06 de abril de 2018
06.04.2018

Jueces y fiscales se unen frente al Gobierno para modernizar la Justicia y pedir mejoras

Más de setenta miembros de la judicatura y la fiscalía se concentran en la Audiencia en un "día histórico" | Las protestas irán en aumento, con paros semanales incluidos y convocatoria de huelga para el mes de mayo

06.04.2018 | 02:42
Jueces y fiscales se unen frente al Gobierno para modernizar la Justicia y pedir mejoras
Jueces y fiscales se unen frente al Gobierno para modernizar la Justicia y pedir mejoras
El presidente del TSJA, Ignacio Vidau, en primer término, durante la lectura del manifiesto en la Audiencia Provincial.

Jueces, magistrados y fiscales protagonizaron ayer lo que ellos mismos calificaron como "un día histórico", porque por primera vez se han unido para plantear al Ministerio de Justicia un conjunto de reivindicaciones en las que exigen mejorar sus condiciones laborales y socioeconómicas, pero también la aplicación de una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia y modernizar la Justicia.

Más de setenta jueces, magistrados y fiscales asturianos se concentraron ayer en la Audiencia Provincial de Oviedo, dando lectura pública de un manifiesto en el que plantean sus propuestas y exigencias. Un escrito consensuado por las siete asociaciones nacionales de la judicatura española que incluye, además, una serie de movilizaciones progresivas, con paros parciales y una huelga en todo el país el próximo mes de mayo si no logran un acuerdo con el Gobierno central.

Entre los participantes estaban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau; el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto-Jove Fernández; la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, y la juez decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes. El hartazgo es de tal calibre en la judicatura y la implicación de jueces, magistrados y fiscales es tal, que incluso se interrumpieron algunas vistas orales para participar en la protesta. Por allí también se acercó, para sorpresa de todos, el portavoz de Podemos en la Junta, Emilio León.

La juez decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, y la fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, fueron las encargadas de leer el manifiesto, a la misma hora en la que se repetían actos similares por todo el país. Su intervención finalizó con un cerrado aplauso de los jueces, magistrados y fiscales concentrados en la Audiencia Provincial de Oviedo. Las reivindicaciones de la judicatura son las siguientes:

Reforzar la independencia judicial. Para ello se plantea una modificación legal que permita que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recupere el régimen competencial de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, aseguran la igualdad de género y la representatividad. Además, el CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque contra su independencia. También se reclama, entre otras medidas, objetivar el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y adoptada por una mayoría cualificada. En este sentido, se reclama que se suprima el cargo que ocupan magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Modernizar la Justicia. Los jueces, magistrados y fiscales reclaman un plan de inversión "suficiente y prolongado" que se destine a aumentar las plantillas equiparándolas a la media europea, convocando al menos 300 plazas de jueces y fiscales en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; implantar un proceso de digitalización con equipos y programas de manejo adecuados para facilitar la función y no ralentizarla. También se reclaman medios de atención a las víctimas, equipos psicosociales, etcétera.

Racionalizar la planta judicial. Implantar los tribunales de instancia, garantizando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Mientras tanto, crear órganos judiciales suficientes para atender el incremento de la litigiosidad. Y evitar la precarización judicial y fiscal, eliminando las adscripciones forzosas y suprimiendo las figuras de "sustitución y refuerzo" en el periodo de prácticas formativas, con una formación inicial adecuada y suprimiendo la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.

Revisión del modelo de oficina judicial. Atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones.

Compatibilización de los sistemas de gestión procesal en todo el territorio nacional y dotación suficiente de medios humanos y materiales. En este aspecto se hace especial referencia a los funcionarios con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad fiscal y judicial.

La Fiscalía. Los fiscales españoles tienen además una serie de problemáticas específicas, por eso exigen, entre otras medidas, derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios para ello. También reclaman que se paralice la implantación de la justicia digital mientras no esté garantizado el funcionamiento correcto tanto de los programas como de los equipos. Otra reclamación es que se otorgue a la Fiscalía General del Estado las atribuciones de la formación de los fiscales. Estas medidas deben ir acompañadas, además, de un reforzamiento de la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Las mejoras sociolaborales y retributivas. "Queremos recuperar poder adquisitivo y derechos como un mes de permiso paternal, como está reconocido por ley, mientras que nosotros sólo tenemos quince días", resumieron ayer Juan Carlos García López, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Miguel Rodríguez Marcos, de la Asociación de Fiscales. "No reivindicamos ni más ni menos que el resto de la función pública, que es retornar a lo que teníamos en mayo de 2010 en retribuciones y permisos".

Para mejorar las condiciones profesionales, los jueces, magistrados y fiscales reclaman la convocatoria inmediata de la Mesa de Retribuciones y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función que ejercen.

También se reclama un "impulso inmediato" a la modificación legal de permisos y medidas de conciliación, y recuperar el régimen de vacaciones y permisos que tenían en 2012, además del permiso de paternidad.

Otra de las reivindicaciones es que se establezca, en colaboración con las asociaciones de jueces y fiscales y con carácter de urgencia, unas cargas máximas de trabajo, y garantizar una adecuada asistencia sanitaria.

El fiscal Miguel Rodríguez Marcos señaló que la pérdida de poder adquisitivo para la judicatura con el "tijeretazo" por la crisis ha sido un 4,73 por ciento superior al resto de personal de la función pública. El fiscal puso como ejemplo de la situación real que la retribución de las guardias poco más que superan los 50 euros a la semana en algunos casos, y que en muy pocos llega a los 100.

Posteriormente tomó la palabra el magistrado Juan Carlos García López, quien señaló que "de todo el personal de los juzgados, el juez es el que menos días de vacaciones tiene y la mitad de los días por paternidad". Y aportó otro dato relacionado con las retribuciones: "las guardias se pagan a 8 euros el día para el juez unipersonal en un pueblo".

María Eugenia Prendes, representante de la Unión Progresista de Fiscales, advirtió de que "hay reformas con un calado y trasfondo que la ciudadanía desconoce, y el artículo 324 genera muchos espacios de impunidad".

Las movilizaciones

La movilización de ayer estaba convocada a nivel nacional por las siete asociaciones de jueces y fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura; Asociación judicial Francisco de Vitoria; Juezas y Jueces para la Democracia; Foro Judicial Independiente; Asociación de Fiscales; Unión Progresista de Fiscales, y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Todas secundarán las movilizaciones acordadas y que empezaron ayer. La próxima será un concentración en Madrid el día 19 o 21 de abril y también a partir de ese momento, todos los jueves de cada semana durante un mes harán paros de una hora. Y si no hay respuesta del Gobierno, el 22 de mayo, jueces y fiscales irán de la mano a la huelga.

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