La Mesa de la Junta advirtió a la Sindicatura de Cuentas de que su método de designación de personal tenía serias anomalías legales y lo hizo sin voces políticas discordantes. El órgano rector del parlamento emitió su dictamen con anterioridad a la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del organismo fiscalizador, abrazando los reparos expuestos por los servicios jurídicos de la cámara y sin fisuras ni oposiciones expresas, sin pronunciamiento en contra de ninguno de los representantes de los grupos políticos que forman la Mesa, tampoco del PSOE.
Ocurrió el 24 de enero de 2017. Fue el presidente de la Junta, el socialista Pedro Sanjurjo, quien propuso asumir en todos sus términos las observaciones del informe jurídico contrario a las intenciones de la Sindicatura, y su sugerencia recabó el asentimiento de los presentes: José Agustín Cuervas-Mons (PP), Rosa Espiño (Podemos) y María José Miranda (IU). Faltaba en aquella sesión el quinto miembro, Pedro Leal (Foro), quien sin embargo en una sesión anterior sobre el mismo asunto había manifestado sus reparos al proceder de la Sindicatura.
Fue por unanimidad, pues, que la Mesa reprendió al organismo fiscalizador entre otros conceptos por descartar el concurso de méritos ordinario -y preferir el específico, considerado más discrecional- para nombrar a la mayor parte de sus trabajadores, 24 de 39. El resto de la historia es conocido. La Sindicatura mantuvo el sistema pese al reproche, aprobó la relación de puestos de trabajo en febrero y tras la denuncia del sindicato Usipa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló el pasado febrero su relación de puestos de trabajo. Era al menos el segundo fallo judicial que reprobaba el método de selección de personal del órgano fiscalizador.
La Junta se lo advirtió, y su decisión de continuar pese al aviso es uno de los motivos principales que toda la oposición parlamentaria menciona al exigir al síndico mayor, Avelino Viejo, que rectifique y acate la sentencia y las recomendaciones de la Mesa a riesgo de activar el procedimiento con el que la Junta puede promover su destitución. Ahora le pide cuentas todo el parlamento salvo el PSOE, el grupo que propuso a Viejo. En su día, en la Mesa, nadie alteró la unanimidad de la reprobación de sus métodos.
El órgano rector de la Junta había recibido la RPT de la Sindicatura en diciembre de 2016 y había apreciado indicios de irregularidad que le indujeron a pedir aclaraciones al organismo. Faltaba, dijeron, una descripción de las funciones y tareas de cada puesto y se abusaba del método del concurso específico, con memoria y entrevista. En su descargo alegó el síndico que optaba por este sistema en atención a "la especificidad de las tareas" de la Sindicatura, argumento que fue considerado "demasiado inconcreto" por los letrados de la cámara. Opusieron que el concurso de méritos -el más imparcial, el preferido por la legislación- "permite valorar méritos adecuados a las características de los puestos".
Con el tiempo, ese abuso del concurso específico fue uno de los fundamentos de la sentencia en la que el TSJA anula la relación de puestos de trabajo, también por haber escogido con el sistema de libre designación -"a dedo"- al director de fiscalización.
