en apariencia sin relación alguna, se incluyen las mismas cláusulas "plagiadas" que en los contratos asturianos. La adjudicataria fue la misma empresa.
La adquisición de contenedores salió a concurso en cuatro operaciones en los tres principales ayuntamientos de las Cuencas. Cada concurso asturiano tiene sus particularidades, pero todos tienen elementos en común que, según fuentes jurídicas consultadas, limitan la presencia de competidores en el concurso. Algunas exigencias se tratan de justificar en el pliego, otras parecen arbitrarias y, en algún caso, coinciden con los documentos corporativos de la empresa ganadora. En el caso de Mieres, los responsables municipales, de IU, expresaron públicamente antes del concurso que querían el contenedor que resultó adjudicatario.
El primer caso, en Mieres. En 2012, el Ayuntamiento de Mieres, gobernado por IU, decidió romper su relación con Cogersa desde hacía 15 años y establecer su propio servicio de basuras, mediante contenedores de recogida lateral. En diciembre de 2012, una información de LA NUEVA ESPAÑA señalaba que "la opción que en principio más gusta" al gobierno es "el nuevo modelo Big Bin". La intención del gobierno de IU era adquirir directamente los contenedores, para los que reservó una partida de 193.000 euros. Para entonces, el PSOE, PP y Foro se mostraban contrarios a la medida. El 25 de abril de 2013, este periódico recogía que "los dirigentes de IU explicaron que la compra se hará directamente negociando con las empresas, 'sin necesidad de un concurso público'".
Pero ese criterio cambió súbitamente cuatro días después. El Ayuntamiento de Mieres realizó un concurso público para adquirir 150 contenedores. El plazo para presentar ofertas fue de 15 días. La cuantía del contrato, 159.999 euros más iva.
El pliego de condiciones incluía algunas restricciones, según fuentes consultadas. Se exigían contenedores de polietileno (un tipo de plástico), excluyendo a los fabricantes de metal; que la fabricación de los contenedores fuese mediante la técnica del rotomoldeo, dejando fuera a los fabricados por inyección. El párrafo por el que se justifica la elección del rotomoldeo se mantiene, tal cual, en los pliegos de Mieres y Langreo. Otra exigencia se refería al diseño, al requerir que "la apertura de la tapa de usuario" no superase "los 25 milímetros".
La memoria técnica del modelo "Big Bin", que ya gustaba a los mandatarios mierenses antes de que cambiaran de opinión y convocasen un concurso público en vez de comprar directamente los contenedores, señala que la apertura de esa tapa de usuario es precisamente de 25 milímetros, con una redacción idéntica a la del pliego de condiciones de Mieres.
Pero más llamativa es otra exigencia en el pliego técnico que coincide con una patente del fabricante: es decir, ninguna otra empresa del mercado puede ofertar un producto con esas características. Se trata del sistema de construcción del contenedor, mediante un cinturón de plástico relleno de poliuretano. El pliego de condiciones de Mieres establecía en 2013 que el contenedor incluirá un "cinturón reforzado, de doble pared, que irá relleno interiormente de poliuretano. El espesor mínimo de poliestireno de cada pared será de 5 milímetros tanto en cuba como en cinturón".
Según ha podido comprobar LA NUEVA ESPAÑA, la empresa adjudicataria del concurso, la misma cuyo modelo de contenedor ya "gustaba" tanto a los dirigentes municipales, registró en 2012 una patente sobre sus contenedores (con número P201131959), basada precisamente en un cinturón relleno de poliuretano. La propia empresa lo describe como "un cinturón reforzado" con formato de "doble pared, cada una de 5 milímetros de espesor, relleno de poliuretano inyectado a alta presión". La firma recalca que su fórmula "es una novedad mundial en los contenedores de residuos". El resultado del concurso no sorprendió a nadie: solo cumplió las condiciones la empresa a cuyos contenedores ya les habían "echado el ojo" los dirigentes municipales. El Ayuntamiento pagó 189.667,5 euros, lo que supuso una rebaja respecto al precio de licitación de 3.250 euros.
Segundo caso, en Mieres. El ayuntamiento mierense sacó a concurso en 2016 la compra de más contenedores. En este caso, 27 de 1.800 litros de capacidad, además de otras unidades de menor tamaño, por una cuantía de 27.884,05 euros más IVA.
El pliego de condiciones fue idéntico al anterior: volvió a incluir la exigencia del rotomoldeo como método de fabricación con la misma justificación literal que en el anterior concurso; incluyó la petición de los 2,5 centímetros máximos de separación al abrir la tapa, y exigió que los contenedores tuvieran su "cinturón reforzado" patentado. La ganadora volvió a ser la misma, con un importe de 27.217,64 euros sin IVA. Es decir, en el procedimiento, el Ayuntamiento de Mieres solo logró una rebaja de 667 euros.
Tercer caso, Langreo. En marzo de 2017, el Ayuntamiento de Langreo (gobernado por IU y Somos, una candidatura impulsada por Podemos) anunció una "renovación total" de su sistema de recogida de basura y contenedores, para lo cual solicitó un crédito bancario de un millón de euros. El concejal de Hacienda y Compras, Luis Baragaño (Somos), afirmó que la medida supondría a la larga un ahorro.
