Nada más aprobarse el real decreto que autoriza a los ayuntamientos a invertir su superávit, el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde socialista de Navia, Ignacio García Palacios, festejó que "estas inversiones serán un importante empujón para la economía y servirán para cubrir las necesidades de los ciudadanos, que se beneficiarán de ellas directamente". Ayer, dice que después de leer la letra pequeña del texto del Ministerio de Hacienda y evacuar consultas con los técnicos de su ayuntamiento, aclaró que hablaba sólo y estrictamente en su condición de alcalde de Navia cuando lamentó tener que rectificar y decir ahora que todo aquello no era lo que pensaba que era. Que en realidad "no se nos permite gastar todo el superávit que generamos -unos cien millones de euros en la suma de los municipios asturianos-, sino lo mismo que ya podíamos invertir, pero ampliando el catálogo de servicios en el que podemos gastar".
Ahora ha visto que en realidad el nuevo escenario impuesto por Hacienda no aumenta la capacidad de gasto de los municipios y que no le sirve, que "seguiremos pudiendo gastar únicamente lo que nos permita la regla de gasto", pero que ésta es su valoración personal como alcalde, que en su versión de presidente de la FACC debe decir que la entidad no tiene una opinión porque el asunto no ha sido abordado en su comisión ejecutiva, pero también porque la federación sólo emite dictámenes por consenso y es evidente que en este terreno no existe.
Como quiera que entre una declaración y otra de García Palacios habló la Federación Socialista Asturiana (FSA), y en términos muy duros para reprobar las nuevas condiciones del gasto hasta llegar a llamar a la "rebelión" del municipalismo, el PP intuyó una llamada entre medias, ató cabos, estableció vínculos políticos y amenazó con apear a sus alcaldes de la FACC. Los regidores populares valoran esa posibilidad, precisa el partido en un comunicado, "ante la creciente e inaceptable deriva partidista" que la institución "está tomando bajo la presidencia de Ignacio García Palacios, que está convirtiendo a la entidad en un órgano más de la FSA".
El alcalde popular de Peñamellera Baja y vicepresidente de la FACC, José Manuel Fernández, considera "muy grave" que su presidente "intente mentir y manipular a los asturianos". Para tratar de dar respaldo a su acusación vuelve a recordar lo que ha expuesto ya la dirección de su partido, que el real decreto resulta de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que su contenido ha sido jaleado por el máximo representante de esta última entidad, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que consideró el resultado de la negociación como "un éxito para los ayuntamientos". "¿Quién miente -se pregunta José Manuel Fernández- el socialista alcalde de Vigo o el socialista alcalde de Navia?" El regidor popular destaca además en su alegato que "la FEMP, con el apoyo de la FACC, exigió al Ministerio de Hacienda la inclusión de nuevos servicios públicos a los que destinar el superávit, entre ellos la seguridad, la prevención de incendios, la educación infantil y primaría o los servicios sociales, que fueron aceptados por Hacienda en su totalidad".
El regidor popular sospecha y lamenta que "la intención de García Palacios parece encaminarse a hacer puntos con la nueva dirección regional de la FSA en su camino hacia la podemización y la izquierda más radical, faltando a su responsabilidad de defender los intereses de los ayuntamientos asturianos por encima de los objetivos partidistas". Retrocede hasta la última asamblea del organismo, el mismo viernes 23 en el que el Gobierno aprobó el real decreto sobre la inversión del superávit municipal, y remata aprovechando para ampliar el inventario de agravios reprochando otras afrentas y recordando que en aquel último cónclave los alcaldes del PP recibieron "desprecios y acusaciones por parte del alcalde de Oviedo. No vamos a estar en ninguna institución", concluye José Manuel Fernández, "que sea parte de la FSA. Sería ser cómplices de un fraude a todo los asturianos".
El presidente de la FACC, por su parte, defendió su derecho a opiner como alcalde y lamentó el equívoco que pueda haberse generado "por mi doble condición" de regidor y máximo responsable de la federación. Ignacio García Palacios reclamó a los populares "que reflexionen" y reafirmó su compromiso de no permitir que la entidad que agrupa a los municipios asturianos adopte ni una sola posición que no cuente con el consenso político de sus componentes.
