En un ejercicio en el que España (el país con mayor déficit fiscal de los 28 de la UE) deberá reducir su descubierto presupuestario en unos 21.000 millones para cumplir el objetivo del 2,2% del PIB al cierre de este año, el Gobierno desveló ayer el detalle del proyecto de presupuesto general de estado para 2018 enfatizando un aumento del gasto social y varias iniciativas, con un impacto de 3.800 millones, para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias: empleados públicos, pensionistas con bajos ingresos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros al año.

Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dicho hace un mes (el 1 de marzo) que no había dinero para subir las pensiones por encima del 0,25% que impuso el PP en 2013, las movilizaciones de los pensionistas (amén de policías y otros funcionarios en demanda de mejoras salariales), el temor al desgaste electoral que detectan las encuestas y la minoría parlamentaria en la que se halla el ejecutivo (y que le aboca a adoptar medidas que dificulten el rechazo de las cuentas por la oposición) introdujeron en el presupuesto un sesgo condescendiente con sectores movilizados de la sociedad.

No obstante, las cuentas prevén una reducción del gasto total en relación al PIB desde el 41% del PIB en 2017 al 40,5% en 2018, mientras que estima un ascenso de los ingresos del 37,9 al 38,3%. Tanto los niveles de gasto como los de ingresos son inferiores a la media europea y el nivel de recaudación tributaria es el sexto más bajo de la UE, sólo mayor que el de Irlanda y cuatro países excomunistas, lo que explica que España tenga el mayor déficit de la UE. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, volvió a explicitar ayer que mantener la presión fiscal en el entorno del 38% del PIB es una decisión deliberada de política económica.

El Gobierno mantiene no obstante la previsión de reducción del déficit desde el 3,07% del PIB en 2017 al 2,2% en 2018 confiado en que prosiga el dinamismo económico, lo que permitiría reducir el gasto en términos relativos (en relación al PIB) sin hacer recortes nuevos, dijo Montoro. El ejecutivo también confía en una mejora recaudatoria de 0,4 décimas de PIB, aunque sobre esta previsión hay que ser cauteloso porque Montoro no cumplió el objetivo de ingresos tributarios en ninguno de los seis ejercicios que lleva en Hacienda, incluido 2017, el ejercicio en el que España volvió a cumplir por vez primera el objetivo de déficit.

Pensiones. Las pensiones volverán a ser el principal capítulo de gasto social. El desembolso aumentará en 5.188 millones, hasta los 144.834 millones. Además del alza general del 0,25% (inferior a la inflación, que avanza el 1,2% hasta fines de marzo), se aumentarán en el 3% las pensiones mínimas y las no contributivas, y en el 2% las de viudedad, y tendrán una subida del 1,5% los pensionistas que cobran hasta 9.800 euros brutos al año y del 1% los que perciben entre 9.800 y 12.400 euros anuales. Con estas mejoras, 7 millones de pensionistas (3 de cada 4) superarán, según el ejecutivo, la actualización del 0,25% que impuso el PP en su reforma de las pensiones en 2013. La subida media de las pensiones de viudedad será de 450 euros al año; las pensiones mínimas, de 250 euros, y las prestaciones hasta 12.400 euros subirán de media 100 euros anuales.

Rebaja del IRPF. La rebaja del IRPF para 3,5 millones de contribuyentes con bajos ingresos (pensionistas y asalariados que ganen entre 12.000 y 18.000 euros al año) les permitirá ahorros de 440 euros de media al año. Estarán exentos de hacer la declaración quienes ingresen hasta 14.000 euros al año (ahora el límite estaba en 12.000). Y habrá dos nuevas ayudas familiares por discapacidad y natalidad que beneficiarán a 630.000 contribuyentes.

Funcionarios. El presupuesto incluye los compromisos asumidos por el Gobierno por 600 millones para la actualización salarial del 1,75% a 3,1 millones de empleados públicos y la equiparación salarial de 140.000 policías y guardias civiles. La oferta de empleo público también crece.

Desempleo. El desempleo es una de las fuentes de ahorro con las que el Gobierno prevé compensar el mayor gasto en pensiones, mejora tributaria a las rentas bajas, alza retributiva de los funcionarios y equiparación salarial de cuerpos policiales. La creación de empleo permitirá recortar el gasto en desempleo en el 3,4% (hasta los 17.702 millones). A ello también contribuye el agotamiento del periodo de cobertura de parados de larga duración y los recortes que hizo el PP al comienzo de su primera legislatura: el porcentaje de parados que percibe prestación cayó del 70,7% en 2011 (último año de Zapatero) al 57,9% en 2017.