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El caso de apropiación de fondos del SOMA

El tribunal decidirá si Villa puede declarar tras escuchar al neurólogo y a las forenses

La primera vista del juicio, el 27 de junio, abordará las cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas si el exsecretario del sindicato minero está en condiciones de afrontar unas sesiones que durarán seis días

Fernández Villa, en marzo del año pasado. FERNANDO RODRÍGUEZ

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha acordado que el juicio a José Ángel Fernández Villa, previsto para el 27 de junio, se inicie con la comparecencia del neurólogo Alfredo Robles Bayón, que realizó el informe que permitió que el exsecretario general del SOMA prestase declaración ante la jueza Simonet Quelle Coto -pese a los intentos de su defensa de evitarlo-, y las forenses Antonia Martínez Hernández y Rosario Morant Castrillón, que el pasado 1 de marzo realizaron un examen al encausado por orden del tribunal que le va a enjuiciar, en el que resaltaban que estaba en condiciones de declarar.

Una vez escuchado el informe de estos facultativos, el tribunal decidirá si Villa, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión por apropiarse de 430.000 euros del SOMA, está en condiciones de prestar declaración y de afrontar un juicio cuyas sesiones durarán seis jornadas.

Las declaraciones del neurólogo y las forenses vienen determinadas por la cuestión previa planteada por la defensa de Villa, a cargo de Ana García Boto.

Para esa jornada del día 27 estaba prevista también la comparecencia del neurólogo Julio Pascual, quien trató a José Ángel Fernández Villa durante dos años hasta 2015 y que elaboró un informe demoledor sobre el futuro de salud del exsecretario general del SOMA. Pascual, que es director gerente del Hospital de Valdecilla en Santander ha pedido retrasar su comparecencia para el día 28, al estar el 27 en Madrid en un curso de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias que imparte el IESE.

El juicio a Villa y al exgerente del Infide, Pedro Castillejo -defendido por el letrado Alfredo García, y que se enfrenta a penas de hasta cinco años de prisión por apropiarse de 117.000 euros- estaba previsto inicialmente para el 5 de marzo, pero se retrasó más de tres meses -hasta finales de junio- para que diese tiempo a presentar los informes económico y grafológico solicitados por la defensa y aceptados por la sección tercera de la Audiencia Provincial.

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