Los pliegos para el concurso se publicaron el 16 de noviembre del pasado año, para la adquisición de 795 contenedores, de diferente tamaño y para distintos tipos de residuos. Incluían dos de las cláusulas muy específicas que ya incorporaban los contratos de Mieres, aunque con algunas variaciones. Pese a que se permitía la fabricación por inyección, el pliego consideraba preferible el rotomoldeo y lo justificaba con un párrafo literal al de los dos contratos anteriores de Mieres. Además, volvía a pedir que la apertura de la tapa de usuario no sobrepasase los 2,5 centímetros. La adquisición salía a concurso por 780.000 euros, impuestos incluidos.
El Alcalde, Jesús Sánchez Antuña (IU), y el concejal de Hacienda y Compras, Luis Baragaño Baragaño (Somos), recibieron las advertencias de un empresario, tanto verbales como por escrito, de que el pliego de condiciones técnicas del concurso de contenedores resultaba demasiado restrictivo y limitaba la concurrencia. El aviso se realizó también al coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles. Él mismo confirmó a este periódico haber recibido una llamada y que pidió que el Alcalde de Langreo se reuniese con el denunciante. El encuentro se produjo, pero el pliego de condiciones del concurso no se modificó.
El resultado final fue que solo se presentó una oferta, la de la misma empresa que se llevó los contratos de Mieres. Ofreció 762.592.44 euros. El Ayuntamiento no pudo cotejar otras opciones porque no hubo más candidatos, y la rebaja que obtuvo fue de 17.407 euros.
San Martín del Rey Aurelio, aún en trámite. A finales del pasado año, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, gobernado por el PSOE, decidió cambiar el sistema de recogida de basura y solicitó un préstamo de 205.278 euros. El pasado 18 de enero, el Consistorio presentó un pliego de condiciones para adquirir 90 contenedores de 1.800 litros de capacidad por una cuantía total de 89.813,10 euros. El pliego de condiciones técnicas, más escueto que los de Mieres y Langreo, vuelve a incluir similares condiciones: exige la fabricación por rotomoldeo, esta vez sin incluir el párrafo de justificación técnica que los otros dos concejos habían copiado, pero incorpora, con idéntica redacción que en los pliegos de Mieres y Langreo la obligatoriedad de que la tapa de usuario no sobresalga en la apertura más de 2,5 centímetros. Los sobres de ofertas para el concurso se abrieron el pasado miércoles: una vez más, la única empresa que presentó propuesta, y que presumiblemente será la adjudicataria, fue la misma que se llevó los concursos en Mieres y Langreo. Se trata de la única, según varias fuentes del sector consultadas, que podía cumplir aquellas condiciones.
Otros ejemplos en España. Al menos otros tres concursos, en cuyos pliegos de condiciones se incluían de manera literal las exigencias que incorporaron Mieres, Langreo y San Martín del Rey Aurelio, acabaron en manos de la misma empresa de contenedores, sin apenas competencia.
En Mazarrón, Murcia, (entonces gobernado por el PSOE), el concurso, en el año 2013, fue por 220 contenedores. La cuantía era de 239.580 euros y el pliego incluía la obligatoriedad del rotomoldeo, con la misma explicación técnica literal que consta en los cuatro contratos asturianos, y la limitación para la tapa de usuario, con una redacción calcada. Además, se incorpora la característica patentada, tal y como ocurrió en los concursos de Mieres. El concurso fue a la misma empresa, sin apenas rebaja de precio.
Otro tanto se produjo en Guadarrama, en el año 2016. El Ayuntamiento quiso adquirir 65 contenedores y utilizó un pliego de condiciones técnicas que también incluía el párrafo de justificación del rotomoldeo, la exigencia de apertura de la tapa y además la característica patentada.
Finalmente, también en el año 2016, el Ayuntamiento de Bayona, gobernado por el PP, sacó a concurso el suministro de contenedores de plástico. El pliego de condiciones señala igualmente (eso sí, esta vez redactado en gallego) la misma expresión literal al referirse al rotomoldeo y a la apertura de la tapa del usuario. El resultado del concurso fue idéntico a los casos anteriores.
La justificación de los alcaldes. Los alcaldes de los tres concejos que adjudicaron sus contenedores de basura a la misma empresa, con pliegos de condiciones muy similares justificaron de diferente manera la situación. "Los pliegos los hacen los técnicos y yo ni los conozco; desde luego no hubo ninguna predisposición a empresa alguna", afirmó el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, de IU.
El regidor de Langreo, Jesús Sánchez, aseguró que las condiciones técnicas "son las necesarias para cumplir unas condiciones de calidad", y afirmó que consultó a sus técnicos, que garantizaron que otras empresas podían concurrir. "No puedo renunciar a una calidad por que no haya veinte empresas que la ofrezcan", dijo. Admitió que se trata "del contenedor más caro", pero "el que más garantías da" y recalcó que en el proceso de concurso no se produjo ninguna reclamación. Jesús Sánchez confirmó que un empresario le avisó de la escasa posibilidad de concurrencia "pero lo hizo porque quería ofrecer contenedores de metal, que no los quiere nadie". También admitió que sus pliegos "pudieron inspirarse" en los de los municipios vecinos. Este periódico intentó, sin éxito, hablar con el concejal de Compras, Luis Baragaño.
El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, del PSOE, aseguró que el ánimo de los pliegos "no es restringir la competencia, sino adquirir los contenedores adecuados". También recalcó que "las empresas que se vieron perjudicadas pudieron haber recurrido el concurso y no lo hicieron". "Tener una patente es algo positivo", dijo el regidor, quien resaltó que el marco para la denuncia es el Tribunal de Contratos.
