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El Gobierno sigue sin solución para la limpieza de las playas de Asturias

Los dieciocho municipios costeros exigen una respuesta urgente porque "el verano está a la vuelta de la esquina"

Ignacio García Palacios. G. García

Los municipios costeros asturianos siguen esperando una solución a la limpieza estival de las playas. Pese al compromiso del Principado, ya el pasado mes de noviembre, de encontrar una solución urgente, y reiterar la petición hace un par de semanas, los ayuntamientos continúan sin respuesta "y con el verano a la vuelta de la esquina".

La limpieza estival de los 90 arenales asturianos está comprometida porque corrían a cargo del Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa), pero las modificaciones legales introducidas en la última reforma de la Administración Local provocaron que los controles internos de la entidad advirtieran de que el servicio no se podía mantener, ya que la empresa pública se hacía cargo del coste sin repercutirlo a los ayuntamientos, con un coste de unos 450.000 euros al año, al que había que añadir el IVA. Pero además, según la Intervención y Secretaría Técnica de Cogersa, en los estatutos se especifica que su cometido es la gestión y tratamiento de los residuos, pero no dicen nada de las playas.

Estas dos condiciones hacen que a partir de mayo, cuando expire el contrato vigente, Cogersa deje de limpiar las playas como hasta ahora.

Algunos arenales, por ejemplo el de Salinas, en Castrillón, fueron atendidos por Cogersa para limpiarlos de cara a Semana Santa, debido a los restos acumulados como consecuencia de los últimos temporales.

Pero esta medida no soluciona el problema mayúsculo que se le plantea a los 18 ayuntamientos a un mes vista. En la última asamblea de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que preside Ignacio García Palacios y que se celebró el pasado mes de marzo, el Principado aseguró que estaba buscando una solución para poder hacerse cargo del coste de la limpieza al menos este año. Pero también advirtió de que se estaba encontrando excesivos problemas legales, competenciales y administrativos. Un alegato que no convenció a los alcaldes, quienes pusieron como ejemplo los modelos de Cantabria y Galicia. "Han pasado quince días y todo sigue igual, con la salvedad de que cada vez nos queda menos tiempo", señalaron desde la FACC.

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