El Ministerio de Hacienda ha cumplido muy a su manera la promesa de permitir que los ayuntamientos inviertan su superávit. Eso dicen los socialistas asturianos después de leer el Real Decreto recién publicado y concluir que persisten restricciones al gasto que justifican la amenaza: "Llamaremos a la movilización del municipalismo", a "una manifestación conjunta y global" si el Gobierno no hace coincidir sus planes con sus compromisos, si no aclara esta situación en la que "no podemos gastar libremente" todo el beneficio que generan y que suma en Asturias unos cien millones de euros.

Lo que parecía un triunfo de los alcaldes respecto a una vieja exigencia heredada de lo más crudo de la crisis es un caramelo envenenado a los ojos de la Federación Socialista Asturiana (FSA), que rechaza que el superávit sólo pueda ser destinado a inversión con condiciones. Con las condiciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto al uso -para seguridad, protección civil, asistencia social primaria, centros docentes, mobiliario, vehículos...- y no en su totalidad.

La valoración y la advertencia son de Iván Fernández, secretario de Política Municipal de la FSA y alcalde de Corvera. Recuerda haber escuchado que Montoro prometía permitir la inversión del beneficio y ahora entiende que la materialización de esa promesa en decreto "no despeja todas las dudas que teníamos". Acota, demasiado para su gusto, los conceptos en los que se puede gastar y no aclara que se pueda invertir el superávit en su totalidad, como prometió", remarca. Los socialistas enarbolan así la bandera de la única instancia administrativa que cerró 2017 con superávit y aclaran que hablan del resultado del ejercicio, aún no del remanente: entre 400 y 500 millones en Asturias, 23.000 en toda España, ingresados en los bancos.