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Los expropiados acusan a Sogepsa de usar la "confusión y la mentira" para justificar el ERE

Los propietarios rechazan que los gestores atribuyan a la crisis el agujero de la empresa: "Se debe a su negligencia"

La autoexculpación de los gestores de Sogepsa, que se ven ajenos a toda responsabilidad en el enorme agujero económico que acosa a la empresa, ha desconcertado a los expropiados que se sienten "expoliados" por la sociedad mixta de gestión del suelo. En un informe interno, redactado para justificar el expediente de regulación de empleo (ERE) temporal a que será sometida la plantilla de la compañía, los dirigentes hacen un quiebro que atribuye la deuda y la crisis a "factores externos, absolutamente ajenos a la voluntad de la empresa o a su gestión", una frase cuya lectura indigna a la plataforma de perjudicados por la empresa. La versión de los portavoces de los propietarios de parcelas expropiadas por Sogepsa en la promoción avilesina de La Magdalena, Miguel García Rúa y Francisco Sánchez, es excactamente la contraria. A su juicio, la cúpula de la sociedad recurre, para defender el ERE, "al 'oficio' que mejor domina, al marketing político y al arte de la mentira y la confusión".

El informe de la dirección atribuye la deuda que arriesga el futuro de la empresa -de al menos 150 millones de euros- al daño que la crisis hizo a la construcción, una tesis de amplio recorrido en las valoraciones del Principado sobre Sogepsa pero de la que los expropiados disienten. "Que Sogepsa esté descapitalizada, endeudada y sin tesorería no es consecuencia de la crisis", oponen. "Se debe a las decisiones de sus gestores, en cuyas razones habría mucho que investigar". Según Rúa y Sánchez, la mano de los sucesivos responsables de la sociedad es perfectamente visible en el factor fundamental al que ellos achacan el agujero de Sogepsa, el desvío hacia los socios privados que forman parte del accionariado de Sogepsa de beneficios que deberían haber correspondido a la sociedad. Teniendo en cuenta que en los proyectos inmobiliarios participan Sogepsa como urbanizador y los constructores como "edificadores", y que el reparto de las ganancias debería repartirse entre los inversores de modo proporcional, los expropiados utilizan el ejemplo que mejor conocen, el de La Magdalena, e ilustran con sus cifras ese reparto considerado anómalo: del margen total obtenido allí, 50.000 euros por vivienda construida, sólo 90 han ido a engrosar el patrimonio de Sogepsa.

Incorporan a su argumento el fracaso del reciente proceso de venta de parcelas emprendido por la empresa, fiasco a su juicio anunciado y achacable al incremento del precio de la vivienda protegida, "que anula la demanda" de este producto inmobiliario, y concluyen que "torpezas como ésta se pagan muy caras".

En estas circunstancias, el ERE "no es ninguna sorpresa en una entidad que carece de actividad en los últimos años y cuyos gestores son incapaces hasta de elaborar un plan de viabilidad". "Lejos de ser una solución", añaden, "es un elemento más de los que marcan la huida hacia delante de Sogepsa, que se acerca al borde del precipicio al que la han llevado las notorias negligencias, torpezas y presunta administración desleal de sus gestores".

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