Los dirigentes de Sogepsa rechazan cualquier responsabilidad en la nefasta situación económica de la empresa, acuciada por deudas superiores a los 150 millones de euros. ¿A quién echan entonces la culpa? En un informe interno al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, elaborado para justificar el expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que aprobó el jueves la mayoría de la plantilla, la achacan a la "concurrencia de diversos factores externos, absolutamente ajenos a la voluntad de la empresa o a su gestión". Resumiendo: a la crisis. Parte de la plantilla sostiene, por el contrario, que la principal causa del hundimiento es la mala gestión de sus dirigentes.
El informe, firmado por el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernánez Pereiro, describe el alcance de la situación: la empresa, de la que son accionistas el Principado y varias sociedades privadas, sufre:
-Pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios
-Insuficiencia de ingresos para hacer frente a los gastos ordinarios de la sociedad
-Ausencia de tesorería
-Manifiesto descenso del volumen de actividad.
Y a todo ello se añade la "imperiosa necesidad" de tener que mutar su naturaleza jurídica en los próximos meses para pasar de ser una empresa mixta a ser íntegramente de titularidad pública y así adaptarse a la normativa de la Unión Europea (UE).
Los rectores de la empresa justifican el ERE (un recorte de sueldos y jornada del 28 por ciento durante 9 meses del que se libran seis empleados) por "causas organizativas y productivas" y por los cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa coloca en el mercado.
La actividad de Sogepsa ha estado ligada a la evolución del sector de la construcción, que, según se resalta en el informe, ha experimentado "un fortísimo retroceso en los últimos años, siendo sin duda esta circunstancia una de las principales causas de la crisis económica general que viene asolando nuestro país desde finales del año 2007 y que, lejos de mejorar, se ha ido agudizando con el paso del tiempo".
Así, aún cuando la crisis ha tenido incidencia en casi todos los sectores de actividad el de la construcción es "el que más se ha visto afectado por lo que se refiere a la obra pública", debido al "endeudamiento de las administraciones" y a la "contracción del consumo", que ha obligado a aplicar "fortísimas medidas de control para reducir el déficit público", como "la práctica eliminación de las partidas presupuestarias de gastos e inversiones en infraestructuras", recoge el informe.
Además de todo ello, la exigencia de Bruselas de modificar la naturaleza jurídica de la empresa, excluyendo a los accionistas privados, ha venido a trastocar los planes de futuro de la compañía y "limitará todavía más su capacidad de maniobra durante los próximos meses", hasta su completa transformación, según arguye la empresa. Como consecuencia de todo ello Sogepsa ha barajado dos posibles alternativas: convertirse en una entidad con capital íntegramente público o disolverse.
El Gobierno regional, principal accionista de Sogepsa, ha optado por hacerla pública, pretendiendo con ello su continuidad. Pero los cambios normativos han hecho que Sogepsa haya perdido la "posición de privilegio" que tenía en los concursos públicos, debiendo ahora reunir, como el resto de aspirantes, los principios de concurrencia y publicidad en los procesos de contratación, señala el informe.
Todo ello supone, según el documento, "un obligado cambio en los aspectos productivos y organizativos de la empresa", que debe adaptarse a la nueva normativa europea y autonómica, lo que implica la necesidad de "reorganizar la prestación de servicios, al reducirse la capacidad productiva y de generación de ingresos", que hace "necesario" implantar "una medida de reducción de la jornada" laboral, en relación directa con la "aminorada carga de trabajo". De ahí el ERE.
